El pago a España de 24.000 millones en fondos UE encalla por el fiasco al subir el diésel y la ley del suelo

El pago a España del quinto tramo de fondos europeos Next Generation encalla. La Comisión Europea ha aceptado una petición del Gobierno para «adaptarlo a las circunstancias objetivas y eliminar cargas administrativas», según confirman a El Debate fuentes comunitarias.

Como consecuencia, la anterior fecha del 11 de abril, el tope para que el Gobierno aprobara las reformas a las que se había comprometido a cambio de los fondos, se convierte en papel mojado. La nueva revisión carece de fecha concreta, con la única referencia temporal de que Bruselas pretende que esté lista «lo antes posible».

Fuentes de Economía subrayan que el quinto pago implica la evaluación de 84 hitos y objetivos. «Es un proceso complejo y la evaluación sigue su curso», trasladan. Ninguno de los desembolsos anteriores había tenido un número de objetivos tan elevado.

Balón de oxígeno

La revisión otorga un balón de oxígeno al Gobierno, que había vinculado el pago a la subida de impuestos al litro de diésel para equipararlo a la gasolina: casi diez céntimos por litro, para recaudar entre 1.200 y 1.400 millones de euros anuales.

La medida, que busca desincentivar el uso de este combustible, lleva desde hace años durmiendo en el cajón de Teresa Ribera primero y de Sara Aagesen después, pero ha contado con una fuerte oposición tanto en la calle como en el Parlamento. Hasta el punto de que Podemos ha rechazado de plano respaldarla si, a cambio, no se impone de nuevo un impuesto específico a los ingresos de las compañías energéticas, que rechazan otros de los socios del Gobierno, como Junts y PNV, que tumbaron este gravamen en enero.

Un círculo vicioso de difícil solución que deja en juego 23.900 millones de euros, aunque no toda esta cuantía se quedaría en el tintero. De hecho, Bruselas ya autorizó un pago parcial de fondos a España el pasado julio, cuando retuvo 158 millones de euros del cuarto tramo por incumplir uno de los 61 hitos u objetivos a los que se había comprometido, relacionado con el kit digital, con opción a ingresar esta cuantía más adelante.

Desde entonces, no obstante, España no ha recibido nuevos fondos, con lo que se cumplen ya diez meses sin transferencias europeas. Y el calendario aprieta, dado que los Estados miembro tienen hasta agosto de 2026 para ejecutar las ayudas. De los 163.000 millones asignados para España (69.500 en 2021 y otros 93.500 en la denominada adenda de 2023) se han convocado, según un reciente informe de Esade, 74.996 millones en subvenciones y licitaciones y tan solo se han concedido 49.115 millones.

Esta semana, el centro de estudios Fedea constataba que «en la legislatura que se inició tras las elecciones de julio de 2023 la ausencia de una mayoría de gobierno clara y estable se ha traducido en una clara ralentización del proceso de reformas». Además de la mencionada subida impositiva al diésel, sigue en el limbo la reforma de la ley del suelo y la creación de una Agencia de Seguridad Pública, proyectos ambos que, según recalca su director general, Ángel de la Fuente, «nadie discute».