El Gobierno español se queda solo en su política circular: ya se rectifica de un día para otro

Ya empezamos a saber lo que es la política circular. Rectificar pero no de una semana a otra. Y no es que a Salvador Illa le corrija María Jesús Montero. No. Es que el propio Presidente se corrige a sí mismo en veinticuatro horas. ¡Y a circular! Pero empecemos por los argumentos. Dos perlas de esta misma semana.

Primera: el Gobierno español está en contra de la Opa del BBVA sobre el Sabadell, pero el Banco de España manda al Banco Central Europeo un informe en el que es partidario de la Opa. Es decir, que el regulador español no ve ningún problema en la compra pero el Gobierno no quiere. En este caso sin explicación, no vaya a ser que la CNMV se la quite.

Segunda: el grupo húngaro Ganz Mavag, propietario de Magyar Vagon decidió el jueves retirar su Opa sobre Talgo ante el veto del Ejecutivo español que alegó razones de «seguridad nacional insalvables». El Gobierno no solo no desveló esas causas insalvables sino que ha declarado clasificada toda la información de este caso.

Creo que no merece la pena analizar cada una de estas razones. Ya sabemos a estas alturas lo que les importa la cohesión territorial

Los argumentos del Gobierno de Pedro Sánchez eran peregrinos. A falta de las razones de seguridad nacional, resulta que «Talgo es una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España». Creo que no merece la pena analizar cada una de estas razones. Ya sabemos a estas alturas lo que les importa la cohesión territorial. Por eso quizá, decidieron echar mano de Bruselas para verse respaldados en su veto a la Opa.

Pero la realidad, como casi siempre es otra: «La prerrogativa de estas decisiones es de los Estados miembros. No tenemos ningún comentario específico», dijo la portavoz comunitaria Francesca Dalboni en la rueda de prensa de la Comisión. Y recordó que las medidas adoptadas deben ser «justificadas y proporcionadas». Pues bien: ni justificadas ni proporcionadas. Quizá por eso aun los húngaros se están pensando si acudir a la justicia europea y denunciar a España. Al menos recuperarían algo del dinero invertido en esta operación tan oscura.

Recuerden que estamos hablando –en estas dos operaciones– de empresas privadas españolas con muchos accionistas españoles. Ya advertí de la intolerable injerencia del Gobierno en cuestiones de la vida privada de las personas. Pues ahí seguimos.

Sin embargo, siempre hay gente que piensa que lo que hace el Gobierno es defender los intereses de España y de nuestras empresas en una coyuntura complicada. Siento desilusionarles y esta vez voy a contraargumentar con otros dos ejemplos también de esta misma semana.

El primero: María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, aseguró durante una visita al ayuntamiento de Rota, en Cádiz –ya saben que la ministra se suelta mucho cuando va a Andalucía– que «no supone ningún agravio que exista una financiación singular para Cataluña con el resto de los territorios, como no lo supone que exista para Canarias o Baleares. La financiación singular es compatible con la reforma del sistema». Y remató: «cualquier impulso desde el Gobierno de España a la financiación autonómica estará presidido por estos dos vectores: mayor generalización del Estado y una garantía de la igualdad y la solidaridad». Y se quedó en su paz como siempre.

Lo que se propone la responsable de Hacienda es dejar al margen el Consejo de Política Fiscal y Financiera e iniciar una nueva etapa en la que las negociaciones con las comunidades autónomas se resuelvan por la vía bilateral

Es decir, como recuerda mi querido profesor Mikel Buesa, lo que se propone la responsable de Hacienda es dejar al margen el Consejo de Política Fiscal y Financiera e iniciar una nueva etapa en la que las negociaciones con las comunidades autónomas se resuelvan por la vía bilateral. Una astucia que podría enfrentar a unas comunidades con otras y que responde a ese modelo federal del Estado que Sánchez predica en un estado que ni es federal ni se le espera. Pura palabrería, pero que señala hacia dónde quiere ir. Si alguien cree que la solidaridad y los intereses de cada español, viva donde viva, se defienden mejor así, que se lo pregunte a los socialistas aragoneses que han repudiado el pacto de financiación singular con Cataluña. Es la primera federación socialista en rechazar el acuerdo y solo piden una cosa: reclamar un sistema de financiación autonómico «sin privilegios» para ningún territorio. Eso es solidaridad.

Pero lo segundo es aún mejor. Como saben nuestro Presidente del Gobierno ha estado de gira la semana pasada por Mauritania, Gambia y Senegal. Muchos pensábamos que visitaba estos países para intentar poner coto a la desmadrada inmigración en la que estamos. Pero de repente, en una comparecencia sin preguntas en el primer país –no vaya a ser que los periodistas pregunten por lo que no toca– declaró: «la aportación de los trabajadores migrantes es clave para la economía española, así como para el sostenimiento de la Seguridad Social y del sistema público de pensiones» y ofreció hasta 250.000 empleos en España de inmigración legal para contener la irregular.

Destacar que necesitamos 250.000 trabajadores en el país con más paro de la Unión Europea es un disparate

La reacción de las cancillerías europeas fue de auténtico pasmo. El Gobierno alemán, que había anunciado para el viernes la primera deportación de ciudadanos afganos desde 2021, fue el más beligerante. Scholz –un socialista– había endurecido tras los últimos atentados terroristas su política migratoria como el resto de países de la Unión. Al día siguiente en Senegal, nuestro Presidente no tuvo más remedio que dar marcha atrás; y enfatizar la necesidad «imprescindible del retorno» de quienes llegan a España de manera irregular. ¡Ay!

Los intereses de España se defienden ayudando a las empresas, comunidades y a sus ciudadanos: destacar que necesitamos 250.000 trabajadores en el país con más paro de la Unión Europea es un disparate. Y aun mayor si argumenta con el mantenimiento de la Seguridad Social y del sistema público de pensiones que, obviamente, no se resuelve solo con la migración. Y eso no tiene nada que ver con la política circular por muchas vueltas que dé en su Falcon 900.