La incapacidad temporal, el agujero negro del gasto público que nadie quiere abordar
Las empresas se enfrentan al coste directo de la sustitución, la desorganización interna, el deterioro en los flujos de trabajo, la sobrecarga del resto de la plantilla y la pérdida de contratos
En el sistema de Seguridad Social español, la Incapacidad Temporal (IT) representa el mecanismo legal mediante el cual un trabajador asalariado, por motivos de salud, ya sea enfermedad común, accidente no laboral o contingencia profesional, queda exonerado temporalmente de sus obligaciones laborales. Durante este periodo, el trabajador recibe una prestación económica que sustituye parcialmente su salario, mientras la empresa asume una parte de la cotización y gestión administrativa.
La IT, como prestación económica dentro de la Seguridad Social, data de mediados del siglo XX, exactamente de un decreto que la empieza a regular en 1966.
Aunque concebida como una garantía social imprescindible, la IT también implica una realidad menos visible: una carga económica creciente para el sistema público, una pérdida de productividad empresarial y una distorsión del coste laboral agregado que, en ciertos momentos, amenaza el equilibrio del modelo laboral español.
El coste directo es solo la punta del iceberg, porque sobre las cifras del coste que veremos a continuación se esconde un entramado de implicaciones menos visibles, pero igual de relevantes: con una duración media de los procesos cercana a los 43 días, y más de 9 millones de bajas iniciadas en 2024, el número total de jornadas laborales perdidas ronda los 393 millones.
Este nivel de gasto sitúa a la IT como una de las principales partidas de la Seguridad Social porque empieza a crecer de forma muy peligrosa
Las empresas no solo se enfrentan al coste directo de la sustitución, sino también la desorganización interna, el deterioro en los flujos de trabajo, la sobrecarga del resto de la plantilla y, en algunos casos, la pérdida de contratos, clientes o licitaciones por falta de cumplimiento en plazos.
Desde 2018 hasta 2024, el coste económico directo de la Incapacidad Temporal ha pasado de 7.484 millones de euros a 16.487 millones de euros. En seis años, esta partida de gasto se ha duplicado, con un crecimiento acumulado del 120,3 %.
Este salto vertiginoso no ha sido lineal. Se observan dos fases claramente diferenciadas:
Entre 2018 y 2020 se produce una fuerte expansión, con incrementos anuales del 24 % al 27 %, posiblemente por el crecimiento atribuible a la subida del salario mínimo interprofesional, que eleva la base de cálculo de la prestación, y el inicio de la crisis sanitaria.
Entre 2021 y 2024 donde se produce una estabilización relativa del número de procesos, pero crecimiento sostenido del coste medio por baja, hasta alcanzar su máximo histórico en 2024, con 16.487 M€, el equivalente a casi el 1 % del PIB español. Este nivel de gasto sitúa a la IT como una de las principales partidas de la Seguridad Social, en paralelo al coste de las prestaciones por desempleo, porque empieza a crecer de forma muy peligrosa.
La IT ya ha superado con creces los 11.000 millones que nos cuestan las Pensiones No Contributivas.
Aunque la prestación está cubierta por la Seguridad Social, las empresas deben asumir durante los primeros días de baja parte del coste salarial, gestionar las suplencias, realizar ajustes organizativos y enfrentarse a la opacidad del diagnóstico médico.
Este fenómeno afecta especialmente a sectores de baja productividad, alta rotación o presencia intensiva de microempresas, donde cada baja supone un trastorno difícil de absorber y eso se nota en las 20.000 microempresas, de entre 1 y 9 trabajadores, que hemos perdido desde que está Sánchez en el Gobierno.
Si esta trayectoria de crecimiento se mantiene, o incluso se acelera, que es la tendencia actual, el coste de la IT puede convertirse en una palanca de presión fiscal adicional, que es lo último que le faltaba a nuestro modelo actual.
¿Qué podemos hacer? Para mí hay una gran solución y es montar un sistema de incentivos a empresas que reduzcan el absentismo. Estas empresas deberían beneficiarse de bonificaciones en cotizaciones, para así fomentar programas que permitan atacar la raíz del problema, no solo sus efectos.
Y hay una segunda, mucho más complicada y que puede producir ronchas en determinados sectores que dicen llamarse progres, que su progreso consiste en cerrar el máximo de empresas. Esta pasa por un sistema de incentivos médicos. El actual sistema retribuye a médicos por alta cobertura, pero no incluye métricas de eficiencia ni reincorporación efectiva. Introducir incentivos de evaluación médica basados en reincorporaciones exitosas podría equilibrar el modelo sin comprometer la ética asistencial.
Estamos ante un reto ineludible para el modelo laboral español, la Incapacidad Temporal es un derecho irrenunciable del trabajador. Pero si el modelo actual no se ajusta, el riesgo es doble: por un lado, se empuja al sistema a un sobrecoste estructural difícil de financiar y, por otro, se genera un entorno empresarial más vulnerable, especialmente para las pequeñas empresas.
Ya sé que este es un tema en que ningún político tiene ganas de pringarse, porque creen que pueden salir trasquilados, pero si no se implantan nuevas maneras en tiempos cambiantes, el coste puede volver a duplicarse en menos de cuatro años y la cosa en esos momentos no estará para bromas. Si hay una cosa que tengo muy clara es que la solución no pasa por recaudar más, pasa por hacer más eficiente nuestra economía y el sistema actual es totalmente ineficiente, como acabamos de volver a comprobar.
