España entra este martes en números rojos

A partir de este martes, España entra en números rojos. Es el Día de la Deuda, la fecha bautizada por el Instituto Juan de Mariana en la que nuestro país ha agotado todos sus ingresos y comienza a financiarse con crédito. Con un déficit previsto de 47.000 millones y un gasto que vuelve a superar a los ingresos, la mayor parte del desequilibrio se concentra en la Administración Central y en la Seguridad Social. En dos décadas, el endeudamiento por habitante se ha triplicado hasta superar los 33.000 euros.

En apenas dos décadas, la deuda pública ha pasado de niveles relativamente moderados a situarse entre los más elevados de la Unión Europea: del 45,3 % del PIB en 2004 al 101,8 % al cierre de 2024. Ningún otro país de gran tamaño ha registrado un incremento similar. Este salto ha convertido a España en la cuarta economía del continente que más recursos destina al servicio de la deuda, «consignando a ello el 2,4 % del PIB», según el informe. Si en 2004 cada español «debía» 9.163 euros, tras la crisis financiera esta cifra se disparó por encima de los 19.800 euros en 2012 y ha continuado creciendo hasta alcanzar los 33.332 euros en 2024.

Este volumen supone un lastre estructural para las finanzas públicas. Para dimensionarlo, por cada euro destinado a intereses se gastan 2,76 euros en sanidad y 1,77 euros en educación, lo que implica que el coste financiero absorbe más de la mitad de todo el presupuesto educativo. Incluso en áreas sensibles como el orden público y la seguridad, la proporción es de solo 0,77 euros por cada euro en intereses, reflejando hasta qué punto la factura de la deuda compite con funciones esenciales del Estado.

¿Se trata de un problema de exceso de gasto o de falta de ingresos? Los datos muestran que la recaudación está en máximos históricos, con una presión fiscal que ha pasado del 34,7 % del PIB en 2004 al entorno del 37 % en los últimos ejercicios. Entre 2018 y 2025, los contribuyentes han soportado 97 subidas de impuestos y cotizaciones, a lo que se suma la ausencia de deflactación del IRPF para ajustarlo a la inflación. Es decir, el desequilibrio no responde a una falta de ingresos, sino a un gasto público desbordado.

En veinte años, el gasto prácticamente se ha duplicado y España acumula déficits estructurales desde 2008. O lo que es lo mismo, lleva diecisiete años sin cuadrar las cuentas. Este patrón, unido al incumplimiento persistente de las reglas fiscales europeas, está encareciendo la financiación del Estado, generando más pagos por intereses y reduciendo el margen para otras políticas públicas.

«Lo deseable, por lo tanto, es avanzar hacia un mayor rigor presupuestario e imitar el comportamiento de países como los nórdicos, que de hecho han demostrado que es posible sostener un Estado de Bienestar razonablemente amplio sin incurrir en déficits crónicos ni propiciar un endeudamiento galopante», señalan los autores del informe.

El Ejecutivo ha reordenado partidas y reclasificado desembolsos, lo que ha permitido mantener el aumento de gasto al margen del debate presupuestario

La situación se agrava por la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado. Desde 2023, el Ejecutivo opera con unas cuentas prorrogadas diseñadas para un contexto ya superado. Según el informe, entre enero y septiembre de 2025 el gasto público superaba en 85.000 millones lo previsto en los PGE de 2023, de modo que la prórroga no ha supuesto una contención del gasto. El Ejecutivo ha reordenado partidas y reclasificado desembolsos, lo que ha permitido mantener el aumento del gasto al margen del debate presupuestario.

El retraso presupuestario no solo plantea problemas de transparencia, sino que también perpetúa estructuras de gasto que no han sido sometidas a una evaluación rigurosa de su impacto. El resultado es un sector público que continúa gastando más de lo que ingresa, con menor capacidad de adaptación a las necesidades actuales y mayor vulnerabilidad frente a los mercados financieros.

El elefante en la habitación

El principal responsable del desequilibrio fiscal es el sistema de pensiones, lo que el informe denomina «el gran elefante en la habitación». Si en 2011 el Fondo de Reserva –la conocida «hucha de las pensiones»– superaba los 66.000 millones de euros, hoy el sistema acumula 126.000 millones de deuda y presenta un patrimonio neto negativo de 98.526 millones. A ello se suma una creciente dependencia de las transferencias del Estado: desde 2005, la Administración Central ha inyectado más de 400.000 millones de euros para sostener las prestaciones, una cifra equivalente al PIB de países como Austria o Noruega.

«Lo relevante es que la deuda y el patrimonio neto negativo ya forman parte de la contabilidad oficial y, por tanto, no dependen de que el gobierno admita o no su existencia», apuntan los autores del informe, que subrayan que lo que debería reconocerse es el «esfuerzo extraordinario» que han supuesto estas transferencias masivas.

La indexación de las pensiones al IPC explica por qué, pese al aumento de cotizaciones y de las transferencias estatales, el déficit sigue ampliándose

El documento atribuye a la revalorización de las pensiones conforme al IPC buena parte del deterioro financiero del sistema. El coste mensual de esa medida ha pasado de unos 1.800 millones antes de 2021 a más de 3.000 millones en 2024. «Cada año las pensiones se actualizan sobre la base del incremento anterior, generando un efecto ‘bola de nieve’ que amplifica el gasto», señala el informe, que recuerda que este mecanismo explica por qué, pese al aumento de cotizaciones y de las transferencias estatales, el déficit sigue ampliándose.

Ni siquiera la implantación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) ha corregido esta tendencia. Aunque ha permitido volver a dotar el Fondo de Reserva, los autores advierten de que los activos acumulados –9.400 millones al cierre de 2024– «apenas cubren 16 días de la nómina de las pensiones», mientras que los pasivos del sistema crecen mucho más rápido.

Optimización y auditorías

Por último, el informe ofrece varias recomendaciones para consolidar las cuentas públicas. Una de ellas es la racionalización de los 19.834 entes públicos dependientes del Estado, cuyo volumen –señalan– refleja un «sobredimensionamiento» administrativo que genera ineficiencias. El documento también reclama una auditoría integral del gasto, especialmente en materia de subvenciones. Entre 2018 y 2024 se han concedido 184.524 grandes subvenciones (ayudas de más de 100.000 euros), con una tendencia claramente ascendente: de 17.552 en 2018 a 29.804 en 2024. El promedio anual del actual Gobierno asciende a 26.361.

Asimismo, plantea revisar determinadas partidas, como las destinadas a políticas de Igualdad. Según el informe, con un presupuesto superior a 500 millones, se han financiado actividades muy diversas –carreras de tacones, talleres de maquillaje, masterclasses de zumba o jornadas de pádel– y también «informes extravagantes», como uno de 10.000 euros que concluía que «las mujeres trans sufren más la menstruación que las mujeres biológicas».

«Mientras tanto, los indicadores de violencia no mejoran: 2024 cerró con récord de agresiones sexuales», recoge el documento, que recuerda que la llamada ley del 'solo sí es sí' derivó en rebajas de condena para 1.400 agresores. El informe también señala fallos en la operatividad de las pulseras telemáticas de control, pese a los 45 millones dedicados a adquirir 4.800 aparatos modificados de procedencia china en lugar de dispositivos diseñados específicamente para esta función.