La 'vieja' Pescanova dice que «no es posible fijar plazos y cuantía» de su responsabilidad civil en la quiebra

La 'vieja' Pescanova sostiene que «no es posible fijar los plazos y cuantía final de responsabilidad civil» que corresponde a esta sociedad en las indemnizaciones a accionistas por la quiebra que condenó el Tribunal Supremo en 2023.

Así lo afirma en el informe de resultados correspondiente al primer trimestre de 2024, en el que hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo, con fecha de febrero de 2023, que condena al expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro a seis años de prisión (la rebajaba desde los ocho años de condena de la Audiencia Nacional) como autor de un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales en concurso medial con un delito también continuado de falseamiento de información económica y financiera, así como por delito de alzamiento de bienes.

La sentencia fijaba que, solidariamente con la empresa Pescanova, Fernández de Sousa-Faro deberá indemnizar con más de 125 millones de euros a los inversores perjudicados, tanto compañías como particulares.

Sin embargo, según sostiene Pescanova en este informe trasladado a la CNMV este martes, «no es posible fijar los plazos y cuantía final de responsabilidad civil» para Pescanova SA debido a que «la propia sentencia de la Audiencia Nacional difiere la fijación de las cuantías de la responsabilidad civil frente a determinados inversores al trámite de ejecución de sentencia, de cuya iniciación todavía no se nos ha notificado». Apunta que se estima una hipotética responsabilidad civil máxima de entre 165 a 200 millones de euros.

Junto a esto, expone que «cada beneficiario de la condena a la responsabilidad civil deberá ejercitar su derecho por medio de la correspondiente demanda de ejecución, que abrirán las correspondientes piezas incidentales».

«Es de resaltar que se han detectado cuantificaciones ciertamente abusivas en la responsabilidad civil reclamada por varios de los inversores recogidas en la sentencia de la Audiencia Nacional, o pretensiones de responsabilidad civil de inversores y acreedores que han vendido sus títulos o aceptado la novación de sus créditos, y que serán objeto de oposición», añade.

Y es que asegura que «aun cuando se lleve a cabo la liquidación de la responsabilidad civil por parte de la Audiencia Nacional con respecto a cada inversor personado, estas cantidades no podrán ser ejecutadas contra el patrimonio de Pescanova SA hasta que no exista un pronunciamiento firme del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra sobre la aplicabilidad a dichos importes de las quitas y esperas acordadas en el concurso de acreedores de Pescanova, cuestión que la compañía defenderá en las instancias correspondientes».

De hecho, sostiene que «la única cuantía que ya está delimitada es la multa por el delito a la que la compañía fue condenada por un importe de 21.900 euros», que entiende que también ha de someterse a quita del convenio.

Pescanova SA, tras el concurso de acreedores y la creación de Nueva Pescanova, quedó convertida en una sociedad de cartera sin actividad productiva, y cuyo principal activo es una participación minoritaria en la pesquera.

Ampliaciones de capital

La Junta General Extraordinaria de Socios de Nueva Pescanova SL, celebrada el 23 de febrero de 2021, acordó diversas ampliaciones de capital de la compañía por importe de 268 millones de euros mediante compensación de deuda financiera de la compañía por el mismo importe proveniente en su mayor parte del convenio de acreedores de Pescanova SA.

Como resultado de ello, el capital social de Nueva Pescanova SL quedó fijado en 337,5 millones, representado por 718.019.103 participaciones de 0,47 euros de valor nominal cada una de ellas. De ellas, Pescanova SA sigue manteniendo la titularidad de 2.437.894 participaciones, las cuales han pasado a representar un 0,34 % del capital social de Nueva Pescanova.