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Trabajadores en una oficina de la Seguridad Social.

Trabajadores en una oficina de la Seguridad Social.EP

El Gobierno no convence a los mayores: la mayoría rechaza trabajar tras alcanzar la edad de jubilación

España sigue a la cola de Europa respecto al retraso de la jubilación pese a las reformas e incentivos aprobados por el Ejecutivo

El Gobierno lleva un tiempo promoviendo el retraso de la jubilación con el objetivo de equilibrar las cuentas ante el eventual retiro de la generación del baby boom. Sin embargo, el porcentaje de personas que se han acogido a las diferentes modalidades todavía es anecdótico y las perspectivas no son particularmente optimistas.

En su último informe Perspectiva de empleo para 2025, la OCDE anima a España a movilizar la masa laboral desempleada de mayor edad –530.000 mayores de 55 años en paro–, reducir drásticamente las jubilaciones anticipadas e incentivar la demora del retiro. Según este organismo, aprovechar esta oportunidad podría suponer una ganancia de 0,26 porcentuales de PIB y contrarrestar la caída estimada por la progresiva pérdida de mano de obra.

En España existen diferentes opciones para retrasar la jubilación o compatibilizarla con el trabajo, y el Ejecutivo está ultimando la jubilación reversible –antes llamada flexible– para potenciar el retorno al mercado de trabajo tras el retiro total sin renunciar a una parte de la pensión. La opción más habitual es la demorada, que permite retrasar el retiro a cambio de incentivos económicos, aunque con escaso éxito: en seis años, estas apenas han crecido en 6,6 puntos porcentuales para representar el 11,4 % del total de las nuevas altas.

Estos mecanismos de demora de la jubilación son relativamente habituales en la Unión Europea, donde casi el 22 % de los pensionistas continuaron trabajando o se reincorporaron al mercado laboral tras alcanzar la edad de retiro, de acuerdo con los datos del Eurostat. No así en España, donde este porcentaje alcanzó el 7,8 %, el más bajo de los Veintisiete por detrás de Rumanía (3,9 %) y Grecia (7,4 %). Por el contrario, en los países escandinavos y bálticos es normal encontrar cifras por encima del 50 %.

Y es que España ha sido tradicionalmente un país de jubilaciones anticipadas, algo que el Ejecutivo ha tratado de poner coto a través de coeficientes reductores, provocando las quejas de los colectivos de afectados, especialmente de aquellos que se vieron obligados al retiro involuntario. Desde 2019, el Gobierno ha conseguido reducir estas en un 11,9 %.

Pero las modalidades de retraso de la jubilación no acaban de calar entre los mayores, como demuestra un reciente estudio de la Fundación Mapfre. Según el V Barómetro del consumidor senior, el 62 % de los trabajadores en activo mayores de 55 años rechaza compatibilizar trabajo y pensión una vez alcanzada la edad de jubilación, porcentaje que asciende al 75 % en el caso de los ya jubilados.

Por el contrario, un 44 % de los trabajadores sénior en activo desearía acogerse a la jubilación anticipada lo que, según los autores del estudio, «pone de relieve la necesidad de generar condiciones adecuadas e incentivos reales para prolongar la vida laboral sea una opción atractiva y no una carga». El informe destaca que un 32 % de las personas entre 55 y 59 años se han sentido discriminados por su edad al intentar acceder a un empleo, porcentaje que, si bien se reduce al 23 % en la franja de 60 a 64 años, sigue siendo significativo.

Cambio cultural

Para el director del centro de investigación Ageingnomics de la Fundación Mapfre, Juan Fernández Palacios, «las nuevas políticas y recomendaciones deben ir acompañadas de un cambio cultural profundo en las empresas y en la sociedad».

«No podemos permitirnos desaprovechar el talento de las personas mayores de 55 años y para ello es clave crear entornos de trabajo más flexibles, sin prejuicios y con posibilidades reales de desarrollo profesional, aspectos clave para convertir el envejecimiento en una palanca de crecimiento económico y bienestar social», añade.

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