Bustinduy se erige en «antiministro» de Vivienda en plena guerra entre Sumar y PSOE

El problema de la vivienda ha abierto una nueva brecha en el Gobierno de coalición. Ante la negativa del PSOE a sumarse a la intervención de precios que exige Sumar, el Ministerio de Consumo ha intensificado la presión sobre el departamento de Isabel Rodríguez mediante la difusión de informes sobre el mercado del alquiler. La formación que lidera Yolanda Díaz, de hecho, ya no disimula y asegura que Pablo Bustinduy sería «un magnífico» ministro de Vivienda.

Sumar lleva meses presionando al PSOE para que apruebe un real decreto ley que intervenga el mercado del alquiler. Su propuesta incluye prórrogas automáticas, congelaciones temporales de rentas y límites generales mientras no se declaren zonas tensionadas. También plantea cambios fiscales para penalizar a los propietarios con varias viviendas y restricciones más severas a los contratos de temporada y por habitaciones.

Ante la negativa del PSOE a intervenir aún más el mercado, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 filtró a medios afines un documento interno en el que advertía de que en 2026 vencerían más de 630.000 contratos de alquiler firmados durante la pandemia, muchos con rentas reducidas. El departamento que dirige Bustinduy alertaba de un posible incremento de precios de entre el 20 % y el 30 % en un mercado ya tensionado tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda.

El informe, si bien se apoyaba en datos de la Agencia Tributaria y del INE, incluía una estimación difícil de contrastar. Aun así, la filtración surtió efecto y el dato se propagó en prácticamente todos los medios apenas unos días antes de la reunión clave que Sumar y PSOE mantuvieron para aliviar tensiones. El encuentro, sin embargo, se cerró sin avances.

Ahora, el anuncio de Pedro Sánchez de un real decreto con medidas para mejorar el acceso a la vivienda ha acabado por colmar la paciencia de Sumar. El plan incluye una bonificación fiscal del 100 % en el IRPF para los propietarios que renueven los contratos sin subir el precio, así como medidas de control sobre el alquiler de temporada y nuevas limitaciones al alquiler por habitaciones. Eso sí, ni rastro de la ampliación de la moratoria general para los alquileres firmados durante la pandemia que exigía el socio minoritario.

Un día después del anuncio, Consumo volvió a mover ficha con un nuevo informe que destacaba la brecha entre caseros e inquilinos. La renta mediana de los propietarios se situó en 2024 en 52.449 euros, frente a 28.810 euros en el caso de los arrendatarios.

El Ministerio añadía que, si los contratos que expiran en 2026 y 2027 se renuevan a precios de mercado, la brecha de ingresos entre arrendadores e inquilinos aumentará en 2.216 euros de media en España.

Intervención «imprescindible»

Bustinduy ha aprovechado la publicación del informe para reclamar abiertamente la intervención del mercado del alquiler. «Están sufriendo los inquilinos, las familias trabajadoras, los jóvenes que no pueden afrontar el pago de los alquileres en las principales ciudades. En este contexto, es absolutamente imprescindible la intervención del mercado de la vivienda», señaló tras un acto con asociaciones vecinales.

El ministro cargó también contra el enfoque del decreto anunciado por Sánchez y rechazó que se destinen fondos públicos a compensar a los propietarios. «No se pueden destinar recursos públicos a premiar a aquellos caseros que decidan no subir el precio de los alquileres todavía más». Frente a esa fórmula, reivindicó la prórroga automática para los contratos que vencen, que solo perjudicaría –dijo– a quienes ya planificaban subidas «unilaterales» del «30 %, 40 % o 50 %».

El cisma en el Ejecutivo de coalición es tal que Sumar ya no se limita a rechazar las medidas de vivienda del PSOE, sino que ha comenzado a impulsar la figura de Bustinduy como un «antiministro». El portavoz de Sumar reconocía abiertamente hace unos días que el actual titular de Consumo sería «un magnífico ministro de Vivienda», en un desafío que ya no se dirige solo a Isabel Rodríguez, sino al propio Pedro Sánchez.

Empeorar la situación

Los expertos, sin embargo, no se muestran partidarios del intervencionismo. Leandro Escobar, profesor de Economía de Comillas ICADE, explica que las actuaciones planteadas desde distintas administraciones «suelen responder al tacticismo» y recuerda que la declaración de zonas tensionadas «no ha funcionado en ningún territorio». «Parece que se actúa para dar una respuesta inmediata, pero muchas veces se termina empeorando la situación», añade.

«Si no hay unas reglas claras y estables sobre duraciones de contrato, actualizaciones de renta, fiscalidad y especialmente sobre ocupación ilegal, es normal que los propietarios tengan miedo de lanzar sus inmuebles al mercado», concluye.