Del 30 % al 0,5 % de por vida: así penaliza la Seguridad Social la jubilación anticipada

Ya sea por motivos de salud, por la severidad del puesto o por motivos involuntarios, buena parte del tejido productivo se acoge cada año a la jubilación anticipada. Sin embargo, esta opción lleva incluida una penalización permanente en la pensión a través de los llamados coeficientes reductores.

Se trata de porcentajes que se aplican de por vida sobre la cuantía de la pensión cuando un trabajador decide, o se ve obligado, a jubilarse antes de alcanzar la edad legal ordinaria. Esa edad se sitúa hoy en 65 años para quienes han cotizado al menos 38 años y tres meses, y en 66 años y ocho meses para el resto, aunque en 2027 quedará fijada en 67 años.

El mecanismo es sencillo: cuanto más se adelante la jubilación y menos años se hayan cotizado, mayor es el recorte. En el caso de la jubilación anticipada voluntaria, que permite retirarse hasta dos años antes, los descuentos oscilan entre el 21 % y el 2,81 %. En la involuntaria, que puede anticiparse hasta cuatro años, la rebaja va del 30 % al 0,5 %.

La Seguridad Social establece cuatro tramos en función de los años cotizados. Por ejemplo, un trabajador con menos de 38 años y seis meses de cotización verá reducida su pensión un 2 % por trimestre de adelanto. En cambio, quien haya cotizado más de 44 años y medio asumirá un recorte del 1,625 % por trimestre. Así, jubilarse dos años antes tras 37 años cotizados supone perder un 16 % de la pensión, mientras que hacerlo un año antes implica una merma del 8 %.

La diferencia entre voluntaria e involuntaria es clave. En la primera, el trabajador elige retirarse antes de tiempo. En la segunda, el adelanto viene forzado por un despido o cese no imputable al trabajador. En ambos casos, la penalización se aplica para toda la vida del jubilado.

La consecuencia es que miles de personas con largas carreras laborales, pero expulsadas del mercado de trabajo en torno a los 61 o 62 años, se ven abocadas a una jubilación anticipada con recortes de por vida. Tras agotar el paro y sobrevivir con el subsidio para mayores de 52 años –unos 480 euros mensuales–, la única salida es adelantar el retiro, aunque suponga una rebaja permanente de cientos de euros en la pensión.

«Aunque no estés obligado formalmente, económicamente te ves forzado a acogerte a la jubilación anticipada», explica un miembro de Asjubi40. «Es sencillamente hacer un cálculo económico».

Falta de voluntad política

El sistema genera un fuerte malestar. Desde ciertos sectores reclaman que se eliminen los coeficientes reductores, al menos una vez que el trabajador alcance la edad legal ordinaria de jubilación. Consideran injusto que un recorte aplicado por jubilarse dos años antes se mantenga idéntico cuando el afectado ya ha llegado a los 65 o 67 años.

El Gobierno intentó acallar estas protestas con un complemento que apenas alcanza los 30 euros mensuales y que solo reciben uno de cada diez jubilados anticipados. De casi 900.000 afectados con más de 40 años cotizados, apenas 99.000 lo perciben.

Los sindicatos también han elevado la presión. CCOO reclama la aplicación inmediata de coeficientes reductores para sectores penosos como limpieza, construcción, recogida de residuos o trabajos en altura. «No falta ley, falta voluntad política», señalaron en una reciente jornada sindical, recordando que la normativa vigente ya habilita esta posibilidad.

Desde la sanidad pública, CSIF denuncia que el procedimiento aprobado en mayo dificulta el acceso a este derecho para el personal dependiente de las administraciones. Y en el campo, COAG pide que se reconozca la penosidad de la agricultura y la ganadería, oficios con jornadas al sol, esfuerzo físico extremo y una edad media de 61 años. «No es razonable exigir a un agricultor o ganadero que siga en activo hasta los 67 años», señala la organización.

A estas demandas se suma Fenadismer, que reclama la jubilación a los 55 años para los transportistas autónomos, uno de los sectores con mayor siniestralidad laboral.

Lentitud administrativa

El recientemente aprobado Real Decreto 402/2025 regula el procedimiento para que nuevos colectivos soliciten coeficientes reductores, revisables cada diez años en función de indicadores de morbilidad, mortalidad y penosidad. Sin embargo, las organizaciones profesionales critican la lentitud administrativa y la falta de aplicación práctica.

Además, los intereses del Ejecutivo van en la dirección contraria. Tras el fracaso de la reforma de José Luis Escrivá en lo que se refiere a la sostenibilidad del sistema, la Seguridad Social ha comenzado una campaña para incentivar el retraso de la jubilación con el fin de equilibrar las cuentas. Malos tiempos para el retiro anticipado.