Financiación a la carta: cuando el resultado se fija antes que el sistema

La propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por María Jesús Montero constituye uno de los ejemplos más claros de cómo no debe diseñarse una política económica.

No se parte de principios, ni de criterios técnicos, ni de un análisis riguroso de necesidades, capacidades fiscales o equidad interterritorial. Se parte del final. Se fija previamente cuánto debe recibir Cataluña y qué posición relativa debe ocupar, y, a partir de ahí, se retuerce el sistema con parches, fondos adicionales y artificios contables para que el resultado cuadre. Todo ello, naturalmente, a costa del conjunto de los españoles.

Este modo de proceder no es una sospecha, sino una evidencia. La propuesta nace al dictado de Junqueras y del independentismo catalán, no de una reflexión seria sobre la sostenibilidad del modelo. El orden lógico se ha invertido: en lugar de diseñar un sistema y aceptar sus resultados, se ha fijado el resultado deseado y luego se ha modificado el sistema para alcanzarlo. Eso no es reformar; eso es manipular.

El actual sistema de financiación tiene problemas, sin duda. Pero esos problemas no se corrigen introduciendo más complejidad, más fondos extraordinarios y más desigualdad. Se corrigen con reglas claras, estables y generales. Lo que plantea Montero es justo lo contrario: una arquitectura fiscal cada vez más opaca, con mecanismos diseñados para beneficiar a una comunidad concreta y con el coste repartido entre todas las demás.

Especialmente revelador es el tratamiento que hace del principio de ordinalidad. Desde el punto de vista técnico, la ordinalidad puede tener cierto sentido común: que una comunidad que aporta más no termine sistemáticamente en peor posición relativa tras la redistribución. El problema es que eso no es lo que está pidiendo el independentismo. Lo que se reclama no es ordinalidad, sino quedarse con todo, acabando con la solidaridad interterritorial.

Las comunidades menos pobladas, con mayores costes de prestación de servicios por la dispersión y menor capacidad de presión política, son las grandes damnificadas de este modelo

Las explicaciones de Montero sobre este punto son, además, de un rigor técnico muy cuestionable. Afirma que en el modelo propuesto no existe ordinalidad, pero que en algunos casos sí se cumple, concretamente en Cataluña. Si esto es así, no estamos ante ordinalidad, sino ante ordinalidad selectiva, es decir, arbitrariedad. Un principio no puede aplicarse solo a quien conviene políticamente; o es general, o no es un principio, sino una concesión.

Este planteamiento rompe cualquier pretensión de equidad del sistema. Introduce la idea de que las reglas fiscales no son iguales para todos, sino negociables en función del peso político de cada territorio. Y cuando eso ocurre, el sistema deja de ser un sistema para convertirse en un mercado de favores.

Además, el ajuste se realiza mediante la creación de nuevos fondos que incrementan el gasto global –como caramelo envenenado para que el resto de comunidades que lo acepten– y que deberán ser financiados por todos los contribuyentes. No se redistribuye mejor; se gasta más. Y se gasta más para contentar a una parte concreta, generando agravios evidentes en otras comunidades que ven deteriorada su posición relativa sin haber cambiado sus circunstancias objetivas.

Entre las regiones más perjudicadas se encuentra Aragón, que sufre un castigo directo por esta ingeniería financiera. No es casualidad. Las comunidades menos pobladas, con mayores costes de prestación de servicios por la dispersión y menor capacidad de presión política, son las grandes damnificadas de este modelo. Por eso, esta reforma no es solo económicamente cuestionable; es políticamente injusta.

Y aquí es donde entra la responsabilidad política. Los socialistas deberían pagar esta aberración en las urnas. Empezando por Pilar Alegría en Aragón, continuando por la propia María Jesús Montero en Andalucía, donde también se verá el coste de estas decisiones, y extendiéndose a Castilla y León y al resto de comunidades perjudicadas. Finalmente, el principal responsable es Pedro Sánchez, que ha permitido y promovido esta deriva como precio por mantenerse en el poder, al que los ciudadanos habrán de castigar con severidad cuando se convoquen elecciones generales.

La financiación autonómica no puede ser un instrumento de supervivencia política. Es uno de los pilares del Estado y debe tratarse con seriedad, rigor técnico y respeto a la igualdad. Cuando se hace al revés —cuando se fija el resultado y luego se construye el sistema— lo que se obtiene no es cohesión, sino fractura. Y esa fractura, antes o después, termina pasando factura. El problema es que, de momento, la factura del coste de mantener a Sánchez por parte del independentismo, Montero nos la quiere hacer pagar a todos los españoles.