Tenemos 1.772 chiringuitos públicos (y no son de playa)

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha lanzado los datos de cierre de abril y, a estas alturas de julio, la lentitud en la publicación es el menor de nuestros problemas. Lo verdaderamente preocupante es que, a pesar de que los ingresos crecieron un 4,7 %, nuestras comunidades autónomas no han logrado mover su déficit estructural, manteniéndolo prácticamente idéntico al del mismo periodo de 2024.

Pero aquí viene la jugada maestra, la que permite a Bruselas mirar para otro lado y a nuestras administraciones colgarse medallas. Utilizando «procedimientos aceptados a nivel internacional» —una forma elegante de decir contabilidad creativa—, la foto del déficit de las autonomías luce muy bien.

¿Cómo? Muy sencillo: como el PIB en términos corrientes, es decir, incluyendo la inflación, se estima que crecerá un 5,5 %, el denominador de la ecuación es mucho mayor. Así, al mantener el mismo déficit nominal, el porcentaje sobre un PIB inflado disminuye, y la cifra final es más «amable».

Es la vieja trampa de la aritmética: si el pastel crece, la porción de deuda parece menor, aunque el agujero siga siendo el mismo. Una estrategia de camuflaje que, a fin de cuentas, nos sigue costando a todos mucho dinero.

La situación real es frustrante: los ingresos aumentan, los gastos también, pero los servicios públicos que se nos prometen —y que pagamos con creces— no experimentan una mejora perceptible. La tan manida sanidad pública, aunque no es mala, sigue atrapada en listas de espera, a veces interminables, un síntoma inequívoco de que el dinero no llega donde debe o se gestiona ineficientemente. La educación secundaria, por su parte, se sostiene —afortunadamente— gracias, en gran parte, al esfuerzo de la educación concertada, mientras el reciente informe PISA nos deja en un lugar que dista mucho de ser envidiable en el panorama internacional. Y qué decir de la universidad, ese supuesto faro de conocimiento, que en demasiadas ocasiones se ha convertido en un reducto de progresismo vacío de contenido, un foco de proselitismo político para captar votos, donde la eficacia educativa y la preparación para el futuro de los estudiantes quedan relegadas a un segundo plano.

Con los impuestos que pagamos, los resultados concretos en el bienestar del día a día del ciudadano brillan por su ausencia

Es decir, con los impuestos que pagamos —que no son pocos—, los resultados concretos en el bienestar del día a día del ciudadano brillan por su ausencia. En definitiva, estamos ante un ciclo perverso: más ingresos, más gastos, igual déficit y mismos resultados.

Quizás es hora de pensar que tenemos que exigir transparencia y rigor a nuestros políticos autonómicos. Porque los ciudadanos sí cumplimos con nuestras obligaciones, que es pagar nuestros impuestos, y, por lo tanto, lo justo es recibir a cambio unos servicios de máxima calidad. Servicios y calidad que muchas veces se pierden entre los 1.772 organismos autónomos que se mantienen con los impuestos que pagamos.

Dicho esto, quiero mostrarles las cuentas de la IGAE:

Como pueden ver, los ingresos de todas las comunidades han crecido un 4,7 % en total, pero la segunda partida más importante es también la segunda que más crece: la recaudación propia de impuestos de las CC. AA., que en cuatro meses ha alcanzado los 28.993 millones y ha crecido un 6,1 %. Mientras tanto, la partida más relevante –las transferencias que reciben de la Administración Central– asciende a 39.469 millones, aunque solo crece un 3,6 %. Sin embargo, en julio se produce el ajuste de los ingresos definitivos de las declaraciones de 2023, y suelen recibir un ingreso adicional que, en el caso de 2024, llevó esta partida a un crecimiento del 11 % al final del ejercicio.

Este ingreso adicional que se produce en julio, una vez cerrada oficialmente la recaudación de los dos ejercicios anteriores, casi siempre causa gran dolor en el bolsillo de Hacienda y gran alegría en los consejeros de Economía y Hacienda de las comunidades autónomas.

El problema no está tanto en los ingresos, sino en determinadas partidas de gasto que crecen por encima del 4  %

El problema no está tanto en los ingresos, sino en determinadas partidas de gasto que crecen por encima del 4  %, como son los consumos intermedios —los gastos generales de cualquier administración—, que suben a un ritmo del 5,5 % y que ya en 2024 crecieron un 5,8 %. También están los intereses de la deuda, que crecen un 7,6 % (aunque en 2024 crecieron un 17,7 %), y las prestaciones sociales, que aumentan un 5,5 %, frente al 4,6 % del año anterior. Esperemos que este crecimiento de las prestaciones sociales redunde en beneficios tangibles para los ciudadanos.

La realidad es muy clara: a pesar de que los ingresos de las comunidades crecen un 4,7 % y los gastos «solo» un 4 %, el déficit permanece igual. Y eso significa más deuda, que generará más intereses que pagar en 2026.

Si de verdad se quiere, de una vez por todas, eficientar el gasto público, Cataluña no puede ni debe sostener 354 organismos autónomos, Andalucía 180, ni el País Vasco 154.

Tenemos 1.772 chiringuitos –que no son de playa– a los que algún día habrá que meter mano. ¿No se lo creen? Prometo darles el desglose en un próximo artículo.