El reto de integrar laboralmente al aluvión de inmigrantes de la regularización masiva

Más que un gesto de caridad, integrar social y laboralmente a cerca de medio millón de personas, como aprobó nuestro Ejecutivo el mes pasado –cifra que otras estimaciones elevan mucho más–, es una cuestión de supervivencia en un contexto en el que la base activa se estrecha mientras el número de pensionistas aumenta. No obstante, buena parte de las miradas críticas se detienen únicamente en el riesgo de un supuesto efecto llamada o en el temor a un colapso de los servicios públicos.

La inmigración se ha convertido en un elemento estructural de la demografía española. Y es que España envejece más rápido de lo que reforma su modelo de migración laboral, que sigue priorizando el control administrativo de los flujos frente a una gestión estratégica de la acogida de trabajadores extracomunitarios como herramienta económica. En palabras de la abogada y fundadora del despacho TPC Abogados, Teresa Pérez, el sistema se caracteriza por «una elevada complejidad normativa, una fragmentación procedimental significativa y una escasa alineación con las necesidades reales del mercado de trabajo».

Hemos cambiado el traje-país de emisor por el de receptor y, actualmente, la población inmigrante representa entre el 13 % y el 19 % del total, siendo responsable de la expansión de sectores en déficit de nativos como el turismo, la agricultura o la construcción. Al calor de los datos, hay poca evidencia que permita afirmar que su contribución es marginal. El colectivo de extracomunitarios es parte del engranaje que permite que funcionen cadenas productivas enteras intensivas en capital humano y que el sistema de cotizaciones mantenga cierto equilibrio. Pese a ello, el debate político y social continúa instalado en la tensión, tanto en España como en Bruselas, mientras la estrategia nacional avanza con titubeos y sin una arquitectura verdaderamente estructural.

«La autorización de trabajo en Francia se concibe como un instrumento de política económica», detalla Pérez. En paralelo, Alemania se ha aproximado recientemente a este enfoque como respuesta directa a su crisis demográfica, «con reformas orientadas a facilitar la captación de mano de obra extranjera cualificada y no cualificada». No obstante, la experta señala a Canadá como el referente más sólido por «la claridad de sus canales legales, sus sistemas de puntos y visados sectoriales y, por supuesto, vinculación directa entre fuerza laboral externa, demografía y necesidades productivas».

Fuente de crecimiento

El estudio La inmigración en España: retos, impacto y política, recién publicado por Funcas, revela que casi la mitad del crecimiento económico en España entre 2022 y 2025 se explica por trabajadores extranjeros. En concreto, la inmigración explicaría el 47 % del crecimiento acumulado. En esta línea, la experta asegura que existe una relación clara entre rigidez migratoria y pérdida de competitividad, especialmente en economías abiertas al comercio y al turismo.

Son varios los estudios que afirman que la regularización del 2005 –la cual es, junto con la aprobada este enero, una de las más ambiciosas de la democracia en términos cuantitativos– generó alrededor de 4.000 euros en ganancias para las finanzas públicas por trabajador. Aún así, la narrativa es predominantemente anti-inmigratoria y las políticas parches coyunturales en un marco migratorio rígido que empuja a empresas y trabajadores a encontrarse tarde y mal.

«España demanda mano de obra estructuralmente, pero no ha diseñado un contexto regulatorio estable para atraerla de forma legal, ordenada y previsible», añade la especialista en derecho. La integración al circuito formal puede aliviar el corto plazo (cotizaciones, derechos, formalización), pero no resuelve el desajuste de fondo entre demografía y mercado laboral.

La reciente decisión del Gobierno de formalizar por decreto la situación administrativa medio millón de trabajadores plantea, en efecto, cuestiones jurídicas de calado. El Estado dispone de margen para adoptar medidas excepcionales en materia migratoria, pero «el recurso recurrente a regularizaciones masivas tensiona principios esenciales del Estado de Derecho, en particular la seguridad jurídica y la previsibilidad normativa».

La evidencia empírica es menos ideológica que el debate público: «Bien gestionada, la inmigración contribuye al crecimiento económico, refuerza la sostenibilidad de los sistemas sociales y dinamiza culturalmente a las sociedades de acogida». Lo contrario –tal como concluye Pérez– no solo alimenta el rechazo social, sino que erosiona la confianza institucional.