La enfermera del PSOE que colocó Sánchez al frente de una filial de Navantia hunde sus cuentas

Sainsel Sistemas Navales, compañía especializada en ingeniería naval y participada de forma mayoritaria por Navantia, ha registrado un importante deterioro de sus resultados desde 2020, coincidiendo con la llegada a la presidencia de Susana Hernández Ruiz.

Hernández Ruiz es enfermera titulada por la universidad privada UCAM de Murcia, y ejerció como tal en el Hospital Virgen de la Arrixaca. También fue portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital murciana, antes de pasar efímeramente por el Senado, de donde fue desalojada en 2019 apenas seis meses después de su llegada, tras las elecciones celebradas en noviembre de aquel año.

Hernández (Murcia, 1976) llegó a la presidencia de Sainsel casi un año después, en octubre de 2020, casi dos años después de que el nuevo Ejecutivo cesara a Alejandro Ballestero, exdiputado del PP que logró situar el beneficio de la compañía en 1,2 millones ese año.

Desde entonces, la firma ha encadenado varios ejercicios de pérdidas, a excepción de el de 2024, cuando se salvó de las mismas por una subvención de 373.000 euros.

Sin esta, el resultado antes de impuestos se habría situado cercano a cero y el margen operativo se hubiera situado en un escuálido 2,1 %, cuando lo recomendable es el 10 %. Esta subvención permitió también que la compañía presentara una rentabilidad positiva el año pasado del 4,44 %, tras tres ejercicios con cifras muy negativas.

La compañía es propiedad en un 51 % de Navantia, y en otro 49 % de Indra, a través de la sociedad mercantil SAES Capital. Al frente de ésta se sitúa también otro socialista murciano, Joaquín López, ex vicesecretario general del PSRM.

El nombramiento de Hernández se corresponde con una estrategia de situar en las empresas públicas y semipúblicas a perfiles afines al PSOE o directamente a exdiputados, exministros o afiliados. Un ejemplo fue la llegada de Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, a la presidencia de Correos –de la que fue relevado tras dejar un agujero de 1.200 millones para recalar en SEITT, las autopistas rescatadas–. Otro, el situar al filósofo valenciano José Vicente Berlanga –cercano a José Luis Ábalos– al frente de la Empresa Nacional del Uranio, de la que fue relevado en 2021 por el exgerente del PSOE Mariano Moreno.

Contratos a dedo

La llegada de Hernández ha coincidido además con un importante incremento del pasivo de la compañía, que ha pasado de 1.835 millones en 2020 a casi 13.000 millones de euros en 2024.

Como consecuencia, el endeudamiento sobre los activos se ha disparado del 11,9 % al 85 % en un lapso de apenas cuatro años. En paralelo, la ratio de liquidez de la compañía se ha reducido drásticamente, pasando de 8,20 en 2020 a 1,20 en 2024.

En paralelo, la firma ha venido realizando un uso enormemente abultado de los contratos menores y negociados sin publicidad. En 2025, hasta mayo, el 94,1 % de los contratos se adjudicaron por procedimientos sin publicidad, y solo un 5,9 % mediante procedimientos abiertos como los acuerdos marco.

El nombramiento, «prerrogativa del Gobierno»

El nombramiento de Hernández Ruiz fue cuestionado por la oposición en el Senado en octubre de 2020. El Grupo Popular cuestionó al Gobierno sobre el criterio elegido, interesándose en particular sobre la formación profesional de anteriores presidentes de la firma «y si ha habido algún enfermero con anterioridad».

Ante ello, el Ejecutivo trasladó que el nombramiento de altos cargos en las empresas públicas «es una prerrogativa del Gobierno». También que el nombramiento «se ha llevado a cabo con transparencia y siguiendo la normativa pública y la normativa mercantil privada aplicable».