Más de 40 multas por no cumplir las directivas europeas esperan la reacción del Gobierno de Sánchez

El pasado jueves, la Comisión Europea anunció la apertura de dos expedientes a España por no cumplir las directivas europeas. En estos casos fueron por las imposiciones puestas a la fallida OPA del BBVA sobre el Banco de Sabadell y por no mantener la privacidad de los datos de turistas requeridos con el llamado 'Gran Hermano de Marlaska'.

Estos anuncios podían haber convertido al jueves en un mal día si no fuera porque, además de estos dos expedientes, España tiene otros 39 más abiertos por no transponer las directivas europeas y que pueden derivar en fuertes multas hasta incluso llegar a los fondos europeos.

El incumplimiento de las directivas europeas por parte de España es del 3,9 % cuando la media europea es del 1,7 %. Por hacernos una idea, el siguiente país más incumplidor es Portugal con el 3 %, casi un punto porcentual menos.

Las directivas europeas son objetivos en temas concretos que los gobiernos nacionales deben adaptar a sus respectivas legislaciones. Cuando se aprueba una directiva, normalmente se da un plazo de dos años para que los Estados miembros transpongan esas directivas a sus respectivas legislaciones. Transcurrido este plazo los ciudadanos pueden alegar el incumplimiento de la Directiva Europea para interesarse con su caso concreto.

En un primer momento, la Comisión Europea abre expediente al Gobierno del país y le da un plazo para que explique por qué no transpone la directiva. Posteriormente Bruselas elabora ya un dictamen razonado en el que explica el incumplimiento. En una tercera fase, Bruselas manda una carta de emplazamiento en la que da un plazo para que el Gobierno envíe ya el texto legislativo exacto en el que se transpone la directiva europea. Si el Gobierno no responde o su respuesta no es satisfactoria, ya la Comisión Europea envía el expediente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se imponga una sanción que puede alcanzar varios millones de euros. La multa inicial es de casi 8 millones de euros.

El problema es que para el Gobierno de Pedro Sánchez, y sobre todo para sus socios, en muchas ocasiones conviene más pagar la multa y no transponer la directiva.

El caso más flagrante es el de la directiva europea que establece que los autónomos que ganan menos de 85.000 euros deberían estar exentos de IVA, que hace año y medio que debió figurar ya en la legislación española. En este caso, es más el dinero que recauda Hacienda que la multa que le pueda poner el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Este caso lleva desde el pasado mes de marzo en el TJUE, pero España tiene abiertos otros 39 expedientes en sus diferentes fases por no cumplir con las directivas europeas.

Pero existe otra sanción que puede hacer más daño a España y es la reducción de los fondos europeos precisamente por incumplimiento de la legislación europea. Es decir, que se le asigne a España menos dinero de fondos europeos de los que pide. Si a esto añadimos las sospechas levantadas por el uso de fondos europeos para otros destinos no solicitados como fue el desvío de 2.400 millones de fondos Next Generation para pagar las pensiones, la imagen de España queda en muy mal lugar y puede acarrear graves perjuicios.