El Gobierno encara un varapalo por las medidas antiapagón para enojo del sector energético

Jornada clave para el sector energético en España. El Congreso debe validar este martes el Real Decreto-ley 7/2025, de 24 de junio, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón del pasado 28 de abril. Un texto con importantes medidas para evitar un nuevo cero energético y fomentar el almacenamiento de energía en España que cuenta con el respaldo mayoritario del sector energético, pero que no tiene garantizados los apoyos políticos para salir adelante.

Entre las patronales energéticas hay un gran temor a que la debilidad parlamentaria del Ejecutivo haga naufragar el conocido como «decreto antiapagones». Un texto que, según defienden, «persigue objetivos técnicos y estratégicos esenciales para la seguridad energética y la competitividad empresarial española». Así se pronuncian Aelec –que integra a Endesa, Iberdrola y EDP–; la Unión Española Fotovoltaica (Unef), Appa Renovables, Aege y la Asociación Empresarial Eólica en una misiva remitida de manera conjunta a los grupos parlamentarios la semana pasada.

En ella añaden que el decreto «aportan robustez al sistema, certidumbre a los inversores y competitividad al tejido empresarial, al tiempo que favorecen un entorno financiero más favorable para los proyectos». En román paladino, el sector traslada que si el decreto decae podría volver a repetirse un suceso como el del pasado 28 de abril, además de la paralización de inversiones relevantes en materia de electrificación.

Cesiones a PNV, Junts y Bildu

El Ejecutivo había logrado amarrar el apoyo de sus socios nacionalistas e independentistas al incluir guiños específicos a Cataluña y País Vasco. Así, mediante una disposición adicional concede a Cataluña –y solo a esta comunidad– una subvención para minimizar el impacto ambiental de la gestión de purines de porcino dotada con dos millones de euros. Además, incluye un descuento en la factura eléctrica del 80 % en los peajes de acceso a la industria electrointensiva celebrado por PNV y EH Bildu.

Los nacionalistas vascos, además, arrancaron a Sánchez el compromiso de flexibilizar la planificación energética para incorporar nuevos proyectos a la red cada dos años, y no cada cinco, como hasta ahora, y que se pueda aprovechar la potencia existente en subestaciones donde ya hay un consumidor para otros proyectos.

Del texto, sin embargo, se ha desmarcado Podemos, al considerar que «se basa en escuchar y atender lo que las grandes energéticas susurran al oído al Ministerio, y no en defender el interés general», en palabras de su portavoz, Pablo Fernández. Un rechazo que aboca al Ejecutivo a depender de una abstención de PP y Vox, partidos que no han colaborado en su redacción.

Se da la circunstancia de que, como informó El Debate, el Gobierno viene a reconocer con las medidas aprobadas la existencia de algunas de las carencias que habrían motivado el apagón del pasado 28 de abril. En particular el insuficiente control de la tensión de la electricidad generada mediante fuentes renovables.

Para ello, insta al operador del sistema –Red Eléctrica– a analizar y revisar diversos aspectos de la regulación eminentemente técnicos, en el plazo de entre tres y quince meses, y a proponer modificaciones normativas que considere adecuadas para reforzar el sistema eléctrico, en los ámbitos de amortiguamiento frente a oscilaciones, la velocidad de cambios de tensión en el sistema, la calidad en la inyección de potencia activa por parte de las instalaciones de producción, el funcionamiento de los servicios de ajuste y, los requisitos de monitorización y remisión de datos para el análisis de incidentes.

Revivir el almacenamiento energético

Asimismo, según destacan desde PwC, se mandata al Consejo de Ministros a aprobar un listado de actuaciones específicas para el control de tensión, la estabilidad ante oscilaciones y el refuerzo de la resiliencia del sistema eléctrico; estas actuaciones se incorporarán en el Plan de Desarrollo de la Red de Transportes de Energía Eléctrica 2021-2026.

Además, incluye un importante impulso al almacenamiento energético, con medidas como la la exención del trámite de evaluación de impacto ambiental simplificada para almacenamiento electroquímico. Pese a que el almacenamiento es clave para acompañar a las renovables –cuya generación no es constante y se concentra en determinadas horas del día en el caso de la fotovoltaica–, en lo que va de año apenas se han instalado 327 MWh, un 34 % menos que el año anterior, según alerta UNEF.

Solo con más almacenamiento sería viable el objetivo del Gobierno de cerrar las centrales nucleares, instalaciones que inyectan energía firme al sistema, entre 2027 y 2035. Sin embargo, de acuerdo con las cifras de la patronal fotovoltaica, desde 2022 el volumen acumulado de almacenamiento ronda los 2,2 GW, cuando el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), la hoja de ruta energética fijada por Teresa Ribera contempla 22,5 GW de capacidad de almacenamiento para 2030.

Este martes se vota además la convalidación del real decreto-ley para distribuir este año entre las comunidades autónomas de 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, aprobado hace un mes por el Consejo de Ministros. Además, la cámara abordará la proposición de Ley de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para la regulación de las inversiones en elementos patrimoniales afectos a la actividad de arrendamiento de vivienda en las Islas Canarias.