La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.
Los sindicatos, divididos ante la propuesta del Gobierno de subir un 11 % el sueldo a los funcionarios
CCOO y UGT valoran el esfuerzo del Ejecutivo y estudiarán la propuesta, mientras que CSIF amenaza con movilizaciones
La propuesta de aumento salarial del 11 % hasta 2028 para los empleados públicos ha provocado la división entre los sindicatos mayoritarios de funcionarios. Mientras CCOO y UGT «valoran» positivamente el esfuerzo y estudiarán la oferta, CSIF la considera una «condena» y amenazan con nuevas movilizaciones.
La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, trasladó que el 11 % es una cifra «inamovible» para el Ministerio y avanzó que las subidas no podrán superar el 4 % en el acumulado de 2025 y 2026, aunque aún no ha detallado cómo se distribuirá el incremento a lo largo del periodo 2025–2028.
Ese tope inicial ha provocado el conflicto. CSIF considera que la oferta sigue siendo «insuficiente», advierte de que la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010 no se corrige y reclama que una parte más relevante del incremento se concentre en los dos primeros ejercicios. El sindicato insiste en que la estructura temporal de la subida debe garantizar seguridad jurídica ante la posibilidad de un cambio de Gobierno antes de 2028. «Si se mantiene el 4 % para los dos primeros años tendremos que volver a las calles», avisa.
Este sindicato reconoce que el efecto de deslizamiento en la actualización de tablas puede elevar el incremento final al 11,5 %, pero sostiene que la clave está en cómo se reparte la subida. Por eso pide al Ejecutivo que acuda el lunes con una propuesta alternativa que ajuste la oferta a sus reivindicaciones.
UGT y CCOO, por su parte, han recibido la oferta con mejor disposición. La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, señaló que la cifra «podría valer» si se confirma el impacto real del 11,5 % y destacó la relevancia de la mejora prevista para 2027: un 5 % de subida fija en enero, que supondría un crecimiento acumulado del 9 % en apenas trece meses. Tanto UGT como CCOO analizarán la propuesta en sus órganos internos antes de fijar posición.
CCOO también ha valorado el esfuerzo del Gobierno y ha defendido que es «el momento de estudiar detenidamente esta oferta y dar una respuesta responsable» para intentar desbloquear la situación. El sindicato subraya que los empleados públicos sufren una «congelación salarial de facto» y considera imprescindible que el próximo acuerdo permita recuperar poder adquisitivo.
El anterior acuerdo contemplaba incrementos retributivos con una parte fija y otra variable. Ese pacto permitió elevar los sueldos de los empleados públicos en torno a un 10 %, con un coste aproximado de 13.000 millones de euros. Cuando se firmó, en el otoño de 2022, la inflación rondaba también el 10 %.
La negociación continuará el lunes, cuando sindicatos y Ministerio volverán a verse para intentar cerrar un acuerdo que afectará a los salarios de más de tres millones de empleados públicos hasta 2028.