Alertan de posibles delitos de falsedad documental en el trabajo de empleados de Correos

El gran caos en el que se convirtió Correos con el mandato del amigo de Sánchez -Juan Manuel Serrano- entre los años 2018 y 2023 sigue aflorando problemas de calado que el nuevo presidente -Pedro Saura- va a tener difícil resolver, aunque lo esté intentando.

Uno de esos problemas es el retraso en la entrega de notificaciones. No solo se traduce en un problema para los receptores. También va contra el negocio: cada notificación administrativa o de juzgados deja 6 euros de beneficio a la empresa, frente a los 2,5 euros de ganancia que aporta la paquetería que se está priorizando.

Por eso en la empresa no entienden que no se esté atajando con más fuerza el problema que hay con las notificaciones, y hay empleados que están tratando de forzar la máquina para que se arregle.

El Sindicato Libre acaba de presentar una petición en la CNMC, que tiene bajo la lupa a Correos

El Sindicato Libre acaba de presentar en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una petición para que se prohíba expresamente a todas las unidades de distribución «el reparto y la intentona de notificación de cualquier comunicación administrativa que incumpla los plazos legales (caducada) o los requisitos formales (un solo intento)», como indican que se está haciendo, y que se proporcione a los carteros «un protocolo de acción claro y por escrito que les ampare legalmente para rechazar la distribución de estas notificaciones irregulares, evitando así su coacción para cometer irregularidades». Piden que se les informe por escrito en cinco días hábiles de las medidas adoptadas al respecto -la notificación está inscrita el 12 de octubre-.

El sindicato afirma que «se está instruyendo al personal de reparto de Correos para que proceda a la distribución y notificación de comunicaciones administrativas que presentan irregularidades graves que las invalidan jurídicamente».

Se refieren a notificaciones caducadas, que se entregan a los carteros para su reparto cuando han superado ampliamente el plazo legal de diez días naturales desde su emisión, según señala el artículo 30.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). «Una notificación caducada carece de validez y no produce efectos legales», indican.

La otra irregularidad se refiere a la instrucción de un único intento de entrega: «Se está ordenando a los carteros realizar un único intento de entrega de estas notificaciones, en clara vulneración del artículo 42.1 de la LPACAP, que exige un segundo intento en un plazo de tres días hábiles si en el primero no se encuentra al destinatario o a una persona adulta en el domicilio que pueda hacerse cargo». Aseguran tener pruebas.

El sindicato asegura que esta práctica irregular «supone un grave riesgo jurídico para los trabajadores», que puede derivar en acusaciones de «falsedad en documento público al extender diligencias de notificación (como «ausente» o «no se encuentra») en procedimientos viciados de nulidad; prevaricación administrativa, al participar conscientemente en un procedimiento ilegal; responsabilidad patrimonial de la empresa y posible repercusión contra el trabajador si un ciudadanos perjudicado por la notificación defectuosa reclama daños y perjuicios».

Evitar penalizaciones económicas

El Sindicato Libre señala en un escrito del 9 de octubre dirigido al responsable de Relaciones Laborales de Correos que en el transcurso de varias visitas a diversas unidades de reparto de la Comunidad de Madrid ha constatado «la existencia de órdenes e instrucciones verbales impartidas a los carteros para proceder al reparto de notificaciones caducadas mediante formato papel, fuera del sistema informático de registro en PDA».

Según el sindicato, esta práctica tiene como finalidad evitar que el sistema informático detecte la caducidad de dichas notificaciones: «Si se procesaran correctamente en la PDA, el sistema generaría un aviso y obligaría a Correos a asumir la correspondiente penalización económica», señalan. «Los trabajadores, por tanto, se ven obligados a cumplir instrucciones que vulneran los procedimientos reglamentarios, entregando manualmente notificaciones fuera de plazo, mientras que las restantes se tramitan con el procedimento digitalizado habitual», añaden.

La legislación recoge que Correos se compromete a garantizar la seguridad, integridad y fiabilidad de los envíos postales (artículo 6 de la Ley 43/2010); que toda notificación debe entregarse mediante un sistema que garantice constancia fehaciente de entrega o intento de entrega, con identificación del receptor, fecha y hora (artículo 38 del Real Decreto 1829/1999); que una notificación realizada fuera de plazo carece de efectos jurídicos (artículos 40 a 44 de la Ley 39/2015), y que la falsificación o manipulación de datos en documentos públicos o registros oficiales se tipifica como delito en el artículo 390 del Código Penal.

Por todos estos motivos, el Sindicato Libre pide que se abra una investigación interna para esclarecer los hechos, que se depuren reponsabilidades en los mandos intermedios o superiores que hayan emitido o consentido estas órdenes, que se proteja a los trabajadores y que se traslade esta petición a la Dirección de Auditoría Interna, Asesoría Jurídica y Dirección de Personas.

La empresa niega la acusación

Preguntada por la petición del Sindicato Libre, la compañía niega las afirmaciones: «Desde Correos desmentimos rotundamente la situación notificada. Correos cumple escrupulosamente el protocolo de dos intentos de entrega antes de dejar cualquier aviso de llegada y cumple con rigor los plazos de entrega efectiva marcados por la normativa».

Otros sindicatos admiten que sigue habiendo problemas con la entrega de las notificaciones, algo que es conocido por los usuarios, pero recalcan que ya ocurrían en la época de Serrano, y que sin embargo el Sindicato Libre no hablaba de ello entonces.

Por otra parte, recuerdan que ya hay empresas privadas que están trabajando con las notificaciones y tienen los mismos problemas de retrasos en las entregas, y que les parece «una irresponsabilidad» por parte del Sindicato Libre haber acudido a la CNMC, al que consideran un enemigo tradicional de Correos y un amigo del sector privado. Inciden a la vez en que el Sindicato Libre habla de problemas en zonas concretas, pero estiman que de ahí no puede deducirse que las indicaciones a los trabajadores de las que hablan sean un problema generalizado en Correos -los retrasos en las notificaciones, está claro que sí, como se ve a menudo en las quejas en noticias o en foros-.

Más allá de esta cuestión, la empresa abordará casi con toda seguridad la semana que viene dos de las cuestiones más relevantes que afectan al personal: las bolsas de horas y las prejubilaciones. Paradójicamente, después de tres años en su cargo, el director de Recursos Humanos, Fernando Ramírez, aún no tiene la foto exacta de la plantilla, que permitiría abordar ya las prejubilaciones y acometer con las sindicatos la reordenación de la plantiila.