Catarata de demandas en ciernes por el aval trampa de Sánchez contra la dana, la pandemia y los aranceles

El 14 de marzo de 2020, Pedro Sánchez declaró el estado de alarma en España. Lo que iba a ser un confinamiento de dos semanas acabó convirtiéndose en un encierro que duró exactamente 100 días. Poco después, el Gobierno anunció a bombo y platillo una línea de avales del Estado por valor de 100.000 millones de euros –que luego se ampliaría en 40.000 millones más– para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria. Sin embargo, lo que el Ejecutivo vendió como una ayuda para pymes y autónomos era en realidad una trampa que ha puesto contra las cuerdas a miles de empresarios y ha provocado un alud de reclamaciones.

Según explicó entonces el Ministerio de Hacienda, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) se encargaría de gestionar avales destinados a cubrir el 80 % de los nuevos préstamos y renovaciones solicitadas por autónomos y pymes. En un momento de total incertidumbre, estas medidas parecían un salvavidas para garantizar la supervivencia de muchos negocios. Sin embargo, la medida incluía letra pequeña.

El dinero procedía de los fondos europeos, pero eran las entidades financieras quienes concedían los préstamos. Para los bancos, era un chollo: obtenían liquidez con respaldo del Estado, mientras que este se presentaba como garante del tejido empresarial. El problema es que los prestatarios firmaban como fiadores solidarios, comprometiendo su patrimonio personal ante posibles impagos.

A medida que algunas sociedades que recibieron estos créditos han comenzado a liquidarse, los titulares se han encontrado con una realidad inesperada: el aval del 80 % beneficia al banco, no al empresario. Esto permite a las entidades reclamar primero los activos del negocio, luego los bienes personales del deudor, y solo sobre el remanente interviene el Estado para cubrir su parte.

Un ejemplo lo ilustra mejor: un hostelero con maquinaria y existencias valoradas en 15.000 euros, y una vivienda estimada en 55.000 euros, solicita un crédito avalado por el ICO de 100.000 euros. Tras la liquidación de su empresa, el banco ejecuta tanto los bienes del negocio como la propiedad personal –en total, 70.000 euros–, quedando una deuda restante de 30.000. Es sobre esta cantidad donde el Estado asume el 80 % (24.000 euros), mientras que el empresario debe afrontar los 6.000 restantes.

«Los bancos, aprovechando las líneas del ICO financiadas con fondos europeos, recomendaron a muchos empresarios que pidieran más dinero para cancelar deudas previas y sanear sus balances», explica Diego Zapatero, abogado y socio en Asoban Abogados. «Al final, el ICO es una entidad pública empresarial, pero también actúa con lógica política: traslada la responsabilidad a la banca y solo cuando las empresas no pueden hacer frente a las deudas es cuando el Estado las asume. Así, el ICO no se mancha las manos y el banco sabe que tiene al Estado detrás en caso de impago», añade.

Gobierno y banca se gastaron 2,1 millones de euros para la promoción de las líneas ICO

Además, el Gobierno publicitó esta medida por todo lo alto con la firma, en 2020, de un acuerdo con la banca por valor de 2,1 millones de euros para la promoción de las líneas ICO. Este organismo aportaría el 40 % de la campaña, unos 840.000 euros, y las entidades financieras abonarían el 60 % restante. Además, el ICO emitía certificados de garantía de la línea de avales.

Lo más preocupante es que el Gobierno ha mantenido esta dinámica en los reales decretos de para facilitar financiación a empresas afectadas por la invasión de Ucrania, por la dana y, más recientemente, por la guerra comercial. Todos los anuncios del Gobierno al respecto coinciden en una cobertura del 80 % de los préstamos, pero ninguno hace referencia a que el aval es para las entidades.

Batalla judicial

Esta situación ha llevado a miles de afectados a acudir a los tribunales, al entender que, de haber sabido que el aval era para la banca, nunca hubieran suscrito estos créditos. Los jueces, no obstante, se están resistiendo a darles la razón. El despacho de Zapatero, precisamente, acaba de lograr que el Juzgado de Primera Instancia de Tarazona haya exonerado a un empresario del 80 % de su préstamo ICO al entender que había «un vicio en el consentimiento por error en la firma».

Según explica este abogado, se trata de una sentencia clave ya que «empiezan a dar la razón a quienes, en plena pandemia, confiaron en que el Estado realmente respaldaría estas operaciones y hoy están siendo embargados injustamente». El problema, señala, es la falta de pruebas documentales, a pesar de que la mayor parte de los créditos se suscribieron en un momento de extrema necesidad, con toda la población confinada.

Además, añade Zapatero, los jueces no se quieren complicar porque saben que, si abren la puerta a más reclamaciones, llegarán miles en tromba: «Nosotros tenemos quince expedientes judiciales y 3.000 clientes con ganas de reclamar, pero están esperando a que salgan sentencias». En cualquier caso, se avecina una larga batalla judicial, en la que el Estado podría verse obligado a asumir el 80 % de hasta 200.000 millones de euros en créditos concedidos –unos 160.000 millones–, la misma cantidad que España recibirá de los fondos europeos durante el periodo 2021-2026.