España paga por primera vez un laudo por el recorte a las renovables tras más de una década de litigios

El Gobierno de España ha procedido, por primera vez, al pago de un laudo arbitral dictado en su contra por el recorte retroactivo a las primas de las energías renovables aplicado entre los años 2010 y 2014. La resolución, emitida en 2021 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), favorece a la compañía japonesa JGC Holdings Corporation y pone fin a una prolongada batalla judicial en la que el Estado ha venido acumulando condenas por su arbitrariedad en política energética.

El pago, que asciende a 32 millones de euros, supone un giro en la posición mantenida hasta ahora por el Ejecutivo, que había optado sistemáticamente por no abonar las indemnizaciones reconocidas por los tribunales internacionales de arbitraje. En este caso, la decisión se produce después de que el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments, que adquirió los derechos del laudo, impulsara el reconocimiento del mismo en tribunales de Estados Unidos, lo que abrió la puerta al embargo de activos del Reino de España en ese país.

«Por primera vez, inversores han recibido los fondos adjudicados por un laudo arbitral del Banco Mundial relacionado con inversiones verdes en España», ha declarado Matthew D. McGill, socio del bufete Gibson Dunn y representante legal de Blasket. McGill ha añadido que, aunque aplauden la decisión del Gobierno, «sigue habiendo otros 26 laudos dictados en contra del Reino que serán ejecutados en los tribunales de todo el mundo, en caso de no ser abonados». Según el letrado, España, al incumplir sus compromisos internacionales, «aumenta la carga que debe pagar el contribuyente y desincentiva la captación de inversión extranjera, precisamente en un momento en el que resulta vital atraer inversiones en energía e infraestructuras».

Este primer pago no resuelve ni mucho menos la situación en su conjunto. España sigue siendo el país con mayor número de laudos arbitrales impagados del mundo, por delante incluso de Venezuela y Rusia. Según el Índice de Cumplimientos de Laudos Arbitrales y Tratados de Inversión, el Estado acumula 24 laudos impagados, con una factura pendiente de más de 1.500 millones de euros.

Además del coste económico, el Estado ha desembolsado ya más de 90 millones en abogados y consultores para defenderse en estos procedimientos, una estrategia cuya eficacia empieza a ser cuestionada por los propios acreedores, que advierten del impacto reputacional y financiero de esta conducta.

Tras años de maniobras para evitar la ejecución, un tribunal estadounidense autorizó su aplicación forzosa

En el caso concreto de JGC Holdings, el arbitraje se centró en dos plantas termosolares ubicadas en Andalucía. El laudo reconocía que las sucesivas reformas normativas del sistema de incentivos vulneraron los principios de seguridad jurídica previstos en el Tratado de la Carta de la Energía. Tras años de maniobras legales por parte del Estado para evitar su ejecución, un tribunal federal estadounidense autorizó en septiembre de 2023 su aplicación forzosa, dando margen a la parte demandante para iniciar un proceso de embargo de bienes estatales.

La cantidad finalmente pagada fue consignada en Bélgica en 2024, tras el levantamiento de un embargo sobre derechos de crédito relacionado con Eurocontrol. El Gobierno español, tras obtener la aprobación de la Comisión Europea en tanto que se trataba de un laudo promovido por un inversor de fuera de la Unión Europea, llegó a un acuerdo con Blasket para el cobro de los 32 millones depositados, poniendo fin al conflicto.

5 % del total de arbitrajes

No obstante, desde el Ministerio para la Transición Ecológica se insiste en que los casos como el de JGC apenas representan un 5 % del total de arbitrajes, al estar promovidos por inversores de fuera del bloque comunitario. En el resto de procedimientos, el Ejecutivo mantiene su estrategia de defensa basada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, que considera ilegales las compensaciones arbitrales entre países miembros por violar las normas de competencia comunitarias.

Con este pago, España abre inevitablemente un precedente que puede acelerar las demandas de otros acreedores que, como Blasket, preparan acciones legales en tribunales de terceros países.