Alberto Nadal (PP): «El único impacto real de los fondos europeos ha sido ayudar a Sánchez a gobernar sin Presupuestos»

Los vicesecretarios económicos del PP, Alberto Nadal (Economía) y Juan Bravo (Hacienda), han comparecido para analizar de manera pormenorizada el efecto real de los cacareados fondos europeos Next Generation en la economía española: «El único impacto real ha sido ayuda a Pedro Sánchez a gobernar sin Presupuestos», ha dicho Alberto Nadal.

Juan Bravo ha recordado que el objetivo inicial de estos fondos «era muy bueno»: paliar la década perdida que Europa veía venir respecto a Estados Unidos y China. Pero en España no se han gestionado bien, y, como consecuencia, la oportunidad se ha perdido: «No sabemos dónde ha ido el dinero. ¿Ese es el camino?», se ha preguntado. «Nadie ha estado detrás para gestionar», ha dicho.

El vicesecretario ha mostrado y criticado con dureza cómo se han utilizado fondos europeos para poner plantas, hacerse selfies o promocionar circos, objetivos muy lejanos a la transformación de la economía española que supuestamente se perseguía con ellos.

Bravo ha recordado que los más de 163.000 millones de euros asignados por la Comisión Europea a España no fueron fruto de la negociación de Sánchez, sino la respuesta a que fuimos el país europeo cuya economía cayó más en la pandemia. A pesar de ello, como ha explicado Nadal, entre 2020 y 2024 solo hemos conseguido gastar 31.821 millones de euros, frente a los 64.355 millones de Italia.

El Partido Popular considera que los fondos de recuperación europeos Next Generation han sido «una oportunidad histórica perdida» para España. «España ha desaprovechado la mayor oportunidad de inversión europea de su historia, con una gestión marcada por los retrasos sistemáticos y la falta de ambición transformadora», ha denunciado Nadal.

Los populares han criticado el «fracaso administrativo» de estos fondos y el «uso partidista» que ha hecho el Gobierno del instrumento. «Sánchez ha utilizado los fondos como mecanismo de flexibilidad para sobrevivir sin Presupuestos», ha señalado Nadal.

Según el PP, con estos fondos no se ha conseguido la transformación de la economía española que se prometió en un inicio. Esto ha sido, según la formación, porque «se ha gestionado muy mal» y ha habido que corregir el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia «continuamente», rebajando el nivel de ambición e incurriendo en incumplimientos.

En concreto, los populares han señalado que, desde el impulso del Plan en 2021, se han producido siete modificaciones respecto al documento inicial y se ha ido rebajando la ambición en programas de vivienda, movilidad o conectividad.

Además, el PP ha recordado que España ahora mismo tiene «congelados» 1.100 millones de las transferencias asociadas a medidas del Plan, relativas a los interinos (626,6 millones), la equiparación diésel a gasolina (460 millones) y la digitalización de entidades regionales y locales (40 millones). «Tiene pinta de que se van a quedar congeladas ad aeternum», ha pronosticado Nadal.

Retraso en el despliegue de los préstamos

Los populares han criticado también la gestión de los préstamos asociados a este mecanismo. Frente a los más de 83.000 millones asignados inicialmente a España, el Gobierno ha decidido recurrir a 22.800 millones, de acuerdo con la reciente decisión anunciada por el ministro de Economía.

Para los populares, el problema con los préstamos ha sido que en España, al contrario que otros países de la UE, se ha dejado la ejecución de estos recursos para final del periodo de vigencia del Plan, que debe ser desplegado por completo en 2026.

Según el PP, el Gobierno tendría que haber desplegado estos créditos en el momento crítico de estrés para las empresas, tras la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. «Es en ese momento cuando habría que haber ayudado a las pequeñas y medianas empresas», ha señalado Nadal.

También han criticado el argumento esgrimido por el ministro de Economía para renunciar a los préstamos -que el coste de financiación de la UE y España es el mismo actualmente-.

En opinión del PP, España ha perdido el coste de oportunidad de poder devolver los créditos hasta 2058, y ha criticado que el ministro Carlos Cuerpo no ha aclarado si los proyectos que se iban a realizar a través de los préstamos se van a ejecutar de forma independiente a nivel nacional. «No va a ocurrir», han proyectado.

El 31 de agosto de 2026 es la fecha tope para ejecutar inversiones, mientras que el plazo máximo para certificar gastos finaliza el 31 de diciembre de 2026. Para el PP, existe la posibilidad real de tener que devolver recursos o asumirlos íntegramente con presupuesto nacional.

La «falacia» de que los fondos europeos son gratis

Los vicesecretarios han advertido además de que se ha trasladado la «falacia» de que estos fondos europeos son gratis. Según el PP, estos recursos son «deuda común» de la UE, a devolver entre 2028 y 2058. Esto supondrá más de 2.000 millones de aportación adicional de España a los presupuestos de la UE.

«Las transferencias son, en buena parte, un préstamo a 30 años con hasta 7 años de carencia. Renunciar a préstamos no nos exime de esa factura», han alertado.

A esto se suman riesgos adicionales, como la devolución de fondos si no se cumplen hitos o si la Comisión cuestiona proyectos. Además, hay riesgo de que Bruselas compruebe que ha habido infracciones jurídicas o que no se han alcanzado los objetivos previstos -impulsar y transformar la economía, crear empleo...-, aunque esto es algo difícil de certificar.

Otro riesgo, según el PP, es que se dé un «déficit oculto» si se van resolviendo completamente convocatorias y no se reciben la totalidad de los fondos. "¿Va a haber dinero de sobra o va a faltar?, se ha preguntado la formación.

Si el PP gobierna, intentará recuperar parte de los préstamos

Si el PP gobernara, intentarían «salvar los muebles» con un plan de ejecución realista, con el que se pudiera recuperar una parte de los préstamos.

El PP ha asegurado que defenderá transparencia, rigor y un uso productivo de los recursos que queden, proponiendo una alternativa de gestión que priorice inversión real, mejora de productividad y fortalecimiento de los servicios públicos.