La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
El Tribunal de Cuentas afea por «insuficientes» las ayudas del Gobierno por la pandemia y critica a Trabajo
Casi el 40 % de las personas en ERTE no volvieron a su empleo y 411.310 empresas no lograron reactivar su actividad
Duro varapalo del Tribunal de Cuentas a las ayudas del Gobierno por la pandemia. El organismo que dirige Enriqueta Chicano ha revelado este martes que el 38% de personas que se acogió a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en la pandemia no había retornado a su centro de trabajo a 31 de marzo de 2022, fecha en la que finalizaron las ayudas extraordinarias concedidas por el Gobierno para contener las consecuencias laborales de la crisis sanitaria.
Además, asegura que una vez finalizadas estas ayudas, seguían inactivas 411.310 empresas acogidas inicialmente a los ERTE, y solo el 62,21% de las personas trabajadoras había retornado a su mismo centro de trabajo. Este elevado número de empresas inactivas, que no disueltas, determina que el sistema de protección habilitado por el Gobierno «no fue suficiente».
Durante los primeros meses de la pandemia en 2020, el Gobierno adoptó medidas extraordinarias para combatir los efectos económicos y laborales del Covid-19. Entre ellas, los ERTE por causa de fuerza mayor permitieron a miles de empresas suspender temporalmente contratos sin incurrir en despidos, mientras el Estado asumía el coste de las prestaciones por desempleo y exoneraba las cotizaciones sociales.
Resoluciones «contradictorias e incongruentes»
El organismo expone además deficiencias en el procedimiento de gestión y apunta especialmente a la Dirección General del Trabajo. En concreto, señala que la institución dependiente del Ministerio de Trabajo no disponía de una aplicación informática específica para tramitar los ERTE, lo que en la pandemia dificultó la trazabilidad de estos expedientes tramitados en un momento de excepcional incremento de solicitudes.
Más si cabe cuando las solicitudes de ERTE se dispararon en la crisis sanitaria, de forma que de un promedio de 96 solicitudes anuales se pasó a 5.000 semanales que se gestionaron de formal manual en muchas ocasiones.
Esto conllevó a la emisión de resoluciones «contradictorias, incongruentes y duplicadas», advierte el Tribunal de Cuentas. Además, la falta de coordinación y comunicación entre las autoridades laborales competentes ha impedido un control adecuado sobre los ERTE-COVID «provocando, en ocasiones, la autorización por órganos que no eran competentes», como es el caso de Tragsatec.
