Se acabó el sueño de los Escribano: su empresa familiar no se fusionará con Indra

La operación estaba hecha en diciembre, pero el Gobierno, principal accionista de Indra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), finalmente se ha echado atrás en su idea de apoyar la compra de Escribano, la empresa familiar del actual presidente de Indra, Ángel Escribano.

La idea sonaba mal desde el principio por el conflicto de interés existente al plantearse que Indra comprara, nada menos que por 2.000 millones de euros, la empresa familiar de su presidente.

Hace cuatro años se decía que Escribano valía 100 millones de euros, pero el auge de la inversión en el sector de la defensa y el empuje de los Escribano al frente de Indra convenció al resto de una operación que podía tener lógica empresarial: Escribano fabrica estaciones de armas para buques y blindados, un negocio en el que no está Indra. Podía complementarle en el objetivo de consolidar a la empresa como campeona nacional de defensa y competir con otros líderes europeos.

La operación estaba hecha, y de hecho la aprobó el consejo de administración en diciembre, como habíamos adelantado en este periódico que iba a ocurrir, pero ahora el Gobierno y la SEPI se han echado atrás. La operación no se producirá.

Según fuentes conocedoras de primera línea de las negociaciones, «el Gobierno ha dicho que no, y ha propuesto a los Escribano comprarles el 51 % de su empresa, algo que no va a suceder». Aceptar supondría para los Escribano renunciar a la mayoría de su empresa familiar. Muy mal tendrían que estar.

El Gobierno no quiere perder el control de la principal empresa española de defensa, y la fusión le hubiera llevado a convertirse en el segundo accionista: Escribano tendría entre el 25 % y el 27 % de las acciones de Indra y la SEPI sería el segundo en el entorno del 20 %.

No va a ocurrir, y además ahora se empieza a hablar de que el Gobierno puede relevar a Ángel Escribano del puesto de presidente de Indra.

Además del conflicto de interés y otras cuestiones, los más críticos añadían inconvenientes claros, como la posible concertación que en un principio parecía haber entre varios accionistas de Indra que rebasan con creces el 30 % del accionariado (SEPI, Amber Capital –Joseph Oughourlian– y SAPA) para comprar Escribano. Si la operación hubiera salido adelante y la CNMV hubiera concluido que había esa concertación, hubiera tenido que obligar a esos aliados a lanzar una oferta sobre el 100 % de la compañía, según indica el decreto-ley sobre opas, con un impacto económico considerable sobre ellas. También entraría en el supuesto de concertación nombrar o destituir por acuerdo de esos aliados un número de consejeros que supusiera un cambio en el equilibrio del consejo. Accionistas minoritarios podrían impugnar la compra de Escribano alegando infracción de normas de buen gobierno o perjuicio al interés social, y dilatar la decisión o alterar sus condiciones con efectos retroactivos.

Ya fuera por estos problemas o por otros, la realidad es que el Gobierno ha decidido cambiar de opinión en la compra de Escribano, y ahora se abre una pequeña crisis que habrá que ver cómo acaba. De momento, Indra ha enviado un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que informa de que «el análisis de la potencial operación de integración entre Indra Group y Escribano Mechanical & Engineering S.L. sigue su curso», aunque fuentes de primera línea aseguran que está muerta.