Las deudas hay que pagarlas, también las autonómicas

El Gobierno ha acordado con ERC condonar la deuda catalana, asumiendo, así, un 22 % de la misma, dos puntos más que la petición inicial de los independentistas, que, así, todos salvan a Pedro Sánchez, como era de esperar, de someterse a una cuestión de confianza. Mientras puedan exprimirlo, lo harán, antes de dejarlo caer, porque con nadie van a poder sacar tanto como con él, ya que cada minuto está dispuesto a pagarlo al máximo precio que le pidan. Los independentistas están ejerciendo una discriminación prácticamente perfecta de precios, ante la situación desesperada en la que se halla Sánchez.

La condonación es un grave error, porque debilita la credibilidad de la economía española. Además, es algo buscado para Cataluña, con el añadido de las demás para que no se pudiese considerar inconstitucional, pero no por deseo propio. Adicionalmente, una vez más vuelve a estar diseñado el sistema aplicado por los independentistas catalanes, al hacer la cuenta al revés: se estima qué quieren obtener y, en base a ello, se formula la metodología.

No es, por tanto, admisible la condonación, ni con este sistema de reparto de la misma ni con ninguno, pues perjudica a la credibilidad de la economía. Las deudas hay que pagarlas:

1. Incentiva, con la fase 1, a las CCAA que incumplieron y que más se desviaron entre 2009 y 2013. Mientras la Comunidad de Madrid hacía ajustes y cumplía, otras se desviaban permanentemente, tenían que ser financiadas por el FLA, se les regalaba los intereses de la deuda, al cobrárselos a tipo cero, y se les daba más margen de déficit, mayor margen que, ahora, se les va a perdonar en un elevado porcentaje, en esa fase I. Su reparto por población ajustada perjudica a la Comunidad de Madrid de nuevo, pues los indicadores de reparto se diseñaron para beneficiar a Cataluña y perjudicar a Madrid, entre ellos, los grupos de edad y los intervalos de la población ajustada.

2. En la fase 3, vuelve a incentivar los desequilibrios del sistema, al fijarse en la financiación per cápita por habitante ajustado, que perjudica a la Comunidad de Madrid, pero, además, introduce un plus para quienes hayan subido impuestos (que hayan ejercicio competencias normativas al alza). Es decir, gastan más, suben impuestos a sus ciudadanos, incurren en mayor déficit por mala gestión, que les hace endeudarse más pese a subir impuestos, y tienen un plus para que se les condone.

3. Con el método que fuese, no deja de ser un disparate económico y financiero.

Por eso, benefician a quien más se ha desviado, a quien más ha incumplido y a quien más impuestos ha subido, porque, con todo ello, benefician a la más incumplidora, que es Cataluña, y perjudican a la más disciplinada, que es Madrid. ¿Qué más puede pedir Sánchez?

Perdonar la deuda, da igual toda o una parte, es una barbaridad legal y económica

El perdonar la deuda, da igual que sea todo o parte, es una barbaridad legal y económica. Es una barbaridad legal, porque al realizarse al dictado de Cataluña y, específicamente, para Cataluña, se vuelve inconstitucional, porque atenta contra el artículo 138.2 de la Constitución Española, que dice que «Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales», aunque lo extiendan a todas para salvar este obstáculo. Y es una barbaridad económica porque lanza una señal pésima como país: ¿qué inversor va a confiar en cualquier comunidad autónoma a la hora de financiarla, si pueden no hacerse responsables de la deuda que emitan con este sistema ideado por Sánchez para obtener los votos de los independentistas?

¿Cuál es el resultado? Diseña el sistema para perdonar a Cataluña el 22 % de su deuda, 17.104 millones de euros, y se autoperdona Montero la deuda generada en Andalucía cuando gobernaban los socialistas, donde ella llegó a ser Consejera de Hacienda, al proponer el perdón de 18.791 millones de euros: ella subió los impuestos e incumplió la estabilidad, al igual que su predecesora socialista, de manera que es primada por ello. A Andalucía, no obstante, le ofrece la compensación para tratar de dividir al PP y porque no puede dejarla fuera sin perjudicar a Cataluña en el reparto, pero no porque desee beneficiarla.

Las CC.AA. del PP no pueden aceptar esto, que es un engaño, una barbaridad y que constituye el quebrar la seguridad jurídica de un emisor de deuda, porque, realmente, con esto lo que se está diciendo es que hay administraciones públicas en España que no pueden pagar sus deudas, que no se responsabilizan de las mismas. Y si algún día la AGE no lo cubre, ¿qué pasará? Es lo que puede preguntarse un inversor.

En resumen, es un disparate económico y un agravio comparativo, porque se condona lo que se debe; se premia a quien incumple; se premia más a quien sube impuestos; y se castiga todo lo que puede a quien es disciplinado y rebaja el infierno fiscal de los ciudadanos.

• José María Rotellar es profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.