El Gobierno presume de los fondos europeos cuando solo han llegado a la economía real el 19,5 %

El Gobierno ha defendido que España es «el país que está ejecutando de la mejor manera» el plan de recuperación, transformación y resiliencia, pese a que la Comisión Europea ha decidido bloquear cerca de 1.100 millones de euros del quinto pago por incumplir unas reformas comprometidas ante Bruselas, entre ellas la subida fiscal al diésel y las inversiones en la digitalización de las entidades regionales y locales.

Pero la realidad es bien distinta. Entre 2021 y 2024 tan solo han llegado a la economía real el 19,5 % de los fondos, según los últimos datos difundidos por Eurostat. Además de situarnos por debajo de la media de la Unión Europea, también no situamos muy por debajo de países como Francia e Italia donde se han ejecutado el 87 % y el 33 % de los fondos, respectivamente.

Si nos fijamos en este último año, hasta el mes de mayo tan solo se han desembolsado 957,8 millones de euros, lo que supone el 5,4 % de los créditos presupuestarios definitivos. Solo en 2024, en ese mismo periodo, se había pagado un porcentaje menor –un 2,5 %–. En 2022 y 2023 la cifra alcanzó, respectivamente, el 7,225 % y el 8,07 %, según los últimos datos de la Intervención General del Estado (IGAE).

La peculiaridad de estos últimos datos es que, en 2025 el Gobierno redujo drásticamente los fondos disponibles, y lo han justificado por tener unos presupuestos prorrogados y que han llegado a este acuerdo en el Consejo de Ministros. «Ni con menos volumen han sido capaces de mejorar la ejecución», asegura Santiago Sánchez, economista y experto en fondos europeos.

«El sistema es ineficiente y la administración no está preparada para gestionar esta carga de trabajo», advierte. Y es que «el procedimiento que diseño el Gobierno es muy burocrático, con demasiados pasos administrativos. Se tarda mucho tiempo desde que se planifica hasta que realmente el dinero llega a la economía o a las empresas».

Muchos fondos no los ejecuta el Estado directamente, sino que se transfieren a entidades públicas. A veces esas comunidades o empresas no necesitan ese dinero, entonces se redistribuye el dinero no usado, perdiendo, así, mucho tiempo. «Si se contase con las comunidades para diseñar los programas, todo sería mucho más ágil y efectivo», lamenta el economista.

La parálisis es extensible a prácticamente todos los ministerios. La excepción es Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, donde se ha ejecutado el 96,3 % de lo presupuestado. En Ciencia la ejecución tan solo alcanza el 0,0028 % y en Economía el 0,014 %.

Aún así, «estos datos son muy opacos», asegura Santiago Sánchez. «Un pago realizado no significa que el dinero haya llegado a su destino final. Si se transfiere al IDEA, a Renfe o a una comunidad autónoma se contabiliza como pago, pero aún no implica ejecución efectiva», alerta.

Solo el 18 % ha llegado a pymes

Según cálculos de este economista, a partir de datos del Ministerio de Hacienda, a las pymes solo han llegado en torno al 18 % de los fondos y mayoritariamente a través del kit digital. El resto –alrededor de un 75 %– ha ido principalmente a la Administración Pública para después ejecutarse «en lo que decide Sánchez y en gasto corriente».

De hecho, en el Plan Presupuestario de 2024 que el Gobierno remitió a Bruselas reconocía que entre 2021 y 2024 se utilizaron más de 9.000 millones de euros para gastos corrientes.

«Solo entre Adif, Renfe y el Ministerio de Transportes se han llevado 5.000 millones hasta el cierre de 2024. Y las grandes empresas privadas también han recibido parte a través de programas como el PERTE de automoción», cuenta Sánchez.

«No se puede presumir del fracaso. Ni se puede llamar éxito a una oportunidad perdida», sentencia este experto en fondos europeos.