Moncloa consultará a los ciudadanos sobre el cierre de Almaraz tras ignorar sistemáticamente a los expertos

El cierre de Almaraz dejará un considerable agujero económico en la región. Los estudios estiman un impacto del 14 % del PIB local y hasta 15.300 empleos a nivel nacional. Para «el día después», el Gobierno ha filtrado un plan con el que pretende amortiguar el golpe y contener el desaguisado derivado de una decisión que apenas cuenta con respaldo técnico.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha elegido a El País, portavoz oficioso del sanchismo, para adelantar un parche con el que Moncloa intenta contener las críticas por el desempleo que dejará el cierre de Almaraz. Según publicó el diario, la nueva Estrategia de Transición Justa 2026-2030 se abrirá a consulta pública e incluirá incentivos a la inversión, ayudas industriales y apoyo a territorios en reconversión energética.

El plan no se limita a Almaraz, sino que aspira a cubrir otras regiones afectadas por el apagado de térmicas o nucleares, con especial atención a zonas en riesgo de despoblación. El Gobierno afirma que busca construir un tejido alternativo capaz de absorber empleo y actividad una vez se confirme el cierre de la central, aunque no existe aún una cartera real de proyectos ni compromisos de inversión equivalentes al peso económico de la planta.

Horas después de la exclusiva del diario de Prisa, el departamento que dirige Sara Aagesen confirmó el inicio de la consulta pública para recabar aportaciones de ciudadanos, empresas, administraciones y agentes sociales. La iniciativa resulta paradójica tras años en los que el Ejecutivo ha ignorado sistemáticamente las advertencias de expertos, patronales e incluso sindicatos sobre el impacto del apagón nuclear.

La consulta estará abierta hasta el 1 de febrero de 2026 y recogerá opiniones sobre los retos sociolaborales de la transición energética, los colectivos vulnerables, los instrumentos para garantizar una transición justa y los mecanismos de coordinación institucional. Según el Ministerio, el objetivo es «maximizar las oportunidades económicas y de empleo» y «minimizar los impactos sobre los territorios más expuestos».

Fuentes del departamento subrayan que se pretende evitar la «garoñización» de Almaraz, en referencia al caso de Santa María de Garoña, cuyo prolongado proceso de cierre impidió activar alternativas industriales. «Lo que se quiere es que el cierre no suponga un impacto para el territorio, sino que haya alternativas cuando la central cierre», sostienen. Incluso llegan a afirmar que «solo el trabajo de desmantelamiento de la central genera más empleo que el que tenía la central abierta».

Cierre millonario

El cierre de Almaraz tendrá un impacto económico crítico para Extremadura. Un informe de Metyis calcula una pérdida anual de 732 millones, resultado de 297 millones en costes operativos y de capital más 435 millones en impuestos y tasas que dejarán de generarse. A nivel productivo, estima un descenso de 124 millones en valor añadido bruto y 2.114 empleos solo en el entorno local –el 14 % de su PIB y el 15 % del empleo industrial de la zona–. La factura crecerá a 207 millones y 3.838 empleos en el conjunto de Extremadura, y alcanzará los 829 millones y 15.370 empleos en el total nacional.

El análisis advierte también de una mayor dependencia energética del exterior, menor seguridad de suministro y un encarecimiento previsible de la electricidad. A ello se sumarían la pérdida de empresas proveedoras, el empobrecimiento fiscal del territorio y un proceso acelerado de éxodo laboral y envejecimiento demográfico.

FEDEA, por su parte, sitúa el coste acumulado del desmantelamiento nuclear y la gestión de residuos hasta 2100 en 20.219 millones, de los cuales 4.765 millones corresponderían directamente al cierre de las centrales. Y aunque el proceso esté prefinanciado, el think tank advierte de que los costes indirectos acabarán repercutiendo en los precios eléctricos y en los servicios de ajuste, elevando el coste del sistema que acabará pagando, en última instancia, el consumidor.