El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
Sumar rechaza penalizar a los caseros que suban el alquiler y presiona para que se congelen los contratos
El Gobierno se vuelve a encontrar con la oposición de su socio. Sumar ha rechazado la propuesta del Ministerio de Vivienda de castigar en el IRPF a los caseros que incrementen el precio de los nuevos contratos, y presionan para que se congelen los contratos.
Parece ser que la medida de los socialistas de modular a la baja la reducción general del 50 % que actualmente se pueden aplicar en el IRPF todos los propietarios que sean personas físicas, y que tengan en alquiler su vivienda no es nueva y que ya fue planteada en la mesa de negociación. Algo que desde el partido de Yolanda Díaz rechazan ya que solo supone reducir su «privilegio fiscal».
La propuesta del PSOE se basa en combinar una bonificación del 100 % para quien baje o congele el precio del alquiler, con reducir los incentivos fiscales de aquellos propietarios que los suban. Pero «en ningún caso» llegando al 0 %, porque, de esta manera, tal y como señalan fuentes de Vivienda, «se mantiene un trato diferenciado para el alquiler residencial de largo plazo vs turísticos/temporada».
Esta propuesta buscaba conseguir el apoyo de Sumar, ERC y Podemos para sacar adelante los incentivos fiscales anunciados en enero, y a los que se oponían. Aunque nada a cambiado, porque, por lo menos Sumar, se mantiene en la misma postura.
Los socios del Gobierno insisten en que la vía de los incentivos fiscales es «injusta» y lamentan que solo pongan el foco en el arrendador. Sumar considera que la solución a esta crisis de vivienda no puede partir de la voluntariedad de una parte. En este caso, de la buena voluntad del casero.
Por ello, defienden intervenir aún más el mercado, aprobando una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler. Una medida que, según cálculos del Ministerio de Consumo, afectaría a 632.369 alquileres que tendrían que ser renovados en 2026, y a más de 1,6 millones de personas. Una cifra que ronda los 2,7 millones si se suma también a quienes potencialmente se les acabaría el contrato en 2027.