Hay Derecho recurre ante la Audiencia Nacional el nombramiento del marido de Teresa Ribera en la CNMV

La Fundación Hay Derecho ha presentado una demanda ante la Audiencia Nacional contra el nombramiento en el año 2022 de Mariano Bacigalupo, marido de Teresa Ribera, como vocal del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La demanda se ha formalizado después de que el Tribunal Supremo reconociera la legitimación activa de la Fundación, revocando la decisión inicial de la Audiencia Nacional que la había denegado, por lo que la Audiencia Nacional está obligada a entrar en el fondo del asunto.

La Fundación cuestiona que el designado reúna el requisito legal de «experto reconocido en mercados de valores», y ve en su salto inmediato de la CNMC a la CNMV un movimiento motivado por el fin de su mandato y la búsqueda de continuidad en otro regulador.

Según ha explicado Elisa de la Nuez, secretaria general de la Fundación, «una vez que el Tribunal Supremo nos reconoce la legitimación activa [...], ya se puede entrar en el fondo del asunto del recurso que pusimos ante la Audiencia Nacional». Ese fondo consiste, precisamente, en evaluar si el nombramiento cumplía los requisitos legales previstos.

El CV de Bacigalupo no acredita formación para el cargo

La Ley del Mercado de Valores exige que los consejeros electivos de la CNMV sean personas de reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores. Sin embargo –señala la Fundación–, el currículo de Bacigalupo no acredita experiencia ni formación en este ámbito.

Tal y como ha explicado De la Nuez, «para ser consejero se necesita ser un experto reconocido en el ámbito del mercado de valores, y el señor Bacigalupo no solo no tiene en su currículum nada que avale eso, sino que viene de ser consejero de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un organismo regulador diferente con funciones muy distintas».

Ese «salto» sin transición ni acreditación técnica supone, para Hay Derecho, un incumplimiento claro del requisito legal: «Es difícil cumplir los requisitos legales de las dos a la vez. Si cumples los de uno y te has dedicado a eso [...], no puede ser que, sin solución de continuidad, de un día para otro pases a un organismo que requiere unos requisitos legales diferentes y tiene funciones diferentes», ha recalcado De la Nuez.

Falta de mérito y capacidad en los nombramientos públicos

Para la Fundación, este ejemplo ilustra un patrón recurrente en el sector público, tanto estatal como autonómico: la falta de mérito y capacidad en los nombramientos públicos. La diferencia radica en que, en este caso, existen requisitos legales concretos que no se han respetado.

La demanda expone, además, que el expediente administrativo del nombramiento está vacío de contenido sustantivo y no incluye ningún tipo de información; ni siquiera el currículum del candidato, lo que refuerza la ausencia de motivación y el carácter arbitrario del acto.

La Fundación, que logró la anulación por parte del Tribunal Supremo del nombramiento de Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado, recuerda que estas designaciones, cuando se realizan al margen de la ley, erosionan la independencia de los organismos reguladores y dañan la confianza en las instituciones.

El mandato de Bacigalupo estaba próximo a acabar

En palabras de Elisa de la Nuez, «el contexto es que el mandato del señor Bacigalupo en la CNMC estaba próximo a finalizar y, en lugar de terminar su mandato, se produjo un cese anticipado que permitió su nombramiento inmediato en otro organismo regulador por cuatro años más». Añade, además, que «la vinculación personal del designado con una miembro del Gobierno –la entonces vicepresidenta Teresa Ribera–, y su pertenencia al mismo Consejo de Ministros que la titular del departamento que realiza la propuesta –la ministra de Economía, Nadia Calviño– forman parte del contexto en el que se produce este nombramiento».

«No se trata de personas, sino de instituciones: los organismos reguladores deben estar dirigidos por expertos independientes que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa, y no que sean nombrados por afinidades políticas o personales», ha querido recordar por su parte Safira Cantos, directora general de Hay Derecho.

La Audiencia Nacional deberá ahora analizar si el nombramiento cumple los requisitos legales exigidos. La Fundación solicita su anulación y la imposición de costas a la Administración. «Con estas acciones de litigación estratégica rigurosa, Hay Derecho reafirma su compromiso con la defensa del Estado de derecho, la integridad institucional y el respeto a los principios de mérito y capacidad en los nombramientos públicos», ha concluido Cantos.