Un millón de familias, pendientes del Supremo sobre el IRPH, cuyas indemnizaciones pueden superar los 30.000 euros por hipoteca

Calma tensa en el sector bancario a cuenta del inminente pronunciamiento del Tribunal Supremo acerca de la legalidad del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). Varios juzgados de instancia y audiencias provinciales se han posicionado a favor de los afectados, pero la decisión del Alto Tribunal podría suponer el desembolso de más de 40.000 millones de euros para las entidades financieras.

El IRPH, creado como alternativa al Euríbor, calcula el tipo de interés de las hipotecas variables a partir de la media de los tipos aplicados por las propias entidades. Este método lo hace más susceptible de manipulación y, de hecho, históricamente ha resultado más caro para los consumidores. En 1994, el Banco de España recomendó la aplicación de un diferencial negativo para compensar ese sobrecoste, pero la mayoría de bancos no lo aplicaron. A esto se suma la falta de transparencia en la comercialización del índice, su complejidad técnica y la escasa información ofrecida a los clientes. Todo ello llevó a miles de afectados a los tribunales al considerar que estaban pagando cuotas abusivas.

Durante años, el Tribunal Supremo español había validado el IRPH por tratarse de un índice oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero la batalla llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En diciembre de 2024, la corte europea abrió la puerta a declarar nulas aquellas cláusulas vinculadas al IRPH cuando las entidades no hubieran informado de forma clara, suficiente y comprensible sobre su funcionamiento, su evolución histórica y sus consecuencias económicas.

Desde entonces, varios juzgados de instancia y audiencias provinciales han empezado a anular cláusulas y a sustituir el IRPH por el Euríbor, ordenando además la devolución de cantidades cobradas en exceso. Entre ellos, destacan fallos en Madrid, Pamplona, Barcelona, Palma, Murcia, San Sebastián y Badajoz, con casos en los que las devoluciones superan los 30.000 euros por hipoteca.

Un millón de afectados

El Pleno del Tribunal Supremo se reunió a principios de julio para deliberar sobre una sentencia que será clave para la banca y para cerca de un millón de afectados. Sin embargo, el fallo no se ha hecho público, lo que mantiene abiertos miles de procedimientos judiciales en todo el país.

Según fuentes del propio tribunal, este retraso «no es anormal». «Se delibera, se llega a un acuerdo y se redacta una sentencia que debe contar con el visto bueno de todos. Estando el mes de agosto de por medio, es normal», señalan. Sin embargo, la tensión es máxima. Mientras los consumidores esperan un alivio económico que podría ser histórico, los bancos calculan el impacto de un posible tsunami de devoluciones.

De confirmarse un fallo favorable a los hipotecados, los analistas estiman que las entidades podrían verse obligadas a devolver más de 40.000 millones de euros. Las más afectadas, según fuentes jurídicas, serían Santander, Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), CaixaBank, BBVA y Kutxabank, los grandes comercializadores de hipotecas referenciadas al IRPH.

Escenarios

El Tribunal Supremo tiene dos vías principales sobre la mesa. La primera sería alinearse con la doctrina del TJUE, declarando nulas las cláusulas referenciadas al IRPH siempre que no exista prueba de transparencia en la información facilitada al consumidor. En ese caso, las hipotecas pasarían a calcularse con Euríbor más diferencial, y las entidades tendrían que devolver las cantidades cobradas de más, lo que supondría un impacto económico sin precedentes.

La segunda opción sería mantener una posición más restrictiva, validando el uso del índice oficial siempre que el banco pueda demostrar que cumplió con los requisitos de transparencia. Este escenario reduciría el número de devoluciones, pero mantendría una alta inseguridad jurídica, ya que obligaría a los consumidores a seguir litigando caso por caso.

Marcar el rumbo

Para Ángel Sánchez, abogado y socio de Asoban Abogados, la decisión «marcará el rumbo del sistema hipotecario español». «Puede incidir directamente en la estabilidad financiera de las entidades y afectará incluso al principio de cosa juzgada en ejecuciones hipotecarias ya cerradas», explica.

En su opinión, si el Supremo se alinea con Luxemburgo, «estaríamos ante un cambio profundo en el control judicial de las condiciones generales en los préstamos hipotecarios». Pero, si adopta una postura más restrictiva, el debate podría volver de nuevo al TJUE, prolongando aún más la incertidumbre.