Un grupo de inmigrantes trabajando en el campo
La UE priorizará a los países en desarrollo que readmitan a los inmigrantes para bajarles los aranceles
Quien obstaculice este retorno tendrá más aranceles a la hora de exportar sus productos a la Unión Europea
El Consejo de la Unión Europea (la representación de los gobiernos nacionales) y el Parlamento Europeo alcanzaron en la noche de este lunes un acuerdo que llevaba bloqueado desde 2023 y por el que la Unión Europea priorizará la readmisión de inmigrantes a la hora de establecer ventajas comerciales con los países en desarrollo.
La Unión Europea mantiene acuerdos comerciales con países en desarrollo según los cuales el intercambio comercial entre los países y la UE apenas tienen aranceles, cuando los tienen, para favorecer el desarrollo de estos países y su industria.
Sin embargo, según este acuerdo alcanzado después de años de conversaciones y negociaciones, aquellos países que pongan más dificultades a la hora de readmitir a los inmigrantes que salieron de sus fronteras, verán incrementados estos aranceles.
El acuerdo es de tal importancia que hasta la propia presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola se hizo eco de él y consideró que con esta medidas se verán «beneficiados los ciudadanos y negocios de la Unión Europea, pero también de los países en vías de desarrollo».
Será la Comisión Europea quien estará encargada de «supervisar» el cumplimiento de las obligaciones de readmisión y quien tendrá la potestad para actuar, aunque tendrá que informar con transparencia al Parlamento y al Consejo de las eventuales decisiones que se tomen.
La Eurocámara, por su parte, ha apuntado que se han introducido por su iniciativa «criterios más estrictos» para activar esta condicionalidad, por ejemplo que se deba iniciar un procedimiento de evaluación vinculante con el país tercero «de al menos doce meses» antes de tomar ninguna medida. Fue precisamente la falta de acuerdo a la hora de decidir estos criterios los que provocaron que las negociaciones sobre este acuerdo permanecieran paralizadas desde el año 2023 y que fuera necesario unas elecciones que cambiara el reparto de grupos en el Parlamento Europeo para retomar las negociaciones.
Además, se prevé un periodo de transición de dos años desde la entrada en vigor de la reforma del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) antes de que la «condicionalidad de readmisión» sea aplicable a los países menos desarrollados.
La revisión del marco comercial con países en desarrollo endurecerá también las exigencias en materia de Derechos Humanos y Medio Ambiente, además de permitir una mejor supervisión y transparencia del programa, según ha indicado el Consejo.
Para ello, por ejemplo, se aumenta la lista de convenios internacionales sobre Derechos Humanos, medio ambiente y condiciones laborales que deberán ser respetados por los participantes del programa y se crea un procedimiento de urgencia para la retirada rápida de las preferencias en caso de violación de los principios de estos convenios.