Red Eléctrica, la compañía a la que apuntan las miradas, lleva desde 2018 presidida por exministros de Zapatero

El 28 de abril de 2025 ya ha pasado a la historia de España como el día en el que se produjo el gran apagón. El cero ocurrido en la red eléctrica peninsular, que también apagó a Portugal y algunas poblaciones del sur de Francia, todavía no encuentra una explicación; sin embargo, además de a las autoridades políticas, el foco se ha dirigido a Red Eléctrica, el transportista único y operador del sistema eléctrico español.

La actual Redeia, que garantiza el suministro eléctrico en España desde 1985, se encarga de que la producción y el consumo de electricidad estén equilibrados en todo momento y de construir y mantener las líneas y subestaciones necesarias para transportar la electricidad de forma segura.

«En definitiva, somos los responsables de que la electricidad esté siempre disponible allí donde la necesitas y que, además, sea sostenible, potenciando las energías renovables. Por todo esto, Red Eléctrica es la columna vertebral del sistema eléctrico en España y también del proceso de transición ecológica en el que está inmerso el país», apunta la propia compañía en su página web.

Durante el caos generado por la caída del sistema eléctrico, acentuado con el silencio de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, Red Eléctrica se encargó de informar sobre cada novedad de la situación: «Activados planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del sector tras el cero ocurrido en el sistema peninsular. Se están analizando las causas y se están dedicando todos los recursos para solventarlo. Seguiremos informando».

La conocida como Red Eléctrica y actual Redeia encuentra en el Gobierno, a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), su mayor accionista. El 20 % de las acciones de Redeia están en manos de la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda.

El 80 % restante del capital está en manos privadas, principalmente inversores institucionales, fondos de inversión y accionistas minoritarios. Amancio Ortega, fundador y socio mayoritario de Inditex, y la gestora americana BlackRock, cuentan con un 5 % cada uno.

Beatriz Corredor, ministra de Vivienda con José Luis Rodríguez Zapatero y afiliada al PSOE, es la presidenta de este buque insignia. Casi 24 horas después del apagón, Corredor todavía no ha comparecido. Su no comparecencia puede parecer aún más indignante si se tiene en cuenta que es la directiva mejor pagada en una empresa pública. Su sueldo de 546.000 euros está muy por encima del de, por ejemplo, Maurici Lucena, presidente de Aena, que se queda en 192.000 euros. Eduardo Prieto, director de Servicios a la Operación de la compañía, fue el elegido para dar la cara a las 20.35 horas, unas 8 horas después del apagón y con el suministro repuesto únicamente para un 35 % de la población.

Antes de Corredor era Jordi Sevilla, también ministro en el Gobierno de Zapatero, quien ostentó el cargo entre 2018 y 2020. Sevilla fue ministro de Administraciones Públicas del entre 2004 y 2007 y diputado en el Congreso de 2000 a 2009.

Al contrario de la afirmación de Sánchez en la que califica a Red Eléctrica como «operador privado» cuando pertenece en un 20 % al Estado, el mando del Gobierno no solo sirve para designar la presidencia de la compañía, sino que va más allá, ya que la SEPI nombra a tres de los 12 miembros del Consejo de Administración. Además, el Ejecutivo tiene la opción de definir la retribución de la presidencia a través de la legislación. Previamente, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, entre 2012 y 2018 fue José Folgado, secretario de Estado en varios gobiernos de José María Aznar, quien ocupó la presidencia del entonces Grupo Red Eléctrica.

En una declaración desde La Moncloa después de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional Sánchez no pudo concretar qué provocó un apagón sin precedentes. En todo caso, subrayó que «se están analizando todas las causas potenciales, sin descartar ninguna hipótesis».

La causa del apagón «es algo que los especialistas aún no han podido determinar, pero lo harán», añadió Sánchez, apuntando que las instituciones del Estado competentes y todos los operadores privados están trabajando de forma coordinada «para saber qué ha pasado».