La 'cadena perpetua' que arrastran cientos de miles de jubilados forzados a retirarse antes

La historia de Santiago Menchero es la de muchos de su generación. Abandonó los estudios con 14 años para trabajar de botones en una empresa de telecomunicaciones, donde fue creciendo hasta alcanzar puestos de responsabilidad. Pero a los 61 años –mientras España luchaba por salir de la crisis económica– le obligaron a jubilarse anticipadamente con un recorte de por vida en su pensión del 24 %. No importaron los 47 años de cotización que había acumulado.

Hoy, a sus 73 años, es vicepresidente y portavoz de Asjubi40, una asociación que exige soluciones para un colectivo, el de los jubilados anticipados, que han visto menguada su pensión por los coeficientes reductores. Y no es un caso aislado. Hay alrededor de 900.000 jubilados con más de 40 años cotizados que arrastran un recorte vitalicio de su pensión. La mayoría se vieron empujados a retirarse tras despidos o reestructuraciones a partir de los 60 años, cuando ya es casi imposible volver al mercado laboral. Agotado el paro y con un subsidio para mayores de 52 exiguo, jubilarse antes era, más que una opción, la única salida.

Tras años de reclamaciones sin respuesta, Asjubi40 decidió llevar el caso a Europa. El pasado septiembre, el Parlamento Europeo dio la razón al colectivo y exigió al Gobierno español que corrigiera lo que calificó de «discriminación». En una sesión inusualmente unánime, todos los grupos políticos pidieron mantener abierta la petición y reclamaron a la Comisión Europea un informe sobre la aplicación de los llamados coeficientes reductores.

Juan Ignacio Navas, socio-director del despacho Navas & Cusí, que representa a la asociación, lo califica de «día histórico». «Ha sido lo más parecido a un diálogo estructurado que se produce en los procesos de infracción. La Comisión no puede permanecer al margen cuando se está produciendo un castigo de por vida», explica.

Durante el debate, la eurodiputada Ana Miranda (BNG-Verdes) apeló a la dignidad y la justicia. «Existe una discriminación efectiva de hecho y de derecho», dijo, recordando a sus propios padres, que también comenzaron a trabajar con catorce y quince años. Desde Compromís, Vicent Marzà denunció que muchos jubilados «no están recibiendo en función de su esfuerzo» y que en ocasiones «perciben pensiones inferiores a los 1.000 euros». PP y Vox también apoyaron mantener abierta la petición. El grupo socialista no votó, pero –según los demandantes– no expresó oposición.

El Parlamento acordó enviar una carta al Gobierno de España solicitando explicaciones. Para los afectados, es la primera vez que una institución europea los escucha con claridad. «Nos llamaron para hablar en un pleno y todos los partidos, españoles y no españoles, apoyaron que se pidiera explicaciones al Gobierno», recuerda Menchero. «Fue un día importante. Por fin alguien entendía que esto es una injusticia».

Coeficientes reductores

El mecanismo de los coeficientes reductores existe desde hace décadas. Se aplica un porcentaje de descuento por cada mes que un trabajador adelanta su jubilación respecto a la edad legal. En teoría, es una corrección actuarial, porque quien se retira antes cobra durante más años. Pero en la práctica, ese descuento se mantiene incluso cuando el jubilado ya ha alcanzado la edad ordinaria, convirtiéndose en un castigo permanente.

La reforma de 2021, impulsada por José Luis Escrivá, cambió las tablas y suavizó algunas penalizaciones, pero no modificó el fondo. Para compensar, el ministro creó un complemento para los jubilados anticipados entre 2002 y 2021, siempre que tuvieran al menos 44 años y 6 meses cotizados o 40 años con pensiones inferiores a 900 euros.

El complemento incluido en la reforma de Escrivá acabó siendo testimonial, con una mejora que apenas alcanzaba los 50 euros

Aquel complemento se quedó en una ayuda testimonial, afectando a menos de 100.000 beneficiarios y la mayoría con mejoras inferiores a 50 euros mensuales. «Una miseria, con la idea más de dividir que de solucionar», dice Menchero. «Les salió el tiro por la culata, porque la gente se cabreó más.»

Para quienes ya estaban jubilados, la sensación es de agravio comparativo. «Hay colectivos que se pueden jubilar con 60 años y 35 cotizados: militares, policías, profesores, magistrados... Nosotros no pedimos eso, solo que se elimine la penalización cuando llegamos a la edad reglamentaria, que en nuestra época era de 65 años.»

Fallo de diseño

Más allá de la indignación, detrás del conflicto se esconde una cuestión técnica. Enrique Devesa, profesor de la Universitat de València e investigador del IVIE, admite que «algo de razón sí tienen», pero «el problema es intentar tratar a todos por igual». «No tiene sentido eliminar el coeficiente reductor a los que han cotizado más de 40 años y dejarlo para los que lo han hecho 39 años y 300 días. Habría que hacerlo gradualmente», añade.

Devesa explica que el sistema deja de valorar los años cotizados más allá de 36 años y medio, porque a partir de ahí se alcanza el 100 % de la base reguladora. «Esa diferencia de 36 y medio a 40 no te reporta nada. Y ahí sí tienen razón. Podría seguir aumentando el porcentaje por cada año cotizado. Lo que no tiene sentido es decir ‘como he cotizado 45 años, que no me penalicen’, porque puede haber cotizado mucho tiempo... pero poco dinero.»

Para él, la solución pasa por extender la escala: seguir sumando algo más cada año, aunque ya se haya alcanzado el 100 %, y unificar la penalización por mes de anticipo. «Lo más lógico sería hacerlo desde un punto de vista actuarial, para que todos reciban en proporción a lo que han aportado», resume. «El porcentaje por años cotizados no debería detenerse en 36. En 2027 pasará a 37, pero tendría que seguir. Así también se incentiva seguir trabajando y cotizando más tiempo».

Dos varas de medir

La propuesta de Asjubi40 y la de Devesa no son opuestas, pero tienen enfoques distintos. La asociación reclama eliminar completamente los coeficientes reductores a quienes tengan 40 años o más cotizados, tanto en jubilaciones voluntarias como forzosas, mientras que los técnicos prefieren mantener una pequeña penalización por adelanto, pero ajustar el porcentaje de la base reguladora para que las carreras más largas se traduzcan en pensiones más altas.

En el fondo, ambos coinciden en que el sistema no distingue bien entre esfuerzo y privilegio. «Arreglar una injusticia no se puede medir por el dinero que cuesta», insiste Menchero. «Borja Suárez [secretario de Estado de la Seguridad Social] nos dijo que costaba mucho dinero. Pero si hay voluntad política, se puede hacer escalonadamente: primero a los que tienen más de 45 años cotizados, luego 43, y al año siguiente a todos los demás», agrega.

2.700 millones

Suárez reconoció en una reunión con la asociación que «la situación no era óptima», pero alegó el alto coste de una solución general. El estudio del Gobierno presentado en 2021 estimó que eliminar los coeficientes para todas las pensiones en vigor tendría un impacto de más de 2.700 millones de euros.

Asjubi40 respondió con un contrainforme que revelaba que el gasto real sería muy inferior si se aplicara de forma gradual y focalizada. El colectivo propuso eliminar primero las penalizaciones de quienes superen los 45 años cotizados, después las de 43 y finalmente las del resto. «Es cuestión de voluntad política», insiste Menchero, «si quieren, pueden hacerlo sin romper la caja».

Soluciones

La decisión del Parlamento Europeo no tiene efectos jurídicos, pero sí sienta las bases para una cambio. La Comisión Europea deberá analizar si España vulnera el principio de no discriminación recogido en la Carta de Derechos Fundamentales, y, si concluye que existe trato desigual, podría abrir un procedimiento de infracción. Mientras tanto, la petición sigue abierta y el Gobierno deberá remitir su informe a Bruselas.

Los expertos, por su parte, coinciden en que dos ajustes bastarían para corregir la inequidad. El primero, que el porcentaje de pensión no se detenga en 36 años y medio, sino que siga aumentando –aunque sea ligeramente– con cada mes extra cotizado. El segundo, que la penalización por adelanto sea igual para todos, en torno al 0,5 % por mes.

Sería un modelo más simple y transparente, donde cada mes trabajado sume y cada mes adelantado reste de manera proporcional. Una reforma así no solo simplificaría el sistema, sino que lo haría más justo y reconocería las aportaciones de una generación clave para el desarrollo económico del país. Como resume Menchero: «Nosotros levantamos este país. No queremos privilegios, solo que se nos trate igual que a los demás».