España necesita acelerar la ejecución un 29 % para no perder fondos europeos

La Comisión Europea dio luz verde el 11 de abril a los cambios planteados por el Gobierno español a mediados de marzo, que modifican sobre todo compromisos del quinto pago del fondo de recuperación, y los Estados, que tenían un mes para pronunciarse. Ahora, los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) prevén aprobarlos en la reunión de este martes.

Con ese visto bueno, el Ejecutivo comunitario ya podría aprobar el pago, que ascendería a 23.900 millones de euros y está condicionado, entre otras medidas, al aumento de impuestos al diésel. Aunque este no se ha aprobado todavía, ello no bloquearía el conjunto del desembolso ya que Bruselas puede aprobar un pago reducido si considera que ha incumplido algún hito. Según fuentes del Ministerio de Economía, todavía no hay una fecha exacta para el pago o información sobre qué implicará en concreto.

A poco más de un año de que expire el plazo para ejecutar los fondos europeos se muestra una desaceleración, y es que España tan solo ha gastado 46.243 millones de euros, lo que supone el 58 % de las inversiones previstas, según el Seguimiento del Plan de Recuperación 2021-2024 realizado por BBVA Research.

El ritmo promedio mensual de ayudas y licitaciones realizadas en el marco del Plan de recuperación se ha situado en torno a 1.160 millones de euros a marzo de 2025. De mantenerse esta velocidad, al cierre, en diciembre de 2026, se habría completado aproximadamente del 91 % de las transferencias planificadas –alrededor de 72.800 millones de euros–. Para alcanzar el 100 % de la inversión comprometida sería necesario acelerar el ritmo un 29 %, hasta los 1.500 millones mensuales, «lo que implicaría superar en un 17 % el máximo mensual registrado a mediados de 2023», apunta el análisis de la entidad.

Licitaciones más avanzadas

Las licitaciones son las más avanzadas. Hasta finales de 2024 se habían licitado más de 33.350 millones de euros y adjudicado más de 23.725 millones, lo que equivale al 71 % de importe licitado. Mientras, se habían convocado subvenciones por un total de 46.260 millones de euros y concedido ayudas por 22.520 millones, lo que representa el 48 % del total convocado.

El volumen de licitación ha pasado de un promedio anual de 10.000 millones de euros alcanzados en el primer semestre de 2023 a los 9.000 millones a finales de 2024. Si embargo, tras la moderación registrada en la primera mitad de 2024, el ritmo de ejecución de las adjudicaciones se habría mantenido en torno a los 7.200 millones de euros en promedio anual, similar el de 2023.

Con la puesta en marcha de los PERTE y de las grandes líneas de ayudas del Plan, el año 2022 concentró el mayor volumen de convocatorias de subvenciones financiadas. Tras ese pico, el ritmo habría descendido hasta un promedio anual en torno a 9.000 millones de euros.

Grandes empresas absorben el 53 %

Hasta el primero trimestre de 2025, se estima que los fondos del Plan han financiado más de 26.720 contratos con empresas y personas físicas. Un 65 % corresponden a pymes o microempresas, que concentran el 35 % del importe total. Además, más de un millón de empresas y hogares han recibido subvenciones. La mayoría son personas físicas, aunque sólo se han beneficiado del 9 % del total concedido.

Destacan especialmente los programas Kit Digital y MOVES, que suman casi 730.000 beneficiarios, muy centrados en apoyar a particulares, autónomos y microempresas.

Las licitaciones del Plan han llegado a un mayor número de las empresas de menor tamaño en detrimento de las más grandes, que, sin embargo, absorben u 53 % del importe de las ayudas. En las subvenciones, son las microempresas las más numerosas, aunque están recibiendo un 25 % del volumen total de las ayudas.

Las personas físicas son los beneficiarios más numerosos, con especial peso en Castilla-La Mancha y Andalucía. Tras ellas, destacan las microempresas y pymes, especialmente en Navarra, Madrid, País Vasco y Cataluña. Se observa una mayor presencia de grandes empresas en Extremadura, Castilla y León y Canarias. El sector público concentra una proporción muy superior a la media nacional en La Rioja, Andalucía y Baleares.

Ejecución compartida

Los fondos del Plan se están repartiendo por todo el territorio, aunque con mayor peso en las comunidades más grandes. Madrid, Cataluña y Andalucía, que representan el 51 % del PIB nacional y el 49 % de la población, concentran el 49 % del gasto ejecutado. Sin embargo, en términos per cápita, las inversiones pueden estar apuntando a cierta convergencia regional.

Del total de gasto del Plan de Recuperación, la administración central estaría gestionando directamente el 64 % del gasto comprometido. El 28 % se habría transferido a las comunidades autónomas para su ejecución, y el 8 % restante correspondería a otros organismos y entes públicos.

Las comunidades han concentrado su esfuerzo en programas vinculados a políticas sociales, comercio, turismo y cultura, así como a la transición energética. Por su parte, la administración central y sus organismos se han concentrado en inversiones de infraestructuras, movilidad sostenible, digitalización y el impulso de los PERTE.