El Congreso aprueba el rescate de Correos en medio de un gran caos en sus oficinas

El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, tal como había anunciado este periódico desde primera hora de la mañana, el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en el que se incluye sorprendentemente una enmienda para salvar a Correos. Esta enmienda, que se introduce con el acuerdo entre PP, PSOE y Coalición Canaria, supone la inyección de 3.000 millones de euros en cuatro años por parte del Estado en la maltrecha compañía postal, que acumula unas pérdidas de más de 1.200 millones de euros de la época del anterior presidente, Juan Manuel Serrano, el amigo de Sánchez.

El presidente de la compañía, Pedro Saura, tenía el visto bueno del Gobierno desde diciembre para recibir la inyección de dinero, pero ha tardado siete meses en concretarse en el plano legislativo. Como hemos comentado en otras ocasiones, el reparto de los 3.000 millones se hará de esta manera: 1.600 millones –400 al año– serán para sufragar el Servicio Postal Universal (SPU) –con el que Correos cumple el servicio público de que los envíos lleguen a toda España–, y el SIEG (Servicios de Interés Económico General), los servicios que las oficinas de Correos darán sacando partido de su presencia en toda España (venta de seguros, gestiones administrativas, servicios financieros básicos...). Los 1.400 millones restantes irán al nuevo convenio colectivo -aunque fuentes sindicales apuntan que lo más probable es que se llegue a acuerdos en lugar de a un nuevo convenio- y al plan de prejubilaciones.

De todos modos, el foco está puesto en la reestructuración de la plantilla. Su coste supone ahora el 90 % de los ingresos de la compañía, y el objetivo es bajarlo al 70 % para que la empresa pueda ser viable. Una vez encarrilada la recolocación de los 800 trabajadores de los ruinosos centros nodales -centros de gestión, clasificación y preparación de de envíos- inventados por Serrano, que provocaban 26,2 millones de pérdidas anuales, la compañía tendrá que abordar el plan de prejubilaciones y de salidas voluntarias, que previsiblemente empezará a estudiarse a partir de la segunda semana de septiembre, según fuentes sindicales. La idea es que pueden salir alrededor de 7.000 empleados de los 47.000 que actualmente tiene Correos, algo que harán más fácilmente si se van con buenas condiciones. En buena medida a eso va destinado el dinero que le dirigirá el Estado.

Mientras tanto, gran caos en las oficinas

El verano de 2023, el último del amigo de Sánchez (Juan Manuel Serrano) al frente de la compañía, fue especialmente caótico, pero la situación puede volver a reproducirse este verano con un presidente distinto al mando.

La llegada de Pedro Saura ha puesto algo de orden, pero los sindicatos alertan de que la correspondencia se acumula en las oficinas y se producen retrasos en las entregas, algo especialmente preocupante en el caso de las notificaciones, que pueden pasarse de plazo.

El Sindicato Libre ha constatado en Madrid que «se están tramitando como avisadas numerosas notificaciones sin que se haya realizado el intento de entrega en el domicilio del destinatario. Se registra en el sistema que la notificación ha sido notificada con un aviso dejado en el domicilio, cuando en realidad la notificación no ha salido de la unidad ni se ha realizado desplazamiento alguno. Posteriormente, los avisos son depositados en los buzones por personal distinto, simulando un procedimiento que nunca se ha llevado a cabo».

En Madrid se tramitan como avisadas notificaciones que no se han intentado entregar en el domicilio

Con ello consideran que Correos está vulnerando el artículo 42.2 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, que exige dos intentos de notificación en el domicilio, en días y horas diferentes, antes de considerar la notificación no entregada y dejar aviso.

La normativa interna y el Manual Operativo de Correos establecen de manera expresa que cada intento de notificación debe ser realizado de forma personal y presencial por el empleado asignado, quedando registrado de manera veraz y fidedigna en los sistemas de la empresa, indican desde el sindicato. «Cualquier desviación de este procedimiento constituye una infracción grave de las obligaciones laborales y del propio compromiso de Correos con la legalidad y la calidad del servicio público», añaden.

El sindicato señala además que se están utilizando usuarios y contraseñas corporativas de trabajadores sin su consentimiento ni conocimiento para registrar como propias unas actuaciones que no han realizado. Estiman que «este hecho constituye una infracción muy grave de la seguridad de la información y puede tener consecuencias legales directas, tanto para la empresa como para los empleados implicados».

El Sindicato Libre estima que se está incurriendo en irregularidades que pueden dañar la reputación de Correos

En el sindicato creen que estas actuaciones suponen falsedad documental y suplantación de identidad (artículos 390 y siguientes del Código Penal y artículo 197 sobre protección de datos) y una violación de los derechos fundamentales de los Trabajadores (artículo 18 de la Constitución y Estatuto de los Trabajadores).

Afirman que la continuidad de estas prácticas «afecta a la fe pública y puede derivar en la nulidad de notificaciones, responsabilidad disciplinaria y penal, y es un grave perjuicio tanto para la reputación Correos como para la seguridad jurídica de sus actuaciones».

El sindicato pide que se paralicen estas prácticas, se investiguen los hechos y depuren responsabilidades, que se refuercen los controles internos para evitar el uso indebido de credenciales y la falsificación de actuaciones y que se proteja a los trabajadores que denuncian estos hechos.

Piden a la empresa que actúe de forma inmediata y eficaz, y que en caso de no hacerlo acudirán a la justicia para defender «la legalidad, la seguridad de los trabajadores y el correcto funcionamiento del servicio».

En este caso el sindicato habla de Madrid, pero los problemas con las entregas se están produciendo en toda España. Estiman que se debe a la falta de reposición del personal, especialmente en verano, y ven en ello un problema importante, pues la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puede multar a la compañía si no presta bien el servicio.