El Tribunal de Cuentas alerta: la Seguridad Social tiene pendiente de cobro 672 millones de euros

El Tribunal de Cuentas no oculta su preocupación respecto a la enorme deuda que la Seguridad Social podría quedarse sin cobrar: nada menos que 672,3 millones de euros.

Así lo refleja su informe —aún pendiente de alegaciones—, al que ha tenido acceso El Debate, sobre las cuentas del año 2024 del Ejecutivo de Sánchez. Lo hace en calidad de supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público.

El texto señala que «la deuda por cotizaciones sociales de instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, que fue objeto de moratoria desde la aprobación de la LPGE (Ley de Presupuestos Generales del Estado) para 1995, se eleva a 672,3 millones de euros». Esta circunstancia, dice el órgano fiscalizador, afecta a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (MCSS) y al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

El Tribunal de Cuentas advierte de que «las consecutivas prórrogas de los plazos de carencia y de la propia moratoria hacen dudar de su efectiva cobrabilidad y han supuesto que después de 30 años todavía no se hayan generado resultados económicos ni recursos líquidos para la Seguridad Social».

Lo anterior, unido a que las condiciones en que fue concedida esta moratoria, «sin devengo de intereses y con condonación de todos los recargos de cualquier naturaleza existentes a 31 de diciembre de 1994, está generando un menoscabo económico-financiero para la Seguridad Social», cuyo coste, dice el Tribunal de Cuentas, «debería ser asumido por el Estado por tratarse de una carga financiera impropia del sistema contributivo».

En este mismo sentido, recuerda el órgano fiscalizador, lo señala el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado por el Pleno del Congreso en su sesión de 19 de noviembre de 2020, que señala que «(…) las ayudas a sectores productivos concretos, (…) en puridad, no pertenecen al ámbito contributivo de la Seguridad Social y (…) deberían ser objeto de financiación por la fiscalidad general».

Uso de préstamos para la financiación

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha advertido de un déficit por la gestión de las bajas. «La gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC) en las MCSS adolece de un importante déficit estructural, que a 31 de diciembre de 2024 asciende a 2.677,3 millones de euros, por lo que, de mantenerse en el tiempo esta situación, existe un riesgo potencial de desequilibrio económico financiero en el sector», advierte el órgano fiscalizador.

Además, el órgano fiscalizador ha llamado la atención al Ejecutivo —e insistido en el asunto, ya que venía ocurriendo en cuentas anteriores— por recurrir a los préstamos para financiar la Seguridad Social.

«Como en años anteriores, ha de insistirse en el hecho de que la financiación por medio de préstamos del Estado no resuelve los problemas estructurales de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, no contribuye al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados y no tiene reflejo en su neto patrimonial, acumulando la Seguridad Social un endeudamiento frente al Estado, a 31 de diciembre de 2024, de 126.170 millones de euros (un 7,91 % del PIB de 2024)», señala el informe.

Aún así, a raíz de la publicación de esta información Renfe se ha puesto en contacto con este diario. La empresa pública señala que la reorganización a la que se refiere el Tribunal de Cuentas quedó resuelta con la firma, en febrero, de la continuación del contrato para mantener la gestión del AVE a La Meca hasta 2038. En cualquier caso, tal como ha informado este diario, el informe del Tribunal de Cuentas se encuentra en fase de alegaciones por lo que Renfe podrá alegar lo que estime sobre la observación que realiza el supremo órgano fiscalizador de las cuentas públicas. Será necesario esperar al informe definitivo del Tribunal de Cuentas para ver el análisis que hace de la prórroga propuesta por Puente.

Recomendaciones ignoradas

El Tribunal recuerda que ya se recomendó que el Estado «asuma la amortización (bien por condonación o por la concesión de transferencias) de tres de los préstamos, por 3.372 millones, concedidos para cancelar obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 1991 del extinto Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), procedentes, específicamente, del coste de la asistencia sanitaria como consecuencia de su universalización, al objeto de sanear, definitivamente, su balance».

Sin embargo, el órgano reprocha que la recomendación no haya sido tenida en cuenta.