Un repartidor de Glovo en Madrid.
Glovo presenta un ERE para 750 repartidores meses después de que Díaz le obligara a cambiar de modelo
La compañía plantea el ajuste menos de un año después de culminar su transición al modelo de repartidores asalariados
Glovo ha comunicado a los sindicatos su intención de iniciar un expediente de regulación de empleo (ERE) para unos 750 repartidores en 60 ciudades. El ajuste se produce menos de un año después de que la empresa abandonara el modelo de autónomos y contratara directamente a sus riders.
Según El País, medio que ha adelantado la noticia, cuando completó su transición el pasado verano, la compañía contaba con cerca de 14.000 repartidores contratados. Sin embargo, los sindicatos llevaban semanas denunciando que Glovo estaba aplicando un despido colectivo encubierto a través de ceses disciplinarios individuales. En febrero, CCOO advirtió que había detectando una sucesión de despidos que superaban los umbrales legales que obligan a tramitar un ERE.
De hecho, el sindicato ha anunciado que ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional por estas prácticas. En su escrito sostiene que la empresa ha superado «con creces» el límite de 30 despidos en un periodo de 90 días que exige abrir formalmente un procedimiento colectivo. Si la justicia les da la razón, añaden, podrían anularse los despidos disciplinarios ejecutados en ese periodo y obligar a la empresa a readmitir a los trabajadores afectados.
En 2020, el Tribunal Supremo dictaminó que la relación entre la empresa y los atrabajadores debía considerarse laboral y, un año después, el Gobierno aprobó la ley rider para obligar a las plataformas digitales a contratar a sus repartidores.
Glovo mantuvo un pulso con el Ejecutivo durante todo ese tiempo, acumulando sanciones millonarias por parte de la Inspección de Trabajo por el supuesto uso de falsos autónomos. Sin embargo, en 2023 entró en vigor una reforma del Código Penal que introdujo penas de prisión para quienes impusieran condiciones laborales ilegales mediante fórmulas distintas al contrato de trabajo, lo que obligó a la compañía a cambiar el modelo.
Trabajo elaboró un informe en el que documentaba numerosos casos de repartidores de Glovo que, a su juicio, debían ser considerados asalariados. Ese expediente dio lugar a una investigación judicial en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Un día antes de declarar en ese procedimiento, el máximo responsable de la compañía anunció que Glovo abandonaría definitivamente el modelo de autónomos.
Otras empresas también tomaron medidas tras la entrada en vigor de la ley. Uber Eats anunció su intención de abandonar el modelo de repartidores autónomos y operar únicamente a través de intermediarios, mientras que Deliveroo abandonó directamente el mercado español.
