España no crea empleo: lo infla con funcionarios
Más del 70 % del empleo neto desde 2018 proviene del sector público, mientras el gasto en nóminas públicas supera los 172.000 millones
Hoy me toca darle otro palo a Yolanda Díaz y al Gobierno en su conjunto, que lo mejor que podrían hacer es marcharse de una vez. Voy a escribir sobre el paro y, por un día, voy a dejar de lado los parados discontinuos, la conversión masiva de contratos fijos en temporales disfrazados y me centraré únicamente en los datos oficiales del SEPE y del Ministerio de Óscar López, en lo que respecta a las Administraciones Públicas.
Desde 2018 hasta 2024, España ha reducido oficialmente el paro en 641.579 personas, según datos del SEPE. Pero lo que el Gobierno no dice, y lo que en general muy pocos saben, es que 459.044 de esas personas han sido absorbidas por las Administraciones Públicas: estatal, autonómica y local.
Esto significa, ni más ni menos, que el 71,5 % del empleo neto creado en España en los últimos seis años ha sido empleo público. El sector privado –el que paga impuestos, asume riesgos y genera riqueza– solo ha absorbido el 28,5 % restante. El resto lo ha cubierto papá Estado con dinero de todos, generando la falsa apariencia de recuperación.
Esta estrategia es irresponsable, insostenible y profundamente peligrosa. Porque, aunque es legítimo reforzar servicios públicos como la sanidad, la educación o las Fuerzas de Seguridad, utilizar el sector público como herramienta de propaganda laboral es un fraude estadístico y político.
Este Gobierno está colocando a decenas de miles de personas en puestos públicos solo para sostener unas estadísticas que se presentan entre aplausos
Este Gobierno no está creando empleo: está emitiendo nóminas financiadas con deuda, y mucha. Está colocando a decenas de miles de personas en puestos públicos, no siempre necesarios, inflando estructuras y generando un gasto innecesario –y permanente–, solo para sostener unas estadísticas que luego se presentan en rueda de prensa entre aplausos.
No se están incentivando reformas, ni bajando impuestos, ni desregulando el mercado laboral para que las empresas puedan contratar más. Se está haciendo lo contrario: creando una economía dependiente del Estado para dar una falsa sensación de progreso. Es populismo laboral con disfraz de gestión económica.
Mientras tanto, el sector privado está asfixiado por cotizaciones sociales récord (casi un 57 % de incremento), una burocracia paralizante, miles de normas inútiles y una inflación normativa galopante, todo ello en un entorno de incertidumbre jurídica constante.
El paro oficial –el que publica el SEPE sin contar los parados discontinuos– ha bajado un 20 % desde 2018 hasta 2024, lo que equivale a 641.579 personas menos desempleadas. Sin embargo, según el Boletín Estadístico de la Función Pública, publicado por el Ministerio de Administraciones Públicas, en ese mismo periodo se han creado 459.044 empleos públicos, un incremento del 17,8 %.
Eso quiere decir que, en 2019, el empleo público supuso el 49,9 % del total creado. En 2020, sin las contrataciones públicas, el paro habría aumentado en 113.357 personas, alcanzando un nivel cercano a los 838.000 parados más por la pandemia.
En 2021, tras el esfuerzo del año anterior, el sector público solo aportó un 0,9 % del empleo creado. Pero en 2022 volvió con fuerza: el 94,2 % del empleo neto fue público. Sin esa aportación, el paro no habría descendido. En 2023 y 2024, el empleo público representó el 14,9 % y el 32,3 % del empleo creado, respectivamente. A lo largo de todos estos años, ha representado el 71,5 % del empleo neto, o —si lo prefieren— de la reducción del paro.
Las consecuencias de esta estrategia están a la vista. El gasto público ha alcanzado los 722.000 millones de euros, y el gasto en personal público ha superado los 172.000 millones: el 23,8 % del total del gasto en 2024.
El déficit estructural se mantiene con dos años consecutivos superando los 50.000 millones, y este año amenaza con desbordarse
La productividad, como ya he expuesto en artículos anteriores (como España en decadencia: se paga más, se trabaja menos… y se produce menos por persona o Europa se inmola y España lleva la antorcha), continúa en caída libre. La creación de nuevas empresas es nula y la fuga de talento es constante. El déficit estructural se mantiene con dos años consecutivos superando los 50.000 millones, y este año amenaza con desbordarse.
Y aun así, desde Moncloa se repite el mantra de que «España crea empleo a un ritmo récord» y que «la recuperación es sólida». Lo cierto es que esa supuesta recuperación está cimentada sobre contratos públicos que no generan riqueza, sino que la consumen.
El Gobierno ha convertido el Boletín Oficial del Estado en una oficina de colocación electoralista, utilizando el empleo como herramienta de propaganda mientras endeuda al país, asfixia al sector productivo y degrada el verdadero sentido del servicio público.
El paro ha bajado, según el SEPE, no porque España funcione mejor, sino porque el Gobierno ha abierto la puerta trasera del empleo público para introducir a 459.000 personas que no han encontrado espacio en un mercado laboral atrofiado. Esto no es crecimiento: es dopaje institucional.
Y si no se corrige este modelo de pseudoempleo, el coste será brutal. Porque cuando llegue la próxima crisis, no habrá colchón ni margen para encontrar soluciones. ¿Y si hiciésemos este cálculo incluyendo a los parados discontinuos? La situación sería dramática. Pero eso lo dejo para otro artículo.
