El Gobierno español apoya la flotilla de Gaza mientras sigue comprando armas a Israel

Sánchez intenta capitalizar el «no a la guerra» como arma electoral, pero la realidad de los negocios militares del Gobierno español sigue por donde solía: mucha declaración y pocos cambios en las importaciones y exportaciones con Israel. Vamos a ello.

Desde que el conflicto en Gaza escaló de forma dramática a partir del 7 de octubre de 2023, las relaciones entre el Gobierno español y la industria armamentística israelí no solo no han disminuido, sino que se han intensificado hasta alcanzar una cifra sin precedentes. Así lo recoge el informe Beneficio Colateral del Centre Delàs d’Estudis per la Pau y el Observatorio Shock Monitor, elaborado por Eduardo Melero y coordinado por Alejandro Pozo. El documento señala que entre octubre de 2023 y marzo de 2025, las importaciones españolas de armamento procedente de Israel han superado los 36,7 millones de euros. Para determinar esta cantidad acude a los productos clasificados bajo los códigos aduaneros 93 (armas y municiones) y 8710 (vehículos blindados). Más de la mitad de ese volumen se concentró en el último trimestre de 2023, el de mayor importación de España de los últimos años.

Pero las cantidades más importantes no se reflejan en la compraventa directa, sino en los contratos adjudicados a empresas israelíes por instituciones públicas españolas. Según el informe, se han firmado al menos 46 contratos con empresas israelíes, o con filiales y empresas intermediarias relacionadas con Israel, por un valor que supera los 1.044 millones de euros. Las principales son: Elbit Systems y Rafael Advanced Defense Systems. Estas adjudicaciones incluyen desde el mantenimiento del mortero Cardom -fabricado por Elbit para el Ejército de Tierra español y utilizado en la guerra de Gaza-, hasta los designadores láser Litening V y misiles Spike, fabricados en consorcio con empresas españolas como Escribano Mechanical & Engineering -los amigos de Pedro Sánchez-, Tecnobit, Indra o FMG. También destaca la producción conjunta de los lanzacohetes Silam, fruto de un acuerdo de transferencia tecnológica con Elbit Systems. Una colaboración de primera división.

Otra decisión del Gobierno durante estas fechas fue impedir el tránsito de armamento con destino a Israel por territorio español. Pues bien, el citado informe ya recoge que, pese a las afirmaciones del Ejecutivo, están documentadas varias rutas de tránsito por aire y mar de armas con destino al país, que incluyen escalas en la base de Rota, en el puerto de Algeciras, y en aeropuertos como el de Zaragoza. También señala la presencia de varios barcos que transportaban combustible para aviones militares israelíes que han hecho escala en puertos españoles. Unos con la flotilla de Gaza y los mismos permitiendo atracar en los puertos españoles.

El Gobierno puede mantener negocios con Israel ,pero nuestras empresas son señaladas como colaboracionistas

Por supuesto, el informe también señala el ya conocido escándalo de las balas israelíes compradas por el Gobierno español. Pero aquella noticia fue solo el aperitivo pues unos días más tarde los periódicos gallegos publicaban que al menos tres ayuntamientos (Vigo, Ourense y A Coruña) habían adquirido en los últimos cuatro años material policial a empresas israelíes por más de 500.000 euros. Compras que incluían escudos, chalecos, sistemas de vigilancia y tecnología de control del espacio urbano. Solo el de A Coruña había gastado más de 130.000 euros. Y no era ningún secreto. Los contratos se habían adjudicado mediante concursos públicos a empresas israelíes, siendo una de las principales beneficiadas ISPRA, especializada en equipamiento táctico.

Las reacciones de organizaciones de derechos humanos, plataformas ciudadanas y colectivos gallegos fueron tales que el Gobierno español no tuvo más remedio que anunciar en abril la rescisión de un contrato de suministro con Elbit Systems y la apertura de un proceso de revisión de las relaciones con los proveedores israelíes. Otra filfa pues aquel comunicado fue rectificado días después según el Centre Delàs: las cancelaciones no solo no se produjeron, sino que la práctica totalidad de los contratos se mantuvieron en vigor. Pero como el escándalo ya había saltado a la opinión pública, el Ministerio de Defensa no tuvo más remedio que decir que las exportaciones desde España a Israel se limitaban en exclusiva a material para reparación o pruebas, «sin fines ofensivos». Todo un hallazgo feliz: el armamento, a partir de ahora, se utilizará en España sin fines ofensivos. A veces piensan que somos idiotas.

Pero la realidad es terca y el Gobierno sigue permitiendo directa o indirectamente las relaciones armamentísticas con Israel. Un intercambio comercial que no se ha querido explicar públicamente y sobre el que se mantiene una opacidad que no hace sino evidenciar las contradicciones de su discurso. Ya supusimos que el Gobierno no haría nada contra los acuerdos de Indra con las empresas israelíes y, hasta hoy, los contratos siguen en vigor.

Sí se ha fajado el Gobierno es señalar –cómo no– a las empresas españolas que mantienen lazos comerciales con Israel: Mercadona, Inditex o el Grupo CAF. Él puede mantener negocios con Israel, pero nuestras empresas son señaladas como colaboracionistas. La historia se repite.

La realidad es terca y el Gobierno sigue permitiendo directa o indirectamente las relaciones armamentísticas con Israel

Pero ni las cantidades ni la trascendencia de los acuerdos son comparables. Que Mercadona venda patatas de origen israelí, o que alguno de sus productos marca blanca tengan procedencia de aquel país debe ser demonizado, pero nada dicen nuestros ministros de que la francesa Carrefour se expandió recientemente en Israel gracias a acuerdos con empresas locales de distribución.

El caso más paradigmático es el del Grupo CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles). El gigante vasco con sede en Beasain (Guipúzcoa) participa en el proyecto del tranvía de Jerusalén –el Jerusalem Light Rail– que conecta el oeste de la ciudad con colonias israelíes en el este: una zona ocupada desde 1967 y con un estatus legal en disputa internacional. Pues bien, nada dice en esta ocasión el Gobierno, no vaya a ser que el PNV se nos enfade y no apoye los Presupuestos o lo que tenga que apoyar.

La prensa nacional ha ido contando otros contratos que solo han merecido el silencio del Gobierno. Van desde la compra de 320 placas balísticas de los chalecos antibalas de la Guardia Civil desplegados, por ejemplo, en Gibraltar; hasta el Cellebrate, el programa forense israelí que usan tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional. ElDiario.es, nada sospechoso, hablaba de hasta 40 contratos de compra de armas a Israel realizados desde octubre de 2023, 20 de ellos en los últimos seis meses.

Y es que el Gobierno, noveno mayor exportador mundial de armamento, no podía permitir que le estropearan su negocio. Eso sí: hay que gritar en los mítines al menos tres veces «no a la guerra». ¡Una por cada chalé de Zapatero!