El Gobierno de Petro decreta la emergencia económica tras el rechazo del Congreso a la reforma tributaria

El Gobierno de Colombia declaró este lunes el estado de emergencia económica durante un periodo de 30 días, después de que el Congreso rechazara el pasado 9 de diciembre el proyecto de reforma tributaria con el que el Ejecutivo pretendía recaudar 16,3 billones de pesos para cerrar el presupuesto nacional de 2026.

La medida quedó recogida en el decreto 1390 de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro activó la emergencia en todo el territorio nacional. Con esta herramienta excepcional, el Gobierno queda habilitado para crear nuevos impuestos o modificar los existentes con el objetivo de hacer frente a una situación fiscal que califica de grave.

Según el texto del decreto, el Ejecutivo justifica la decisión en la «incapacidad material y jurídica» del Estado para garantizar de forma continua y suficiente determinados derechos y la prestación de servicios públicos esenciales, debido al deterioro de las cuentas públicas.

Antes de la publicación oficial del decreto, Petro defendió públicamente la necesidad de recurrir a esta figura constitucional y aseguró que Colombia arrastra un déficit primario desde el mandato del expresidente Juan Manuel Santos. El jefe del Estado responsabilizó al Congreso de haber rechazado en dos ocasiones el proyecto de financiación del Gobierno y criticó también al Banco de la República por mantener la tasa básica de interés en el 9,25 %, nivel vigente desde el pasado mes de abril.

A juicio del presidente, la combinación de ambas decisiones ha elevado el coste del endeudamiento del país y ha agravado la sostenibilidad de la deuda pública. Petro advirtió que, si la Corte Constitucional llegara a tumbar también el decreto de emergencia, el riesgo del país aumentaría y podría desembocar en una crisis económica de mayor envergadura. «No es una amenaza, es economía básica», afirmó.

El mandatario adelantó que las medidas tributarias que se adopten bajo el paraguas de la emergencia seguirán los mismos criterios que contenía la reforma rechazada por el Legislativo. En ese sentido, defendió que los nuevos recursos deben proceder de los contribuyentes con mayor capacidad económica, a quienes calificó como los principales beneficiarios de la política económica.

La reforma tributaria hundida el 9 de diciembre era la tercera presentada por el Gobierno de Petro desde su llegada al poder. El Congreso aprobó una primera en 2022, pocos meses después de su investidura, pero rechazó una segunda iniciativa en 2024.

Desde la oposición, sin embargo, se cuestiona la decisión del Ejecutivo y se sostiene que el problema fiscal no se resolverá con nuevas cargas impositivas. Los partidos contrarios al Gobierno acusan a Petro de un uso excesivo del gasto público y defienden que la prioridad debería ser una reducción del mismo para contener el déficit y evitar un mayor deterioro de las finanzas del Estado.