La ministra de Juventud Sira Rego
El Gobierno lanza un 'buzón de las becarias' para denuncias anónimas de abusos a trabajadores en prácticas
Se podrán reportar situaciones como la falta de relación entre los estudios y la práctica o la sustitución encubierta de trabajadores de plantilla
El Ministerio de Juventud e Infancia, a través del Instituto de la Juventud de España (Injuve), lanza este lunes el Buzón de las personas Becarias: Denuncia las malas prácticas, una iniciativa en colaboración con el Organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Oeitss).
Este buzón, que será presentado en un acto con la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, permitirá a los becarios y exbecarios denunciar posibles irregularidades durante su período de prácticas.
De este modo, se podrán reportar situaciones como la falta de relación entre los estudios y la práctica, la sustitución encubierta de trabajadores de plantilla, la realización del mismo trabajo que el personal de la empresa, la falta de tutorización o la asignación de tareas que exceden el ámbito de la práctica.
El Instituto de la Juventud será el organismo encargado de recopilar estas denuncias y ponerlas a disposición de la Inspección de Trabajo para que se lleven a cabo las investigaciones y actuaciones correspondientes.
La herramienta tiene como objetivo «favorecer la protección de la juventud en el ámbito laboral» a través de la habilitación de un canal de denuncias anónimas para identificar posibles fraudes a personas en prácticas laborales.
Desde la cartera de Juventud e Infancia defienden que esta iniciativa permitirá otorgar una «mayor protección» a las personas becarias, «un colectivo que históricamente ha tenido que soportar altos grados de explotación laboral a través de una figura que tiene como objetivo garantizar el aprendizaje de los estudiantes y, en ningún caso, sustituir a trabajadores a un menor coste».
De este modo, la mencionada herramienta se suma al Estatuto del Becario, aprobado por el Gobierno a finales del año pasado y que tiene como objetivo garantizar los derechos de los estudiantes en prácticas. Dentro de la norma, «fundamental para garantizar que las prácticas se realizan con derechos», se recogen multas de hasta 225.000 euros para las empresas que incumplan los derechos de los becarios.
De hecho, según la Encuesta de Juventud 2023 el 42 % de jóvenes denuncian haber sufrido una o varias situaciones de explotación a lo largo de su vida laboral, como trabajar sin contrato, haber suscrito un contrato mediante una empresa de trabajo temporal (ETT), ser un becario no remunerado, un falso autónomo o tener contrato de rider o repartidor. Estos datos, unidos a las propuestas recogidas en el proceso de la ley de juventud, coinciden en la necesidad de reforzar los mecanismos de protección de la juventud frente a estas formas de precarización laboral.
Cabe mencionar que esta iniciativa forma parte de un convenio más amplio firmado entre el Injuve e Inspección de Trabajo para favorecer los derechos laborales de la juventud, un grupo «especialmente vulnerable». En el acuerdo se incluyen actuaciones específicas dirigidas a comprobar las condiciones laborales de los jóvenes trabajadores, así como acciones formativas o campañas formativas, entre otros.
