Obras en la estación de Chamartín.
España arrastra un déficit de 17.000 millones en infraestructuras tras años sin cubrir su deterioro
El IEE alerta de que la inversión sigue por debajo de la necesaria para compensar la depreciación, lo que ha reducido el peso del capital público sobre el PIB
La crisis económica ha servido de pretexto para recortar la inversión en infraestructuras, con el consiguiente deterioro progresivo del stock existente. Ahora, con la recaudación en máximos, el Instituto de Estudios Económicos (IEE) advierte de que es necesario reactivar los planes inversores en un contexto de crecimiento económico y poblacional que exige ampliar y mantener las redes actuales.
Durante la presentación del informe La necesidad de aumentar las inversiones en mantenimiento de infraestructuras en España, el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, aseguró que «no tiene sentido que con ingresos récord no se produzca una recuperación de las infraestructuras» y lamentó que la inversión «no ha sido, ni de lejos, una prioridad». A su juicio, España ha sufrido una elevada volatilidad y necesita fijarse «un objetivo a medio plazo» que permita sostener la red ya construida y evitar su deterioro.
Según el informe, la formación bruta de capital fijo (FBCF) se situó en España en una media del 20,4 % del PIB entre 2019 y 2024, frente al 21,8 % de la Unión Europea. Esta diferencia equivale a un déficit medio de inversión de unos 19.000 millones de euros anuales. En el caso de la inversión pública, el desfase también es significativo: la FBCF de las Administraciones públicas apenas alcanza el 2,7 % del PIB en España, frente al 3,4 % de la media comunitaria, lo que se traduce en una brecha de unos 10.500 millones de euros al año.
Gregorio Izquierdo, director general del instituto, relacionó esa menor intensidad en inversión con el retraso de la economía española. «España tiene una renta per cápita inferior a la UE. Necesitaríamos aumentar la inversión en 55.000 millones solo para alcanzar un nivel de convergencia real», señaló. El informe recuerda además el denominado informe Draghi, que sitúa las necesidades adicionales de inversión en la UE entre 800.000 y 1,3 billones de euros y que, en el caso de España, se traducirían en entre 70.000 y 110.000 millones.
Pero el principal foco de preocupación está en el deterioro acumulado de la red existente. El IEE estima que entre 2013 y 2024 habría sido necesario invertir 17.000 millones de euros adicionales para compensar la depreciación del capital en infraestructuras. De esa cifra, 5.500 millones corresponden a infraestructuras hidráulicas, 3.600 millones a ferroviarias y 1.300 millones a viarias. Además, el instituto calcula que la inversión mínima anual necesaria para cubrir esa depreciación asciende a 12.000 millones, mientras que el mantenimiento efectivo entre 2018 y 2024 se ha quedado en unos 10.500 millones anuales.
Este desfase ya se refleja en el stock de capital. Su valor ha pasado de unos 481.000 millones de euros en su máximo a cerca de 469.000 millones en 2024. Si en 2013 equivalía al 44,3 % del PIB, en 2024 se sitúa en el 34,6 %, lo que evidencia una pérdida de peso de las infraestructuras en la economía.
Desplome de gasto
El informe distingue dos etapas. Hasta 2009, España registró un ciclo expansivo, impulsado en parte por los fondos europeos, que llevó la inversión pública en infraestructuras hasta los 34.800 millones de euros. Tras la crisis financiera, el ajuste fiscal provocó un desplome del gasto que, pese a la recuperación reciente, no se ha revertido. En 2024 la inversión apenas alcanza los 13.000 millones, un 62,7 % por debajo del máximo de 2009 y aún por debajo del 1 % del PIB.
El déficit es especialmente visible en el ámbito ferroviario. El informe señala que buena parte de la inversión se ha concentrado en la alta velocidad, mientras que cercanías y red convencional –que concentran alrededor del 90 % de los pasajeros– han recibido menos recursos y presentan mayores carencias de mantenimiento. También se identifican necesidades relevantes en infraestructuras hidráulicas, carreteras y, en menor medida, en el ámbito portuario.
Por último, Fernández de Mesa defendió la necesidad de una regulación que facilite la inversión privada y respaldó la propuesta de la AIReF de establecer una regla que adapte el stock de infraestructuras al crecimiento económico y poblacional.
