¿Por qué Hacienda nos maltrata cuando no hacemos otra cosa que engordar sus arcas más allá de lo soportable?

Hubo un tiempo en que la Agencia Tributaria funcionaba como un servicio público. La obligación de los funcionarios era ponérnoslo fácil a la hora de cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Pero aquello quedó atrás y la relación entre Hacienda y los contribuyentes se ha ido deteriorando hasta convertirse en todo lo desigual que es hoy. Cualquier error administrativo, consecuencia normalmente de que tenemos uno de los sistemas tributarios más farragosos del mundo, es suficiente para poner contra las cuerdas a una familia o a una empresa durante años. Y eso ha ido generando un miedo que ha servido para amordazarnos; no vaya a ser que también nos toque a nosotros. El problema es que la bestia ha crecido demasiado y ya casi nadie recuerda que desde 1998 tenemos una Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, cuyo objetivo es evitar los abusos que sufrimos. «El espíritu que inspiró aquella norma se quebró en 2004, con la llegada de Zapatero al poder. A partir de ahí, las cosas fueron de mal en peor hasta llegar al punto en el que nos encontramos, donde el Estado es todo y el contribuyente es nada», opina el economista Ignacio Ruiz-Jarabo, que dirigió la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001.

De la necesidad de respetar la presunción de inocencia en los procedimientos; la deseable eliminación de los bonus ligados a las sanciones o la recaudación que perciben los inspectores; el dislate de los embargos preventivos, ese Gran Hermano fiscal llamado Verifactu... De todo ello hablamos la semana pasada en un debate organizado por Madrid Foro Empresarial, que tuve el honor de moderar y que vino a espolear conciencias. Con una presión fiscal que ha crecido 3,5 puntos de la mano del sanchismo y un pésimo funcionamiento de los servicios públicos que no se compadece con los niveles históricos de recaudación, parece llegado el momento de que la sociedad civil dé un paso adelante.

«El debate no es ideológico sino institucional: se trata de analizar si el sistema mantiene un equilibrio real entre la potestad administrativa y los derechos individuales, garantizando la proporcionalidad y la seguridad jurídica», explica Ignacio Basco. Profesional del mundo de la consultoría y buen conocedor de las dificultades que han de sortear empresarios y autónomos, hace unos meses fundaba el Movimiento Contribuyentes en Acción, la primera asociación de pagadores de impuestos que reclama una solución para los muchos quebraderos de cabeza que nos da Hacienda. Desde su nacimiento, las adhesiones no han parado de crecer. Son muchos los que se han cansado de que nos envíen las notificaciones fuera del horario laboral, por ejemplo, y nos traten como defraudadores cuando no tenemos ninguna intención de delinquir.

Y ese hartazgo pasa también por denunciar cada vez más al fisco, que se equivoca y no poco. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) calcula que a mediados de 2025 la suma de la deuda fiscal pendiente de cobro más la factura de las indemnizaciones, superaba los 42.000 millones de euros. Eso equivale al 21 % de la recaudación anual y es fruto de un modelo que perjudica a empresas, contribuyentes y al propio Estado. Las últimas estadísticas hablan de una media de 630 reclamaciones diarias ante los tribunales con unas tasas de éxito para los contribuyentes del 40 %. O lo que es lo mismo: de cada diez tiros a puerta, los jueces acreditan que María Jesús Montero mete seis goles y falla cuatro, lo que favorece la litigiosidad. Y eso desincentiva la inversión, además de trasladar una imagen de arbitrariedad incompatible con los estándares de una economía avanzada. Si nos enfrentamos a un sistema tributario complejísimo –sólo el manual del IRPF tiene 1.300 páginas–, y encima no hay seguridad jurídica, el perjuicio para el conjunto de la economía está servido.

El pasado verano un británico llamado Christopher Wales, antiguo asesor fiscal de Tony Blair y Gordon Brown, denunció en una entrevista que el sistema tributario español vulnera derechos fundamentales y que la Agencia Tributaria actúa con intimidación y opacidad. Se armó una buena. Tan gorda o más como la que ha provocado en redes sociales la noticia de que Hacienda se quedará con 1,2 millones de los 2,7 del último bote de ‘Pasapalabra’. La ganadora se mostró encantada con la idea de compartir su premio con el fisco «para que el dinero vaya a la educación y la sanidad». Como si no hubiera demasiadas evidencias de que tal relación causa-efecto cada día parece menos clara.

Aún está por conocerse el dato exacto de la recaudación tributaria del año pasado, aunque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha avanzado un incremento del 9,5 % respecto a 2024, hasta algo más de 322.000 millones de euros. Una nueva plusmarca en un momento en el que la calidad de los servicios públicos en España está en riesgo, como avisó el Foro de Davos el mes pasado y sufrimos los ciudadanos continuamente. La red ferroviaria, las carreteras, las infraestructuras hídricas y energéticas, el colapso de las oficinas de empleo…La crisis de gestión se extiende como una mancha de aceite sin que el Gobierno esté por la labor de hacer nada; ni siquiera de asumir responsabilidades.

Apunten, en fin, el calendario la campaña de la renta 2025-2026, que finaliza, como siempre, el 30 de junio. A partir del 8 de abril podremos presentar la declaración por internet. Si lo hacemos por teléfono, el plazo comienza el 6 de mayo y si queremos que nos ayude un funcionario de la Agencia Tributaria, nos atienden del 1 de junio en adelante siempre y cuando hayamos pedido cita previa. Que Dios nos pille confesados un año más.