Junts dinamita la reforma laboral de Díaz con una enmienda a la totalidad

La medida estrella de Yolanda Díaz se tambalea. Junts ha registrado este martes una enmienda de totalidad contra el proyecto de ley que prevé la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La formación de Carles Puigdemont alega que el texto carece del respaldo unánime del diálogo social, amenaza la viabilidad de las pymes y representa una imposición ideológica sin consenso.

La ministra, consciente del riesgo de naufragio, lleva semanas maniobrando para salvar la reforma por la vía reglamentaria. En un intento de avanzar en la medida sin pasar por el Parlamento, Díaz ha anunciado el endurecimiento del registro horario –incluido en el proyecto de reducción de jornada– a través de un Real Decreto. Sin embargo, este anuncio ha provocado un nuevo choque con sus socios de investidura.

Junts, por su parte, ha dejado claro que no aceptará una reforma «impuesta» sin un proceso de diálogo «real y riguroso». En su enmienda, los nacionalistas catalanes reclaman una nueva propuesta «equilibrada y gradual», que tenga en cuenta las particularidades del tejido productivo español, especialmente el de las pequeñas y medianas empresas, que concentran el grueso del empleo. A juicio de los de Puigdemont, una reducción rígida de jornada podría tener efectos contraproducentes en el mercado laboral: destrucción de puestos de trabajo, mayor presión sobre sectores sensibles como el agroalimentario o los servicios, y costes añadidos para unas compañías ya tensionadas por la inflación y la inseguridad regulatoria.

Además, Junts pone en cuestión la legitimidad del proceso. Recuerda que la medida no nace del diálogo social sino de un acuerdo político entre Sumar y el PSOE, y subraya que tanto los sindicatos como la patronal han mostrado posiciones divergentes sobre su aplicación. «La mejor fórmula para ganar derechos es mediante el acuerdo y el consenso», insiste el texto, que critica la falta de análisis sobre los efectos reales de la norma.

Este revés obliga a Díaz a intensificar su ofensiva paralela a través del registro horario, elevado a rango reglamentario sin consenso parlamentario. La redacción actual covierte el sistema de control de jornada en una herramienta de fiscalización constante, con acceso remoto para sindicatos e inspección, y presume la veracidad del registro del trabajador salvo prueba en contrario. Es decir, la carga de la prueba recae sobre el empresario, mientras se endurecen las sanciones y se generaliza el uso de tecnologías que muchas pymes no pueden asumir. Su endurecimiento, haría más insoporables esas cargas.

Voces del sector empresarial han alertado del riesgo de que el nuevo marco provoque una burocratización excesiva, ahuyente la inversión y ahogue al tejido productivo más frágil. La ausencia de medidas compensatorias o excepciones sectoriales refuerza la sensación de que se trata de una imposición ideológica sin una evaluación real del impacto.

La paradoja es que el Gobierno sigue promoviendo una campaña en la calle para defender una ley que podría no ver la luz. Sumar desplegó la semana pasada más de 70 mesas informativas con el objetivo de generar un «clamor social», pero el foco de la presión se dirigió al Partido Popular, no a Junts, el socio que ahora ha hecho estallar el texto en el Congreso.

Ahora, Díaz podría forzar nuevas negociaciones para reformular la propuesta, pero el calendario legislativo aprieta y los apoyos menguan. Además, su apuesta por un real decreto «a la búlgara» suscita dudas y muchos en el Congreso se preguntan si estamos ante una nueva forma de «diálogo social».