El Gobierno vuelve a incluir la subida de las pensiones junto a la prohibición de desahucios en su decreto ómnibus: «Es un chantaje»

Este martes el Congreso votará dos decretos-ley que fueron aprobados en Consejo de Ministros en diciembre. Uno de ellos será un nuevo decreto ómnibus de escudo social en el que el Gobierno ha incluido la revalorización de las pensiones, la prórroga del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el bono social eléctrico y ayudas a las personas afectadas por la dana y a los afectados por los incendios del pasados verano.

Sin embargo, en él también han metido la prórroga del escudo social que afecta a los desahucios de okupas e inquiokupas. Una triquiñuela que ya hicieron el año pasado, y que en un primero momento la Cámara Baja echó para atrás.

El Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, establece una moratoria del Real Decreto-ley 11/2020 para ampliar, hasta el 31 de diciembre de 2026, la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para las personas vulnerables y sin alternativa habitacional. También quieren prorrogar la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para los consumidores vulnerables.

Esta medida se puso en marcha durante la pandemia, y ha impedido que muchos propietarios, aun teniendo una sentencia judicial a su favor, pudieran recuperar sus viviendas ocupadas.

Es por eso que la Plataforma de Afectados por la Ocupación y la Inquiocupación ha hecho este lunes un llamamiento urgente a los grupos parlamentarios para que voten «no» en el pleno del Congreso a la convalidación del decreto ómnibus. A su juicio, esta medida no sólo «protege a okupas e inquiokupas», sino que, sobre todo, «deriva las funciones del escudo social a pequeños propietarios».

«Mientras diversos diputados, senadores y cargos electos del PSOE admiten en privado su preocupación por las consecuencias del decreto en las víctimas y en la destrucción del mercado del alquiler, el Ejecutivo mantiene un cierre total a cualquier modificación de la medida», sostienen desde la plataforma.

En opinión de este organización, es «indignante» que el Gobierno mantenga «un muro y un silencio atronador» con las víctimas de la ocupación. «Llevamos más de cuatro años solicitando mensualmente una reunión con los ministerios competentes (Vivienda y Justicia) sin éxito», asegura.

La plataforma denuncia que la inclusión de la prórroga de la suspensión de desahucios dentro del decreto ómnibus que se vota mañana constituye un «auténtico chantaje legislativo», pues el Gobierno utiliza medidas de amplio consenso social, como la revalorización de las pensiones y el mantenimiento de las ayudas al transporte, para «forzar un único voto de aprobación o rechazo al pack de medidas, que también oculta la protección a ocupas e inquiocupas».

«Sin casas ni recursos, el escudo social no es más que una transferencia forzosa de la responsabilidad del Gobierno a pequeños propietarios que tienen que asumir hasta el gasto de los suministros de quienes ocupan sus viviendas. Las consecuencias de esta política son patentes en el mercado del alquiler. La inseguridad jurídica generada por el miedo a la ocupación e inquiocupación está provocando una retirada masiva de viviendas del mercado del alquiler y reduciendo la oferta a mínimos históricos», advierte la plataforma.

PP y Junts piden sacar las pensiones

Hace un año, el PP, Vox, Junts y UPN tumbaron este decreto, y parece que este martes va a ocurrir lo mismo. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez extraer la revalorización de las pensiones de él. En caso de que no lo haga, no contará con el apoyo del Grupo Popular.

«El Partido Popular está a favor de la revalorización de las pensiones, pero no está a favor de hacer un decreto para que el Gobierno pueda seguir subsistiendo sin Presupuestos Generales del Estado», ha afirmado Feijóo en una entrevista en la Cadena COPE. «El Gobierno está utilizando a los pensionistas como rehenes para intentar seguir gobernando cuando no tiene estabilidad ni mayoría en el Parlamento», ha sentenciado.

Por su parte, Junts considera un «chantaje» que el Gobierno presente la subida de las pensiones en 2026 en un decreto ómnibus que incluye medidas de diferente índole. Por lo que ha presentado una proposición de ley que incluye exclusivamente la revalorización de la jubilación para este año.

Los independentistas critican así este decreto, y dejan entrever su voto negativo al mismo.