Sánchez reinventa el franquismo: empresa pública de vivienda
España necesita que se movilice suelo, que hay mucho, para poder atender la demanda insatisfecha
Como ya escribí hace algunos meses en El Debate, Sánchez copia, cada vez más, la política económica del primer franquismo, aquélla influida por la ideología falangista, tan cercana en muchos postulados económicos al comunismo y que a punto estuvo de llevar a España a la ruina, que fue evitada por el giro que se dio en España a la política económica, gracias a los tecnócratas.
Sánchez busca la adhesión personal, como la buscaba Franco, y parece que, aprovecha, como Franco, cualquier resquicio para darse un baño de masas afines, en las que no sabemos si había bocadillo, pero sí sueldo que depende de los designios del líder, del número uno, y, aprovechando el congreso del PSOE, trata de sobrevivir a los casos de supuesta corrupción que lo cercan con un anuncio que copia directamente la política franquista sobre la vivienda.
Así, Sánchez ha decidido anunciar la creación de una empresa pública de vivienda, supuestamente para resolver los problemas del acceso a la misma, pero sólo conseguirá agravar los problemas existentes y dilapidar un poco más del dinero de todos los contribuyentes en la creación de dicho organismo. Sánchez quiere parecer novedoso, pero lo que hace es copiar el Ministerio de la Vivienda de Franco, aunque es una copia ineficiente, pues copia la idea del organismo público, pero aquel ministerio construyó casas; la empresa de Sánchez de momento sólo reúne promesas, y ya sabemos lo que valen las promesas de Sánchez, con el agravante de que ya ha afirmado, en muchas ocasiones, que iba a crear decenas de miles de viviendas y no hay ninguna construida.
Esto hace todavía peor su política de vivienda, pues no nos olvidemos de la legislación que ha impulsado al respecto. El Gobierno, en su afán intervencionista, sacó adelante una ley de vivienda que es una auténtica catástrofe, pues interviene completamente el mercado del alquiler, sin solucionar ninguno de sus problemas, agravándolos e introduciendo nuevos impedimentos que distorsionarán la economía.
Hace ya algún tiempo, limitaron el precio del alquiler en lo que llamaron zonas tensionadas. Esa introducción de precios máximos y de precios mínimos no tiene ningún sentido y es una decisión económica irracional, que sólo conduce a distorsionar el libre juego de la economía y, con ello, la generación de actividad económica y de empleo, porque dichas distorsiones lo que producen es una disminución de las transacciones, con el efecto negativo que se extiende por todo el tejido productivo.
El Gobierno prohibió que el precio de los alquileres se indexe a la inflación o se forme en libre equilibrio del mercado
Esa limitación se acentuó después al prohibir que el precio de los alquileres se indexe a la inflación o se forme en libre equilibrio del mercado e impuso un tope del 2 % en 2023, del 3 % en 2024, para actualizarlo desde 2025 con un nuevo índice alejado de la inflación y que será el Gobierno el que lo diseñe, a su arbitrio. Ese tope se aplicará a todos, tanto grandes tenedores –rebajando, además, a la mitad, el número de inmuebles para ser considerado gran tenedor– como a lugares donde no se encuentre tensionado el mercado.
Es decir, limita de manera completa la posibilidad de que un inversor obtenga una rentabilidad que busca, expulsándolo hacia una inversión alternativa, en el caso de los fondos de inversión o en una pérdida de rentabilidad, que afectará a todos los inversores de dichos fondos, muchos pequeños inversores. Adicionalmente, los pequeños propietarios –muchos de ellos, pensionistas–, que han invertido su capital para poder contar con una renta recurrente con la que completar sus ingresos mensuales en su vejez, verán cómo pierden poder adquisitivo debido a esta intervención del Gobierno.
En esta ley, el Gobierno aumenta, de manera indirecta, las zonas tensionadas, pues rebaja a un diferencial de tres puntos sobre el aumento de IPC de los últimos cinco años el umbral para ser incluidos en ellas, donde las regiones podrán imponer mayores restricciones. Igualmente, se dificulta el proceso de desahucios, lo que introduce un mayor riesgo para los arrendadores.
Los arrendatarios no podrán conseguir el alquiler que desean ante la escasez de oferta
Todo ello, junto con el traslado a los propietarios de los gastos de agencia, contribuirá a disminuir la rentabilidad obtenida, de manera que la oferta se resentirá a la baja, con el problema que genera para los arrendadores en cuanto a pérdida de rentas y para los arrendatarios, que no podrán conseguir el alquiler que desean, ante la escasez de oferta.
Ahora bien, el remate final del esperpento de esta ley es que no se luche contra el fenómeno de la okupación y, al no abordar este tema, realmente los protege, pues la creciente agresión que sufren por los okupas los propietarios de las viviendas requiere regularlo y endurecer la lucha contra esta apropiación de lo ajeno, que tanto dolor está causando, no mirar para otro lado, porque al no hacer nada es como convertirse en cómplice de ese problema por desistimiento e inacción.
Todo esto genera inseguridad jurídica y reducirá la oferta, que no se arregla con la ocurrencia demagoga de movilizar pisos de la Sareb para alquiler social, ni mucho menos con el anuncio de la creación de una empresa pública de vivienda, que posiblemente invadirá competencias autonómicas que fracasará en su intento, dejando más gasto, déficit y deuda y el mismo problema, o peor, en el mercado de la vivienda, como ha hecho con su ley, que ha reducido la oferta y ha elevado los precios.
España necesita que se movilice suelo, que se liberalice, que hay mucho, para poder atender la demanda insatisfecha, o los precios seguirán subiendo y las nuevas generaciones no podrán tener acceso a la vivienda. Es necesario que haya seguridad jurídica y que se liberalice el suelo, como digo, para poder construir más y que, al movilizar más oferta, los precios sean más competitivos, en el libre juego del mercado. Todo lo demás son artificios electorales, en el menos malo de los casos, o dilapidación estéril de dinero público, que agravará la situación.