El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
La patronal rechaza el incentivo de Hacienda ligado al SMI por ser una «fórmula trilera»
Los empresarios advierten de que esta medida es «puro intervencionismo» al suponer una «injerencia» en la libertad de empresa
Las patronales CEOE y Cepyme han expresado este jueves su rechazo al incentivo fiscal a las empresas diseñado por Hacienda para compensar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) por considerarlo una «fórmula trilera» para sustituir la indexación a los contratos públicos, con condiciones «inalcanzables» y que dejaría fuera a la mayoría de las empresas.
En un comunicado, las organizaciones empresariales han calificado como una «falta de respeto» que este incentivo, que tendría la forma de una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, se haya filtrado a los medios de comunicación antes de plantearse en la propia mesa de negociación, convocada para esta tarde a las 17.00 horas.
«Por el lado de las formas, queremos dejar claro que no hacemos un buen servicio a la economía ni a la sociedad si sustituimos la concertación social, amparada por el artículo 7 de la Constitución, por la política del anuncio y la puesta en escena», han denunciado.
En cuanto al contenido de la propuesta, las organizaciones empresariales «deducen» que, de lo publicado en prensa, esta reducción fiscal vendría a sustituir a «la esperada indexación de los contratos públicos por unas fórmulas trileras y que no compensan los costes asociados a la actualización del SMI planteada», y además lo hace «de espaldas a lo compartido por todos los interlocutores del diálogo social bipartito en el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva».
Esto es así, argumentan las patronales, porque dicho incentivo «deja fuera a todos los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores». «De hecho, la medida excluye también, de manera insólita, a las empresas en pérdidas, que son las que más lo necesitan, a las cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro», critican CEOE y Cepyme.
Además, las patronales denuncian que las condiciones establecidas para poder beneficiarse de esta reducción son «inalcanzables para la mayoría de las empresas» y, sobre todo, apuntan, «supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa». «Es puro intervencionismo», resumen.
En todo caso, la patronal que preside Antonio Garamendi ha señalado que el Comité Ejecutivo de CEOE emitirá una valoración sobre este incentivo una vez que el Gobierno entregue la documentación necesaria para poder analizarlo.