Un parque eólico en Muras, Lugo.
La Justicia australiana ordena embargos contra España por 469 millones por los impagos de las renovables
El fallo alega que España no puede ampararse en argumentos de inmunidad soberana para evitar el pago de laudos
Sigue el pulso entre España y los grandes inversores internacionales por el recorte a las renovables de hace más de una década. La Justicia de Australia ha asestado un nuevo golpe al Gobierno de España que intentaba evitar pagar las indemnizaciones derivadas de la retirada retroactiva de las primas a las renovables. El Tribunal Federal de Australia ha rechazado los argumentos de inmunidad soberana presentados y ha dado la razón a los demandantes en todos los puntos del fallo, y le condenada a pagar 469 millones de euros, a los que se añadirían intereses y costas.
El fallo, dictado el 29 de agosto, alega que España no puede ampararse en argumentos de inmunidad soberana para evitar el pago de laudos vinculantes. Además, critica la estrategia procesal de la Abogacía del Estado, la cual califica de «poco útil y gravosa».
La sentencia no solo rechaza todas las defensas de España, sino que además impone costas contra el Reino e incluso contra la Comisión Europea, cuya intervención en apoyo a España fue desestimada por irrelevante y repetitiva.
En el caso RREEF, gestionado por Blasket Renewable, el tribunal confirmó la indemnización de 59,6 millones. En el caso 9REN, sociedad de la firma de inversión First Reserve, la compensación alcanza los 41,76 millones. Por el caso Watkins tendrá que pagar 77 millones y por el NextEra –el gran gigante americano de las renovables– 290,6 millones.
Con esta resolución, España encadena una cascada de derrotas consecutivas en un solo mes ante los tribunales de Bélgica, Estados Unidos y ahora en Australia. En total acumula 26 sentencias firmes por las renovables, con una factura total que, incluyendo intereses y sobrecostes procesales asciende a 1.870 millones de dólares.
«La decisión del tribunal australiano lanza un mensaje claro: España no puede escudarse de la inmunidad para eludir sus obligaciones. Los inversores tienen derecho a la protección del derecho internacional y los jueces lo están confirmando», celebra un portavoz de las empresas afectadas.
El Gobierno español cerró recientemente un acuerdo para liquidar el laudo JGC, lo que abría la puerta a más soluciones negociadas. Sin embargo, ante la falta de avances en el resto de los casos, los inversores seguirán recurriendo a embargos en el extranjero.
