Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga (El Hierro) el pasado diciembre
Los millonarios costes que se esconden detrás del descenso de llegadas de inmigrantes a Canarias
Cada vez que el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska viaja a Marruecos, Mauritania o Senegal, acude con una gran 'saca' para pagar el freno a la inmigración
El pasado día 4 el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, agradecía a su homólogo senegalés, Mouhamadou Bamba Cissé, «la eficacia preventiva, diaria y permanente» del país africano para reducir al inmigración irregular «tanto en sus fronteras como en sus costas».
No en vano, solo en lo que llevamos de año, la llegada de inmigrantes irregulares a las Islas Canarias, a donde van los cayucos que salen de Senegal, se ha reducido en un 58,6 %, de 34.087 a 14.099 inmigrantes en los diez primeros meses del año, según los datos del Ministerio del Interior.
Este descenso de la inmigración irregular se traduce en un menor coste en el cuidado y atención de estas personas. Pero también esconde una realidad: las inversiones millonarias que tanto España como la Unión Europea realizan en los países de la coste occidental africana para que contengan a los inmigrantes.
El 21 de marzo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se reunía en Madrid con el anterior ministro del Interior senegalés, el general Jean Baptiste Tine. «Somos conscientes de los esfuerzos en materia de lucha contra la inmigración irregular que Senegal realiza diariamente en sus fronteras, así como en el mar», aseguraba Marlaska.
En el país africano, España tiene desplegado un contingente formado por 33 guardias civiles y 3 policías nacionales que realizan labores de patrullaje con la policía senegalesa con el apoyo de cuatro embarcaciones, un helicóptero y 13 todoterrenos. «La labor de vigilancia preventiva conjunta ha permitido incrementar el número de salidas irregulares evitadas en origen, que han pasado de 700 interceptaciones en 2022 a 10.000 en 2024».
El pasado 16 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a Nouakchott, capital de Mauritania para celebrar la primera Reunión de Alto Nivel entre ambos países. En este encuentro se firmaron cuatro acuerdos en materia de transporte, Seguridad Social, ciberseguridad y parques nacionales «y se ha evidenciado la excelente relación hispanomauritana y la voluntad de reforzar la colaboración en otras materias de interés bilateral, como las migraciones, la seguridad, el desarrollo económico, la pesca o la enseñanza del español», explicaba una nota de prensa de Moncloa.
Pero detrás de estos acuerdos bilaterales se esconden actuaciones más menos amables. La ONG Red Acoge denuncia que «cuando se celebran los descensos de llegadas hay que preguntarse cuántas personas han muerto en el camino, cuántas han sido detenidas o devueltas sin garantías, cuántas con derecho al refugio se han quedado fuera». Porque cada martes, el Consejo de Ministros, con el apoyo de la Unión Europea transfieren millones de euros a países como Mauritania, Marruecos o Senegal para reforzar las fuerzas de seguridad y gestionar las salidas de inmigrantes.
1.500 millones de euros
Según publicaba el activista social, Bruno Perera, el pasado domingo en 'La verdad de Lanzarote', y basándose en datos del Tribunal de Cuentas y de Eurostat, «el coste anual estimado de la inmigración irregular en Canarias se calcula en 1.500 millones de euros. Quinientos millones se destinan a la acogida, tutela y atención de unos 6.000 menores extranjeros no acompañados y varios miles de adultos. Los otros 1.000 millones restantes corresponden a las subvenciones que la Unión Europea entrega a Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia para que controles sus costas».
Y dentro de esas subvenciones se encuentran, por ejemplo, dos centros de atención a los inmigrantes inaugurados el pasado 17 de octubre en las ciudades mauritanas de Nouakchott y Nouadhibou. Algunas ONG temen que lugares como éstos más que centros de atención se conviertan en centros de detención.
Un informe de la ONG 'Human Rights Watch' denunció el pasado mes de agosto «graves violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades mauritanas en el contexto de la gestión migratoria».
Quizá es por eso que en los últimos meses se ha notado un aumento de los cayucos que parten de las costas de Gambia y una disminución de las que lo hacen desde Senegal y Mauritania, situadas más al norte y, por lo tanto, más cerca del archipiélago canarios.
El cayuco más grande llegado hasta Canarias este año, sin ir más lejos, el pasado día 6, con 248 inmigrantes, había partido de Gambia.
