El desvío de fondos europeos para pensiones multiplicaría por tres lo investigado hasta ahora por la fiscalía

La Comisión Europea mantiene un escrupuloso silencio más allá de afirmar que han solicitado información acerca del desvío de fondos europeos utilizados para el pago de las pensiones del año 2024 que denunció el pasado martes el Tribunal de Cuentas. Pero si se confirmara que se trata de un desvío irregular, los casi 2.400 millones de euros desviados multiplicarían por tres el total de presuntos fraudes a la Unión Europea que investiga la Fiscalía Europea a raíz de denuncias producidas en España.

Según el informe anual de la Fiscalía Europea, a 31 de diciembre de 2025 investigaba en España 97 casos de presunto fraude por valor de 796 millones de euros de los que 74 son de presunto fraude en el gasto público y el valor defraudado en estos casos ascendería a 390,6 millones de euros. El resto, 23 casos por valor de 405,6 millones de euros serían fraude en el IVA.

Con lo cual, los 2.389 millones de fondos públicos que se emplearon para pagar las pensiones, según el Tribunal de Cuentas, multiplicaría por 6 la cantidad defraudad que investigaba hasta ahora la Fiscalía Europea de todos los casos anteriores. Por ejemplo, en el caso PSOE que ahora se está juzgando como el 'caso mascarillas' la cantidad de fondos europeos objetos de la investigación es de 18 millones de euros.

A esta cantidad habría que sumar otro caso que ha causado gran conmoción en este año 2026, que no es otro más que el uso de los 111 millones de euros que recibió España para arreglar las vías de tren donde el pasado 18 de enero se produjo el accidente de Adamuz (Córdoba) en el que fallecieron 46 personas.

Y también es muy posible que hasta la Fiscalía Europea hayan llegado más denuncias. Solo el año pasado recibieron 108 denuncias, de las que se abrió expediente a 57 en todos los ámbitos, tanto en el uso de los fondos europeos como de posibles fraudes del IVA.

No obstante, a lo largo de todo el año, solo 6 de los expedientes abiertos procedían de las instituciones europeas en todos sus organismos, por lo que habrá que esperar a que la Comisión Europea recopile la información que ha solicitado al Gobierno de España para conocer si aprecia fraude o los 2.400 millones de euros entran dentro de los «casos debidamente justificados» que la normativa sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de los que se apartó el dinero para pagar las pensiones, permite.

En cualquier caso, lo que este caso desvela es que el Gobierno de Pedro Sánchez no cumple con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo que precisamente este miércoles pidió «más transparencia en el uso de los fondos europeos» y la trazabilidad «sobre los importes efectivamente gastados en cada medida y sobre los beneficiarios finales de la financiación».