El déficit contable crece un 1.655 % (y no es broma)

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) acaba de publicar en su web los «Datos del Sector Fiscal sobre operaciones no financieras bajo el Proyecto NEDD/SDDS del Fondo Monetario Internacional (FMI)». En esencia, es la información correspondiente a las operaciones no financieras realizadas por el conjunto de las Administraciones Públicas (S.13) y por el propio Estado, siguiendo los criterios de delimitación institucional, imputación y valoración establecidos por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales (SEC 2010), Revisión Estadística 2024. Estos datos están adaptados a las especificaciones del National Summary Data Page (NSDP), aprobadas por el Consejo Ejecutivo del FMI, cuyas normas son obligatorias para todos los países que participan en el proyecto NEDD (Normas Especiales para la Divulgación de Datos).

En otras palabras: es la Contabilidad Nacional según el modelo europeo, adaptada a la forma de reporte exigida por el FMI. En cualquier caso, los datos suman lo mismo, no pueden diferir en sus valores reales. El único problema es que los datos reportados en el mes de mayo no incluyen la consolidación ni de las comunidades autónomas ni de las corporaciones locales, porque la consolidación con las comunidades autónomas sólo llega hasta abril, y de las corporaciones locales, ni están ni se les espera.

Los datos consolidados hasta abril de la Administración General del Estado (Administración Central, más Organismos Autónomos y Seguridad Social) junto a las Comunidades Autónomas arrojan ya a cierre de abril un gasto de 209.668 millones de euros, frente a unos ingresos de 204.145 millones, lo que implica un déficit de 5.523 millones.

Pero, por razones que solo conoce María Jesús Montero, que parece haber tenido un inusitado ataque de veracidad, se ha reconocido un déficit en mayo de 9.501 millones de euros para la Administración General. Esto promete ser interesante cuando publique en julio los datos completos de mayo, porque podremos comprobar cómo las cuentas se están volviendo tan disparatadas como «aquellos locos en sus locos cacharros».

Veamos, pues, cómo cierra el acumulado hasta mayo y cómo cerraron 2023 y 2024, porque queda claro que la consolidación con el resto del sector público es clave para prever cómo acabaremos el año.

Según el cuadro que he preparado, en 2023 cerramos con 680.962 millones de euros en gastos, que pasaron a 722.846 millones en 2024, mientras que los ingresos subieron de 628.283 a 672.659 millones. Esto supone que los gastos crecieron un 6,2 % y los ingresos un 7,1 %, consiguiendo así que el déficit se redujera un 4,7 %.

Sin embargo, los datos enviados a Bruselas y al Fondo Monetario Internacional el 30 de junio de 2025, referidos únicamente a la Administración Central, resultan impactantes: los ingresos crecen un 16,4 %, los gastos un 26,3 % y, como consecuencia, el déficit se dispara un 1655,2 %.

Repito para que no haya dudas: estos datos están publicados en la web de la IGAE y son los enviados oficialmente a Bruselas y al FMI. Eso sí, convenientemente sin mostrar los porcentajes de variación, para que no llamen tanto la atención.

Es cierto que estos gastos solo representan el 16,6 % del total del año pasado, y que no incluyen ni Comunidades Autónomas, ni Ayuntamientos, ni Diputaciones. Pero también es verdad que la misma IGAE, en su acumulado a abril para las Comunidades Autónomas, nos muestra unos ingresos de 72.926 millones de euros y unos gastos de 80.310 millones, con un déficit a abril de 7.364 millones.

Como no hay grandes motivos para pensar que en mayo esto haya mejorado, cuando el mes que viene tengamos datos consolidados de dos de las tres grandes patas del gasto público, es probable que el déficit «se nos salga por las orejas».

Por otro lado, no tenemos ni idea de cómo va la contabilización de los intereses de la deuda, que el mes pasado estaban un 16 % por debajo y que, tarde o temprano, tendrán que registrarse en la Contabilidad Nacional.

Si el Tribunal Supremo afirma que Cerdán estuvo implicado en adjudicaciones por más de 500 millones, y teniendo en cuenta que el Estado gastó oficialmente 722.000 millones el año pasado, si la corrupción está extendida a nivel nacional, no quiero ni imaginar quiénes, cuántos y en qué proporciones se estarán forrando.

Es imprescindible que el día que cambie este Gobierno se contrate una auditoría del gasto público a nivel nacional, encargada a firmas de auditoría solventes e independientes, para que podamos saber realmente dónde estamos.

No es normal que la IGAE –controlada por la ministra de Hacienda– nos informe de que a cierre de mayo el gasto crece un 26,3 %, y además tengamos dudas más que razonables de si está todo contabilizado.

En menos de quince días dispondremos del informe completo de cifras, con el que podremos comprobar cómo lleva la ministra de Hacienda la Contabilidad Nacional y empezar a saber dónde estamos realmente, aunque sea comparando con 2024 y con los créditos aprobados por el Consejo de Ministros para este ejercicio.

Pero ya les anticipo que los gastos no pintan nada bien.