La ministra de Trabajo, junto a los secretarios generales de UGT y CCOO.
El Gobierno dará luz verde este martes a la reducción de jornada pese a la falta de apoyos en el Congreso
Junts, con fuertes vínculos con el empresariado catalán, se opone a una medida que perjudicará principalmente a la pyme
El Consejo de Ministros va a aprobar este martes el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción salarial. Sin embargo, la tramitación parlamentaria pende de un hilo por el rechazo de Junts y la medida estrella de Yolanda Díaz apunta a quedarse varada en las enmiendas, como ocurrió con la ley de vivienda.
La formación secesionista –con fuertes vínculos con la patronal catalana–, se opone a una reducción de jornada que, según argumenta, perjudicará especialmente a las pequeñas y medianas empresas, claves para el tejido empresarial de la comunidad. Su negativa ha dejado al Gobierno de Pedro Sánchez sin una mayoría clara para aprobar el proyecto, por lo que la ministra de Trabajo ha trasladado la presión al Partido Popular.
Díaz ha señalado directamente a los 137 diputados del PP para que respalden la medida, apuntando a que la formación que preside Alberto Núñez Feijóo deberá explicar a 12 millones de trabajadores su rechazo. Lo cierto es que no es una cuestión política, la ministra aprobó el texto «a la búlgara» sin el consenso de la patronal y ahora tendrá que hacer frente a las enmiendas de los distintos partidos, que amenazan con dejar un texto irreconocible.
CCOO y UGT, precisamente, han advertido que no permitirán que la medida se «desnaturalice» durante el trámite parlamentario. Conscientes de que Junts puede bloquear la reforma, han prometido movilizaciones para presionar a los partidos políticos, en un intento de convertir la reducción de jornada en una bandera social difícil de rechazar.
La patronal, por su parte, argumenta que su imposición por ley es un error que afectará a la competitividad de las empresas, especialmente de las pymes. Foment ha sido una de las más activas en su oposición y ha reconocido que van a hacer lo posible por «influir» en los grupos parlamentarios para que la norma «naufrague» antes de su aprobación definitiva.
En cualquier caso, es difícil que el proyecto salga adelante en los términos en los que está ahora. Junts exige que el nuevo texto se adapte a las pequeñas y medianas empresas y no descartan incluso presentar una enmienda a la totalidad. Si Díaz pretende que la reforma entre en vigor este año, como ha prometido, va a tener que ceder.