SEPI se escribe con S de Sánchez, y es una máquina de perder dinero

Hace mucho que la SEPI -Sociedad Estatal de Participaciones Industriales- dejó de ser el brazo inversor del Estado para convertirse en un juguete al servicio de Sánchez y su intervencionismo patológico. Si tiramos de calculadora, son ya más de 5.200 millones de euros los que el holding público ha movido desde que el Gobierno le encargara gestionar el Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (Fasee) con el propósito de rescatar a aquellas compañías especialmente golpeadas por la pandemia. Desde entonces, Moncloa no ha parado de recurrir al organismo dependiente de la vicepresidenta Montero para saciar su apetito. En el caso de Indra y Telefónica, después de tomar una participación significativa con el dinero de todos, el Ejecutivo se hizo con el control del consejo de administración llegando a nombrar incluso a sus presidentes. Sin ningún recato.

Después de tomar una participación significativa de Indra o Telefónica, el Ejecutivo se hizo con el control llegando a nombrar incluso a sus presidentes. Sin ningún recato.

Ahora le toca a Talgo. Antes de irse de vacaciones, el Consejo de Ministros aprobaba la entrada de la SEPI en su accionariado con una inversión pública de 75 millones de euros: 45 como ampliación de capital y 30 en forma de deuda convertible en acciones a ocho años, con un tipo de interés del 10,21 %. La operación -pactada con el PNV-, se completa con una refinanciación bancaria de 650 millones, una línea de circulante de 120 millones y una nueva línea de avales por 500 millones más. En resumidas cuentas, un aluvión de deuda y compromisos financieros que no se parecen en nada a un verdadero plan industrial para una empresa que no genera caja y sigue atrapada en el mismo modelo fallido que la ha traído hasta aquí.

En febrero, cuando se empezó a negociar la componenda con los nacionalistas vascos, el fabricante de trenes cotizaba a casi 4 euros por acción, pero el pasado viernes cerró a 3,02. Eso significa que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales pagará 45 millones por una participación que en el mercado no llega a los 30. ¿Nos explicarán cómo se justifica ese sobreprecio del 40 %? Pierdan toda esperanza porque empieza a ser marca de la casa. Pasó lo mismo con la compra del 10 % de Telefónica en mayo, cuando el Estado acabó gastando un 12,9 % más respecto a la cotización de la operadora el día que se anunció la operación.

La SEPI debería defender con uñas y dientes que los contribuyentes no paguemos ni un euro de más en ninguna de las operaciones en que interviene, pero a Sánchez le importa un bledo. Con Talgo, al fin y a la postre, lo que se ha diseñado es una operación política para poner la compañía en manos del Gobierno vasco y de una Sidenor sin liquidez para afrontar un futuro plan de negocios. No hay más.

Los trabajadores del organismo que preside Belén Gualda remiten a los ruinosos resultados de 2024. La Sociedad Estatal perdió 501 millones de euros dejando atrás tres años de beneficios. A pesar de cerrar con una facturación récord de 6.355 millones, los números rojos se debieron al impacto de los planes estratégicos de Navantia y sobre todo de Correos, un agujero sin fondo que no deja de dilapidar recursos públicos. Al actual presidente, Pedro Saura, le está costando más de lo que pensaba remontar la etapa de Juan Manuel Serrano, que dejó al término de su mandato unas pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros. De no ser amigo personal de Sánchez, quizá María Jesús Montero hubiera tomado cartas en el asunto, porque cinco años y medio al frente de una empresa pública dan para mucho destrozo.

Navantia y Correos son dos agujeros sin fondo

Con todo, el mayor quebradero de cabeza de Hacienda con la SEPI debería pasar por los 2.681 millones de euros del Fasee, el fondo de rescate para empresas estratégicas. Hasta ahora ha logrado recuperar un 30 % del total -811,4 millones-, pero se avecinan ejercicios críticos en los que un total de 22 compañías tienen que devolver los 1.869 millones restantes. Y no pinta nada bien, toda vez que el holding ha tenido que pactar con las aerolíneas Volotea y Air Nostrum, por ejemplo, un nuevo calendario para postergar los pagos. Aunque el caso más preocupante puede ser el de Duro Felguera, que ya ha acordado dos veces un alargamiento de los plazos. El último de ellos se produjo después de que la industrial asturiana entrara en preconcurso de acreedores. Los gestores llegaron a pedir a la SEPI que capitalizase la ayuda de 120 millones de euros en acciones y tomara el control de la compañía. Montero dijo que no, pero quién sabe si no le quedará más remedio que terminar aplicando esa fórmula en otras sociedades rescatadas si vienen mal dadas.

Cualquiera, además, podría reprocharle la crisis reputacional que arrastra el supuesto brazo inversor del Gobierno a cuenta del entramado delincuencial de Koldo, Ábalos y Cerdán. Resulta que la famosa Jésica fue colocada en Ineco y en Tragsatec, la fontanera Leire Díez en Correos y en Enusa, y el hermano de Koldo en Enfesa. Igual que una mujer rumana de nombre Nicoleta, que la UCO sitúa en el entorno afectivo de Ábalos, por decirlo de manera elegante. Todas ellas son empresas de la SEPI que presidió Vicente Fernández nada más triunfar la moción de censura que llevó a Sánchez al Gobierno, y a quien María Jesús Montero acabó colocando en Servinabar cuando en el otoño de 2019 fue imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. Los informes que tiene en su poder el Tribunal Supremo revelan que no tardó en ser repescado por la constructora vinculada a Santos Cerdán. Todo queda en casa.

Atando cabos de la investigación, estos días hemos sabido que Servinabar incrementó en un 11.400 % sus ingresos en siete años con familiares y amigos del exsecretario de organización del PSOE como principales beneficiados. Y la SEPI, pensará la ministra de Hacienda, en números rojos. Hay que fastidiarse.

Susana Burgos es periodista especializada en economía y empresas y formadora de portavoces